La CNE estudia sanciones muy graves para el sector gasista por el cobro de un canon

El consejo de la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE) estudia abrir un expediente sancionador a una veintena de empresas distribuidoras de gas por "infracci¨®n muy grave" de la Ley del Sector de Hidrocarburos, relacionada con la vulneraci¨®n del principio de separaci¨®n de actividades en el cobro del canon por el uso de las instalaciones receptoras comunitarias (IRC).

Seg¨²n consta en el expediente informativo abierto al respecto, de momento el consejo de la CNE ha realizado una consulta a la Abogac¨ªa general del Estado para que estudie la proporcionalidad de las posibles sanciones, que ascender¨ªan a 601.000 euros para cada una de las compa?¨ªas (la gran mayor¨ªa, filiales de grupos mayores como Gas Natural o Naturcorp).

Asimismo, y al detectar indicios de pr¨¢cticas anticompetitivas por parte de algunas de las empresas, el ¨®rgano regulador ha remitido el expediente tanto al Servicio de Defensa de la Competencia como al Instituto Nacional de Consumo para que analicen el caso y adopten las medidas oportunas.

Divisi¨®n en el organismo

No obstante, la aprobaci¨®n del expediente informativo ha estado muy re?ida en el seno de la CNE, al contar con el voto favorable de cuatro consejeros, la oposici¨®n de otros cuatro y la abstenci¨®n de un noveno. Fuentes del sector se?alaron que el empate se resolvi¨® con el voto de calidad del presidente, Pedro Mero?o, en favor del documento.

Los votos discrepantes corresponden al vicepresidente del regulador, Fernando Marti, y al consejero Javier Pe¨®n (ambos vinculados al PP), as¨ª como a los dos consejeros cercanos a CiU, Jordi Dolader y Sebasti¨¤ Ruscadella.

En general, sus votos particulares cuestionan una interpretaci¨®n excesiva de la Ley de Hidrocarburos y advierten del peligro que las conclusiones del Informe suponen para el desarrollo de la gasificaci¨®n en Espa?a.

Origen de la pol¨¦mica

El expediente informativo aprobado por la mayor¨ªa del consejo de la CNE concluye que el cobro de un canon por el uso de IRC por parte de las distribuidoras de gas supone vulnerar el principio de separaci¨®n entre actividades reguladas (como la distribuci¨®n) y no reguladas.

A juicio de la CNE, la cesi¨®n de las instalaciones receptoras comunitarias (es de decir, la conexi¨®n desde la red general del gas al domicilio del usuario) mediante el pago de un canon o alquiler forma parte de las actividades liberalizadas, por lo que no puede ser desarrollado directamente por las distribuidoras. El regulador considera que las IRC deber¨ªan ser desarrollados por las empresas instaladoras y que las conexiones tendr¨ªan que ser propiedad de las comunidades de vecinos.

En este sentido, recuerda que el objetivo ¨²ltimo de la separaci¨®n de actividades es el de garantizar la neutralidad del servicio regulado como un medio para vencer la concentraci¨®n vertical de los sectores, evitar discriminaciones, subvenciones cruzadas y falseamientos de la libre competencia.