El Constitucional ampara a una comunidad de vecinos frente a la promotora

Demasiado bonito para ser cierto. Los 190 vecinos del edificio Am¨¦rica Plaza de M¨¢laga, situado a escasos metros de la estaci¨®n de autobuses y del AVE, han visto en cuesti¨®n de ocho a?os c¨®mo aquel local tan amplio que la promotora Prasa les vendi¨® como zona com¨²n se ha convertido en una treintena de trasteros.

Los vecinos -enfrascados en un pleito que durar¨¢ como m¨ªnimo dos a?os m¨¢s- han conseguido que el Tribunal Constitucional (TC) diga que ten¨ªan raz¨®n cuando pidieron que se paralizaran las obras de los trasteros. Con todo, la comunidad todav¨ªa est¨¢ pendiente de que el Supremo decida sobre un recurso de casaci¨®n interpuesto por Prasa sobre la cuesti¨®n de fondo: si ten¨ªa o no facultad para construir esos trasteros y venderlos.

Tanto la promotora como la defensa de la comunidad de propietarios Plaza Am¨¦rica inciden en que el procedimiento est¨¢ en curso y nadie tiene la raz¨®n de forma definitiva. "Se han estimado las reclamaciones por el tema de los trasteros y el cambio de fachada, algo que est¨¢ recurrido, pero tambi¨¦n se han rechazado otras peticiones como las relativas al cambio de soler¨ªa y puertas", explica un portavoz de Prasa.

La empresa atribuye la demanda a un "desencuentro entre dos partes, nada at¨ªpico en el sector inmobiliario" y asegura que las cantidades de indemnizaci¨®n est¨¢n debidamente consignadas en el juzgado.

La sentencia del Constitucional, del 2 de diciembre, publicada la semana pasada, anula un auto que la Audiencia de M¨¢laga dict¨® en marzo de 2005. En ¨¦l rehusaba paralizar la construcci¨®n de los trasteros como medida cautelar y devolv¨ªa las actuaciones al punto en el que se encontraban ese a?o.

Zona com¨²n

Seg¨²n la sentencia, la promotora hab¨ªa incrementado la superficie de trasteros en la misma proporci¨®n que mengu¨® una zona com¨²n, destinada a almac¨¦n y cuarto de instalaciones.

Los vecinos ped¨ªan que se paralizaran las obras para evitar que la zona se dividiera en fincas independientes y se hiciera una nueva divisi¨®n horizontal "con el consiguiente riesgo de imposibilidad de restaurar los derechos de la comunidad de propietarios si tales fincas (trasteros) como efectivamente ocurri¨®, eran vendidas a terceros de buena fe, torn¨¢ndose irreivindicables".

Si el fiscal y la Audiencia hubieran accedido a la petici¨®n, los trasteros no estar¨ªan terminados. La situaci¨®n actual hace muy dif¨ªcil que puedan recuperar esa superficie, aunque tienen la posibilidad de recibir el valor que ten¨ªan las zonas comunes en su d¨ªa. "Si ganan en el Tribunal Supremo, lo m¨¢ximo que obtendr¨ªan ser¨ªan la equivalencia al dinero que valen los trasteros", se?ala la defensa de los vecinos.

"Este tipo de pleitos suele durar entre 15 y 20 a?os", explica la abogada experta en derecho urban¨ªstico Inmaculada G¨¢lvez. Son m¨¢s frecuentes de lo que parece y est¨¢n llenos de sinsabores. "Los clientes discuten mucho los honorarios y no suele compensarles", a?ade.

La opini¨®n de G¨¢lvez concuerda con el sentir de los afectados del edificio Plaza Am¨¦rica. "Hemos perdido una barbaridad de dinero, s¨®lo el estudio del arquitecto nos cost¨® 42.000 euros y los ¨²ltimos juicios se han llevado otros 27.000 euros", asegura Carlos, un propietario que pide que no se le identifique.

Quince a?os de litigio

"Nos ense?aron un plano en el que hab¨ªa un espacio muy grande y nos dijeron que ser¨ªa para hacer un local de uso comunitario, pero despu¨¦s hicieron un pasaje y comenzaron los trasteros", se queja Mar¨ªa Jos¨¦ Frapolli, que ya tiene experiencia en pleitos con promotoras. Hace 15 a?os denunci¨® a la constructora de su primera vivienda, tambi¨¦n en la capital malague?a, por vender m¨¢s aparcamientos de la cuenta y hacerlos m¨¢s peque?os para salvar el expediente. El caso todav¨ªa no se ha cerrado.

Varios due?os coinciden en que los pisos no estaban bien terminados. "No se cumpli¨® la memoria de calidades, la fachada deb¨ªa ser de m¨¢rmol y no de piedra, la insonorizaci¨®n de las viviendas no est¨¢ bien hecha y los ascensores no funcionaban", comentan.

"Cuando una persona compra, aunque sea mediante contrato privado, no pueden modificarle la divisi¨®n horizontal sin el consentimiento de todos los propietarios", afirma la abogada G¨¢lvez. "Hay que tener cuidado porque algunos promotores se reservan el derecho en el contrato. Con todo, no tienen nada que hacer en un juzgado".

La abogada tiene abierto un procedimiento similar contra la promotora ?vila Rojas, propiedad de uno de los implicados en el caso de corrupci¨®n urban¨ªstica destapado hace m¨¢s de dos a?os en Marbella. Afecta a la comunidad de propietarios de la urbanizaci¨®n Alvarito Playa, que reclama que se haya construido trasteros en una zona comunitaria.

Tambi¨¦n en Marbella, al menos tres due?os de apartamentos del hotel Guadalp¨ªn denunciaron a la promotora Aifos por venderles habitaciones de hotel como si fueran viviendas a pesar de tener constancia, incluso antes de construir el hotel, de que esta f¨®rmula contraviene la legislaci¨®n.

"La verdadera intenci¨®n de la promotora y constructora es la de no entregar las zonas comunes, que s¨ª ofrec¨ªan como copropiedad de las fincas", recoge la denuncia. "Lo que nos vendieron como zonas de lectura de la primera planta se ha convertido en unas oficinas a su nombre que est¨¢n alquilando", relata uno de los denunciantes.