La Fiscal¨ªa pedir¨¢ penas de hasta ocho a?os de c¨¢rcel para los controladores
Los primeros trabajadores en pasar ante la Justicia se acogen a su derecho a no declarar.- Zapatero adelanta que hay recursos en el C¨®digo Penal Civil para procesar al colectivo incluso antes de la militarizaci¨®n
Una vez normalizada la situaci¨®n en los cielos y los aeropuertos espa?oles, ha llegado la hora de depurar responsabilidades y castigar a los posibles responsables del caos a¨¦reo del viernes del viernes provocado por la ausencia masiva de los controladores de sus puestos. Contra ellos, el fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, ha adelantado que el Ministerio Fiscal pedir¨¢ penas de hasta ocho a?os de c¨¢rcel por un presunto delito de sedici¨®n. En su opini¨®n, la situaci¨®n es similar al supuesto abandono de un hospital por parte de todos los m¨¦dicos, dejando tirados a los enfermos, y la ley califica ese hecho "como delito de sedici¨®n".
Las declaraciones de Conde-Pumpido desde Zaragoza, donde asiste a una reuni¨®n con los responsables de las Fiscales auton¨®micas para fijar una postura conjunta ante los 20 procesos abiertos en toda Espa?a por este motivo, han coincidido con el inicio de las comparecencias de los controladores ante la Justicia ordinaria. Solo en Madrid, la fiscal¨ªa tiene un listado de 175 controladores para llamar a declarar por abandonar su puesto. El objetivo de las comparecencias es averiguar las causas de la dejaci¨®n en sus funciones "dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Tras evaluar los motivos, el Ministerio P¨²blico ha anunciado que adoptar¨¢ las medidas que estime "procedentes con el rigor y la proporcionalidad adecuados a las conductas desplegadas y al gran n¨²mero de ciudadanos perjudicados en sus derechos".
El sindicato USCA recurre ante el Supremo los decretos de militarizaci¨®n y el del estado de alarma
Los primeros controladores en comparecer ante la fiscal¨ªa han sido los estaban reunidos en el hotel Auditorium
Sin embargo, los 12 primeros en pasar por dependencias judiciales hoy se han negado a prestar declaraci¨®n acogi¨¦ndose a su derecho a no declarar. Seg¨²n fuentes de la fiscal¨ªa han argumentado que la competencia recae sobre la jurisdicci¨®n militar, dado el decreto de alarma que les somete bajo el control del Ej¨¦rcito, y no a la civil. La fiscal¨ªa tiene citados ma?ana viernes a otros seis controladores y ocho el lunes. Si se aprecia que hay una consigna para negarse a declarar, se plantear¨¢ no llamar al resto, seg¨²n informa Lara Otero. Estos operadores son los que la polic¨ªa identific¨® el viernes por haber abandonado su lugar de trabajo y que se hab¨ªan reunido en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.
"Resortes suficientes" para actuar por lo civil
En cualquier caso, el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, ha revelado hoy en el Congreso, donde ha comparecido para explicar el estado de alarma, que adem¨¢s de las v¨ªas abiertas para procesar a los controladores tras decretar su militarizaci¨®n, existen argumentos y recursos para actuar por lo penal contra ellos por su actuaci¨®n previa a la orden que les puso bajo control del Ej¨¦rcito y la que impuso el el Estado de Alarma. Tras esta decisi¨®n, los controladores pasan a ser movilizados, por lo que podr¨ªan haber incurrido en un delito de "sedici¨®n" previsto en el C¨®digo Penal Militar.
Seg¨²n ha se?alado el jefe del Ejecutivo, la ley "ofrece resortes suficientes para sancionar penalmente las conductas producidas estos d¨ªas". As¨ª, ha detallado que se aplicar¨¢ el C¨®digo Penal Militar a los hechos producidos tras la militarizaci¨®n de las torres, y el Civil y la Ley de Navegaci¨®n A¨¦rea a los incumplimientos producidos antes de ese momento. Previas a estas actuaciones, el ente p¨²blico ha abierto expediente a 442 trabajadores por lo sucedido. Seg¨²n ha resumido Zapatero, la actitud de los controladores "obstaculizaba el ejercicio del derecho de libre circulaci¨®n reconocido a todos los ciudadanos, con las muy variadas consecuencias de orden personal que ese impedimento lleva aparejadas".
"Premeditado", "concertado" y "colectivo"
A favor de esta tesis, el fiscal general ha advertido de que el conflicto no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave da?o para los ciudadanos y para Espa?a. Seg¨²n ha defendido, el Gobierno tiene ahora la doble obligaci¨®n de "impulsar la depuraci¨®n de responsabilidades" y "facilitar el resarcimiento de los da?os y perjuicios irrogados", sin descartar posibles sanciones penales. De hecho, ha a?adido que la ley, en concreto la Ley Penal de Navegaci¨®n A¨¦rea de 1964, prev¨¦ sanciones para todos los que han participado en el abandono de los aeropuertos ya que todos ellos "han cometido un hecho delictivo", aunque las sanciones ser¨¢n l¨®gicamente mayor para los dirigentes.
Desde el lado de los controladores, los dos portavoces del sindicato USCA han acudido esta ma?ana a la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para hacer declaraciones a t¨ªtulo particular (ante un centenar de informadores), ya que est¨¢n militarizados. C¨¦sar Cabo ha asegurado que la responsabilidad de lo ocurrido el viernes es compartida entre los controladores que abandonaron sus puestos y AENA, que cerr¨® el espacio a¨¦reo. Cabo ha a?adido que se pod¨ªa haber seguido volando con el n¨²mero de controladores que hab¨ªa, aunque con dificultades. En su opini¨®n, no era necesario cerrar todo el espacio a¨¦reo espa?ol, seg¨²n informa Lara Otero.
Daniel Zamit ha explicado que se han presentado recursos ante el Tribunal Supremo contra los dos decretos que ordenaron por un lado la militarizaci¨®n del espacio a¨¦reo (el viernes) y la declaraci¨®n de estado de alarma con la militarizaci¨®n de los controladores (el s¨¢bado). Zamit ha a?adido que, al impedir la legislaci¨®n militar la existencia de sindicatos en ese ¨¢mbito, lo que reclaman al Supremo es que certifique que se ha tomado la decisi¨®n de recurrir ambos decretos para que la traslade a la autoridad militar competente.
Los sindicatos llaman a la movilizaci¨®n permanente contra la privatizaci¨®n de AENA y amenazan con una huelga
Los sindicatos CC OO, UGT y USO en Aeropuertos Espa?oles y Navegaci¨®n A¨¦rea (AENA), han decidido llamar a la "movilizaci¨®n permanente" de todos los trabajadores de los aeropuertos, centros de control y servicios centrales en contra de la privatizaci¨®n del 49% del gestor aeroportuario.
Fuentes de UGT han concretado que si no hay una respuesta positiva por parte del Gobierno, que ya les ha citado esta tarde a una reuni¨®n de ¨²ltima hora, y ¨¦ste no responde a sus demandas, "es probable con toda certeza" que se convoque una huelga para primeros de a?o.
Entre estas movilizaciones, detallaron que se celebrar¨¢n asambleas en todas las dependencias a partir del lunes y concentraciones de media hora en los aeropuertos principales de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
Desde UGT insistieron en que en el caso de que se lleven estas medidas a cabo, se intentar¨¢ "minimizar" lo m¨¢s posible el impacto sobre sus usuarios, tras el reciente caos sufrido en los aeropuertos por el abandono de los puestos de trabajo por parte de los controladores.
Los distintos tipos de procesos abiertos contra los controladores:
- Expedientes disciplinarios de AENA: El gestor aeroportuario ha abierto 442 expedientes disciplinarios a los controladores que faltaron a sus puestos el viernes alegando indisposici¨®n. Este proceso entra dentro del ¨¢mbito laboral y puede acarrear sanciones administrativas. Seg¨²n ha anunciado el ministro de Fomento, Jos¨¦ Blanco, se estudiar¨¢ cada caso y se prev¨¦ que a algunos se les aparte de forma definitiva de su puesto, a otros se les suspenda de empleo y sueldo y que haya tambi¨¦n expulsiones definitivas, entre otras medidas.
- Expedientes de la Agencia Espa?ola de Seguridad A¨¦rea: La AESA tambi¨¦n ha abierto actuaciones contra el colectivo por presuntas infracciones de la ley de seguridad a¨¦rea.
- Actuaciones de la Fiscal¨ªa por el C¨®digo Penal Civil: Las distintas fiscal¨ªas auton¨®micas han abierto hasta el momento 20 procesos de diligencias que implican a m¨¢s de 400 profesionales por lo sucedido en los aeropuertos. Seg¨²n los indicios que maneja el Ministerio P¨²blico, los controladores afrontan delitos "muy graves" de sedici¨®n previstos en la Ley de Navegaci¨®n A¨¦rea de 1964. Su art¨ªculo 20 castiga con hasta seis a?os de prisi¨®n a "los miembros de la tripulaci¨®n de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en n¨²mero suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta". Este ser¨ªa el castigo contemplado por el ministerio p¨²blico para los controladores que abandonaron su puesto hasta la una de la tarde del s¨¢bado, cuando el decreto de estado de alarma se public¨® en el BOE.
El delito de desobediencia grave que contiene el C¨®digo Penal Civil (el que se aplica a cualquier ciudadano), prev¨¦ un castigo de entre seis meses y un a?o de c¨¢rcel que, en caso de que su autor no tuviera antecedentes -como es m¨¢s que previsible en el caso de los huelguistas- no implicar¨ªa en ning¨²n caso el ingreso en prisi¨®n.
- Actuaciones de la Fiscal¨ªa por el C¨®digo Penal Militar: Junto a las diligencias abiertas por lo sucedido entre la tarde del viernes y el s¨¢bado por la ma?ana que puedan ser sancionables por lo civil, la Fiscal¨ªa tambi¨¦n est¨¢ estudiando si los controladores podr¨ªan haber cometido un delito de desobediencia y otro de sedici¨®n a partir de las 13.00 del s¨¢bado, cuando se decret¨® el estado de alarma tras la militarizaci¨®n de las torres de control, con lo que los operadores pasaban a estar movilizados y bajo jurisprudencia militar.
El delito de sedici¨®n est¨¢ recogido en el art¨ªculo 91del C¨®digo Penal Militar y prev¨¦ que "los militares que, mediante concierto expreso o t¨¢cito, en n¨²mero de cuatro o m¨¢s o que, sin llegar a este n¨²mero, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotaci¨®n o tripulaci¨®n, rehusar en obedecer las ¨®rdenes leg¨ªtimas recibidas, incumplieren los dem¨¢s deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, ser¨¢n castigados con la pena de uno a diez a?os de prisi¨®n, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a 15 cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedici¨®n y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".
El delito de desobediencia est¨¢ recogido en el art¨ªculo 102 del C¨®digo Penal Militar y prev¨¦ penas de hasta seis a?os de c¨¢rcel.
- Actuaciones particulares: Junto a estas iniciativas, est¨¢ por ver el n¨²mero de denuncias que finalmente presentan los particulares, tanto a t¨ªtulo individual o como colectivo, en los diferentes juzgados espa?oles por, mayoritariamente, da?os y perjuicios.
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