Chaparr¨®n de cr¨ªticas al Gobierno por su falta de pol¨ªticas de empleo

La Comisi¨®n de Bienestar, Familia e Inmigraci¨®n del Parlament de esta ma?ana se ha convertido en un aluvi¨®n de cr¨ªticas al Gobierno catal¨¢n por su poca iniciativa en el fomento de pol¨ªticas de empleo. La comisi¨®n se ha dedicado ¨ªntegramente a la crisis que el pasado agosto provoc¨® el cambio por sorpresa en el pago de la Renta M¨ªnima de Inserci¨®n (RMI). Sus 31.000 perceptores recibieron un cheque al portador y no la habitual transferencia, lo que dej¨® a miles de familias sin esta ayuda de 426 euros. 6.000 personas no la cobraron y todav¨ªa hoy quedan 2.900 expedientes por "verificar", ha dicho el director general de Econom¨ªa Social y Cooperativas y , Xavier L¨®pez Garc¨ªa. La Generalitat sigue sin aclarar -esta ma?ana tampoco, para desespero de los diputados del PSC, ICV y ERC- si lo hizo para que afloraran casos de fraude o en el marco de los recortes del gasto p¨²blico. Adem¨¢s, ha endurecido el acceso a la RMI mediante un decreto que sindicatos y trabajadores sociales han pedido que quede sin efecto y se vuelva a revisar pero desde el consenso.

Mientras, sindicatos, entidades sociales, vecinos, trabajadores sociales, oposici¨®n e incluso la patronal han clamado que, si el actual Gobierno no es partidario de subsidiar y defiende el esp¨ªritu inicial de la RMI, con itinerarios personalizados de inserci¨®n, impulse verdaderamente los planes de empleo. "Si lo que quieren es que las personas no tengan que hacer uso de las ayudas sociales, lo que tienen que hacer es poner en marcha planes de ocupaci¨®n, es lo que se ha hecho en crisis anteriores", ha manifestado la presidenta de la Asociaci¨®n para la Promoci¨®n y la Inserci¨®n Profesional, Montserrat Font. "En la d¨¦cada de 1980 los servicios sociales tambi¨¦n eran generadores de ocupaci¨®n", ha recordado.

Con 600.000 personas en paro (161.000 sin ingresos porque han acabado el subsidio de desempleo) y una tasa de paro juvenil del 40%, Font ha descrito la situaci¨®n alarmante que afrontan las entidades: "Estamos ante un modelo desconocido, estamos desbordados, no entendemos nada y las soluciones no est¨¢n en nuestras manos, solo sabemos que no podemos dejar a esta gente sola". Incluso la diputada del PP, Marisa Xandri, qui¨¦n m¨¢s se ha referido a la existencia de fraude, ha reprochado la falta de pol¨ªticas de empleo. "No habr¨ªa que empezar por programas para crear empleo?", pregunt¨®.

Los sindicatos CC OO y UGT han incidido especialmente en la necesidad de impulsar planes de empleo. Pero tambi¨¦n han advertido de que la crisis es de tal calibre que el paro tambi¨¦n golpea a perfiles de alta formaci¨®n. "Se puede mejorar el empleo, pero hay gente que no lo necesita, simplemente no hay trabajo para ella y necesita ayuda. Dudo que nadie aspire a vivir con 400 euros al mes", ha clamado Raquel Gil, de UGT.

En agosto, han explicado los asistentes sociales, la crisis social fue de tal magnitud que algunos ayuntamientos tuvieron que contratar agentes de seguridad privada en los accesos de las oficinas de bienestar social, ha explicado la decana de los Trabajadores Sociales, N¨²ria Carrera. Todos los comparecientes han criticado que no se les avisara de los cambios en la forma de paro, as¨ª como de que el Gobierno de CiU no haya convocado ni una vez la comisi¨®n de seguimiento de la Renta M¨ªnima.

El drama de los desahucios tambi¨¦n ha irrumpido en la comparecencia, en la que la coordinadora de servicios sociales b¨¢sicos del colegio de Trabajadores Sociales, Merc¨¨ Ginesta, ha asegurado que "se multiplicar¨¢n" y dar¨¢ lugar "a un enorme contingente de familias sin salida". Respecto al fraude, Ginesta y otros comparecientes han subrayado que se trata de una "excusa" del gobierno y que "contribuye a criminalizar a los pobres". "Se ha extendido la idea de que los trabajadores sociales somos c¨®mplices de las situaciones de fraude, cuando en realidad somos los que las detectamos si las hay", ha dicho y ha defendido el rigor y valor del trabajo de los que est¨¢n a pie de trinchera.

Los representantes de la Generalitat, el director general y de Econom¨ªa Social y Cooperativas y la directora general del Instituto Catal¨¢n de Asistencia y Servicios Sociales, Carmela Fortuny, han repetido los argumentos del Gobierno catal¨¢n para justificar los cambios: como que la ayuda no solo se conceder¨¢ a quienes no tengan ingresos, sino a quienes corran riesgo de exclusi¨®n, y solo para un periodo de 60 meses. Han sostenido que la RMI "hab¨ªa perdido su esp¨ªritu inicial" y han asegurado que las reformas introducidas "garantizan que los recursos van destinados a personas que m¨¢s all¨¢ de su situaci¨®n personal tienen riesgo de exclusi¨®n".