La daci¨®n en pago solo proteger¨¢ a las hipotecas m¨¢s bajas

El Gobierno presentar¨¢ hoy en el Consejo de Ministros el c¨®digo de buenas pr¨¢cticas con el que se pretende flexibilizar los embargos hipotecarios que realiza la banca.

Seg¨²n fuentes financieras, el c¨®digo establecer¨¢ que las familias que tengan una carga financiera superior al 80% de sus ingresos, se podr¨¢n acoger a las medidas de refinanciaci¨®n. Esto supone una bater¨ªa de pasos, que pasa por la reducci¨®n de la cuota, alargamiento del plazo y en el caso m¨¢s extremo, terminar¨¢ en la posibilidad de acogerse a la daci¨®n en pago. Esta figura supone que la entrega de la casa acaba con la deuda pendiente.

Otro de los aspectos relevantes es a qu¨¦ tipo de hipotecas afectar¨¢ el c¨®digo. El Gobierno, en negociaci¨®n con el sector, ha determinado que en las ciudades de m¨¢s de un mill¨®n de habitantes, se proteger¨¢ a las hipotecas inferiores a 200.000 euros. As¨ª va descendiendo en una escala hasta llegar a las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde se cubrir¨¢n los pr¨¦stamos hipotecarios inferiores a 120.000 euros. Estas escalas se han fijado teniendo en cuenta el valor de las viviendas medias de protecci¨®n oficial.

Se proteger¨¢ a las hipotecas inferiores a 200.000 euros en las ciudades grandes y de menos de 120.000 en municipios peque?os

Adem¨¢s, para que una familia se pueda acoger al c¨®digo tiene que tener todos sus miembros en paro. Tampoco pueden contar con un patrimonio (financiero, inmobiliario o de cualquier tipo), con el que podr¨ªan hacer frente a la deuda.

Los bancos que se acojan voluntariamente a este c¨®digo, que se publicar¨¢ en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, deber¨¢n permanecer un m¨ªnimo de dos a?os. Para mayor defensa de los clientes, se ha establecido que el incumplimiento de estas normas ser¨¢n denunciables y se podr¨¢ reclamar indemnizaciones, si hubiera lugar a ellas.

Las entidades financieras temen que el 'efecto llamada' haga que clientes que podr¨ªan pagar y dejen de hacerlo

El sector financiero ha vivido con inquietud la redacci¨®n de este c¨®digo. Algunas entidades creen que ¡°el Ministerio de Econom¨ªa quiere transmitirlo a la sociedad como una acci¨®n social¡±. La banca, con el apoyo del Banco de Espa?a, ha insistido en que si se establecen condiciones ¡°demasiado protectoras, el resultado ser¨¢ que se eleven mucho los m¨¢rgenes actuales de los pr¨¦stamos y lo pagar¨¢n todos los clientes¡±, amenaza.

Otro de los riesgos que destacan es que puede provocar el ¡°efecto llamada¡±. Esto es que clientes que podr¨ªan pagar dejen de hacerlo al conocer las condiciones ventajosas. Alguna entidad comenta que hay familias que prefieren mantenerse en la vivienda, una vez que dejan de pagar el cr¨¦dito, porque saben que se tarda dos a?os de media en producir el desalojo. Desde las asociaciones en defensa de los afectados por la hipoteca se rechaza estos planteamientos. Ellos destacan que las familias que est¨¢n en estos casos llegan despu¨¦s de situaciones personales muy dif¨ªciles ¡°y se enfrentan a bancos con escasa capacidad de flexibilizar los pagos¡±.

El Gobierno presenta este viernes en el Consejo de Ministros el c¨®digo de buenas pr¨¢cticas con el que se pretende flexibilizar los embargos hipotecarios que realiza la banca. Seg¨²n fuentes financieras, el c¨®digo establecer¨¢ que las familias que tengan una carga financiera superior al 80% de sus ingresos, se podr¨¢n acoger a las medidas de refinanciaci¨®n. Esto supone una bater¨ªa de pasos, que pasa por la reducci¨®n de la cuota, el alargamiento del plazo y en el caso m¨¢s extremo, terminar¨¢ con la posibilidad de acogerse a la daci¨®n en pago. Esta figura supone que la entrega de la casa acaba con la deuda pendiente.

Otro de los aspectos relevantes es a qu¨¦ tipo de hipotecas afectar¨¢ el c¨®digo. El Gobierno, en negociaci¨®n con el sector, ha determinado que en las ciudades de m¨¢s de un mill¨®n de habitantes, se proteger¨¢ a las hipotecas inferiores a 200.000 euros. As¨ª va descendiendo en una escala hasta llegar a las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde se cubrir¨¢n los pr¨¦stamos hipotecarios inferiores a 120.000 euros. Estas escalas se han fijado teniendo en cuenta el valor de las viviendas medias de protecci¨®n oficial.

Adem¨¢s, para que una familia se pueda acoger al c¨®digo tiene que tener todos sus miembros en paro. Tampoco pueden contar con un patrimonio (financiero, inmobiliario o de cualquier tipo), con el que podr¨ªan hacer frente a la deuda.

Los bancos que se acojan voluntariamente a este c¨®digo, que se publicar¨¢ en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, deber¨¢n permanecer un m¨ªnimo de dos a?os. Para mayor defensa de los clientes, se ha establecido que el incumplimiento de estas normas ser¨¢n denunciables y se podr¨¢ reclamar indemnizaciones, si hubiera lugar a ellas.

El sector financiero ha vivido con inquietud la redacci¨®n de este c¨®digo. Algunas entidades creen que "el Ministerio de Econom¨ªa quieren transmitirlo a la sociedad como una acci¨®n social". La banca, con el apoyo del Banco de Espa?a, ha insistido en que si se establecen condiciones "demasiado protectoras, el resultado ser¨¢ que se eleven mucho los m¨¢rgenes actuales de los pr¨¦stamos y lo pagar¨¢n todos los clientes", amenazan.

Otro de los riesgos que destacan es que puede provocar el "efecto llamada". Esto es que clientes que podr¨ªan pagar dejen de hacerlo al conocer las condiciones ventajosas. Alguna entidad comenta que hay familias que prefieren mantenerse en la vivienda, una vez que dejan de pagar el cr¨¦dito, porque saben que se tarda dos a?os de media en producir el desalojo. Desde las asociaciones en defensa de los afectados por la hipoteca se rechaza estos planteamientos. Ellos destacan que las familias que est¨¢n en estos casos llegan despu¨¦s de situaciones personales muy dif¨ªciles "y se enfrentan a bancos con escasa capacidad de flexibilizar los pagos".