Br¨¦col y mala fe

Nadie sabe lo que decidir¨¢ el Tribunal Supremo de Estados Unidos en relaci¨®n con la ley de reforma sanitaria de Barak Obama. Pero tras las vistas de esta semana parece bastante posible que el tribunal revoque el llamado mandato¡ªla obligatoriedad de que los individuos contraten un seguro sanitario¡ª, y puede que la ley en su totalidad. La supresi¨®n del mandato har¨ªa la ley mucho menos factible, mientras que revocarla por entero equivaldr¨ªa a negar la cobertura sanitaria a 30 millones de estadounidenses o m¨¢s.

?Dado lo que est¨¢ en juego, uno podr¨ªa haber esperado que todos los miembros del tribunal tuviesen mucho cuidado al hablar tanto de la realidad de la asistencia sanitaria como de los antecedentes legales. Sin embargo, el hecho es que el segundo d¨ªa de vistas indic¨® que los jueces m¨¢s hostiles a la ley no comprenden, o prefieren no comprender, c¨®mo funcionan los seguros. Y el tercer d¨ªa fue, en cierto sentido, todav¨ªa peor, ya que los jueces contrarios a la reforma parec¨ªan aceptar cualquier argumento, por endeble que fuese, que pudiesen utilizar para acabar con la reforma.

Empecemos con la ya famosa intervenci¨®n en la que el juez Antonin Scalia comparaba la contrataci¨®n de un seguro sanitario con la compra de br¨¦col, dando a entender que si el Gobierno puede obligarnos a hacer lo primero, tambi¨¦n puede obligarnos a hacer lo segundo. Esa comparaci¨®n horroriz¨® a los expertos en asistencia sanitaria de todo Estados Unidos, porque los seguros sanitarios no se parecen en nada al br¨¦col.

?Por qu¨¦? Cuando la gente decide no comprar br¨¦col, no hace que el br¨¦col deje de estar al alcance de aquellos que lo quieren. Pero cuando la gente no contrata un seguro sanitario hasta que enferma ¡ªque es lo que pasa cuando no existe un mandato¡ª, el consiguiente empeoramiento del fondo contra riesgos hace que los seguros sean m¨¢s caros, y a menudo inasequibles, para el resto de la gente. Como consecuencia, los seguros sanitarios no regulados b¨¢sicamente no funcionan, y nunca lo han hecho.

La capacidad del Tribunal Supremo para estar por encima de la pol¨ªtica est¨¢ a punto de sufrir otro golpe

Hay al menos dos formas de hacer frente a esta realidad (que, por cierto, es en gran medida un proceso que entra?a comercio interestatal y, por tanto, es un problema que ata?e a las autoridades federales). Una es gravar a todo el mundo ¡ªsanos y enfermos por igual¡ª y utilizar el dinero recaudado para proporcionar cobertura sanitaria. Eso es lo que hacen Medicare y Medicaid. La otra es exigir que todo el mundo contrate un seguro, a la vez que se ayuda a aquellos para los que esto supone una dificultad econ¨®mica.

?Son estos planteamientos diferentes en el fondo? ?Exigir que los ciudadanos paguen un impuesto que financie la cobertura sanitaria est¨¢ bien, pero exigir que contraten un seguro sanitario es inconstitucional? Resulta dif¨ªcil ver la raz¨®n (y no somos solo los que no tenemos formaci¨®n en temas legales los que consideramos extra?a esa distinci¨®n). Esto es lo que dec¨ªa Charles Fried ¡ªque fue subsecretario de Justicia de Ronald Reagan¡ª en una entrevista reciente con The Washington Post: ¡°Nunca he entendido por qu¨¦ establecer una norma que obligue a las personas a comprar algo es por alguna raz¨®n m¨¢s doloroso que establecer una norma que les obligue a pagar impuestos para luego d¨¢rselo¡±.

De hecho, a los conservadores sol¨ªa gustarles la idea de las compras obligatorias como una alternativa a los impuestos, que es la raz¨®n por la que la idea del mandato fue inicialmente propuesta no por los liberales, sino por la ultraconservadora Fundaci¨®n Heritage. (Por cierto, otro proyecto predilecto de los conservadores ¡ªlas cuentas privadas como sustitutas de la Seguridad Social¡ª depende de, s¨ª, las contribuciones obligatorias de los individuos).

De modo que ?ha habido aqu¨ª un cambio real en el pensamiento legal? Fried opina que no es m¨¢s que pol¨ªtica (y otros debates durante las vistas respaldan fuertemente esa percepci¨®n).

En concreto, me llam¨® la atenci¨®n la discusi¨®n sobre si exigir que los Gobiernos estatales participen en la ampliaci¨®n de Medicaid ¡ªuna ampliaci¨®n, por cierto, por la que solo pagar¨ªan una peque?a parte del coste total¡ª constitu¨ªa una coacci¨®n inaceptable. Uno habr¨ªa pensado que esta afirmaci¨®n era manifiestamente absurda. Despu¨¦s de todo, los Estados son libres de descolgarse de Medicaid si as¨ª lo deciden; el poder de coacci¨®n de Medicaid proviene solo del hecho de que el Gobierno federal ofrece subvenciones a los Estados que est¨¢n dispuestos a seguir las directrices del programa. Si ustedes se ofrecen a darme un mont¨®n de dinero, pero solo si llevo a cabo ciertas tareas, ?es servidumbre?

Sin embargo, varios de los jueces conservadores parec¨ªan defender la premisa de que la ampliaci¨®n de un programa con financiaci¨®n federal en el que los Estados deciden participar porque reciben ayuda federal representa un abuso de poder, simplemente porque los Estados se han vuelto dependientes de esa ayuda. A la juez Sonia Sotomayor le dej¨® at¨®nita esta afirmaci¨®n: ¡°Vamos a decirle al Gobierno federal que, cuanto mayor es el problema, menor es su poder. Porque una vez que entrega todo ese dinero, no puede estructurar el programa como le venga en gana¡±. Y la juez ten¨ªa raz¨®n: es una afirmaci¨®n que no tiene ning¨²n sentido (a menos que el objetivo sea destruir la reforma sanitaria usando cualquier argumento al alcance de la mano).

Como he dicho, no sabemos c¨®mo evolucionar¨¢ esto. Pero es dif¨ªcil no tener una sensaci¨®n de aprensi¨®n y preocuparse por el hecho de que la ya gravemente da?ada fe del pa¨ªs en la capacidad del Tribunal Supremo para estar por encima de la pol¨ªtica est¨¦ a punto de sufrir otro duro golpe.

Paul Krugman es profesor de Econom¨ªa de Princeton y premio Nobel 2008.

Traducci¨®n de News Clips.