La OCDE afea a Espa?a sus fallos al investigar sobornos en el extranjero
En trece a?os no se ha abierto ning¨²n proceso por cohecho a funcionarios en el exterior La organizaci¨®n internacional pide unificar criterios y facilitar la investigaci¨®n de casos Un informe indica la "preocupaci¨®n" por la falta de investigaci¨®n de los delitos contables
La Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE) ha publicado un devastador informe en el que reprocha la falta de compromiso de Espa?a con la Convenci¨®n para la Lucha contra los Sobornos en Pa¨ªses Extranjeros, que firm¨® en 1997. El documento indica que de las 23 recomendaciones hechas durante la ¨²ltima inspecci¨®n de la organizaci¨®n internacional, realizada en 2009, solo se han puesto en pr¨¢ctica "satisfactoriamente" cuatro, mientras que m¨¢s de la mitad (14 en total) se consideran "no implementadas". Sobre todo, la OCDE se declara "seriamente alarmada" por la falta de efectividad de la Justicia espa?ola a la hora de perseguir el cohecho de los funcionarios extranjeros.
Desde que en 2000 se incluyese por primera vez el delito de cohecho a funcionarios extranjeros en el C¨®digo Penal, los tribunales han archivado las siete investigaciones realizadas, un n¨²mero "bajo" para el tama?o de la econom¨ªa espa?ola y su proyecci¨®n internacional, especialmente en pa¨ªses "de alto riesgo" y en sectores propensos a la corrupci¨®n en los contratos, como la industria de defensa. La organizaci¨®n tambi¨¦n se?ala la "falta de datos" acerca de la persecuci¨®n "efectiva" de los delitos contables y, seg¨²n el informe, teme que la amnist¨ªa fiscal aprobada por el Gobierno el pasado marzo pueda poner en riesgo las investigaciones de la Fiscal¨ªa.
De los siete grandes bloques en los que se reparten las recomendaciones hechas en 2009, la OCDE no registra ning¨²n avance en tres de ellos: la definici¨®n del delito de soborno, el r¨¦gimen de sanciones a aplicar y las responsabilidades penales de las personas jur¨ªdicas. En especial, la organizaci¨®n internacional se?ala como problemas la exenci¨®n de responsabilidad penal de las empresas p¨²blicas, las diferentes penas que recibe el cohecho dependiendo de si el funcionario acusado es ciudadano de la UE o no, la rapidez con que siguen prescribiendo ciertos delitos de cohecho o la falta de penas m¨¢s duras para los sobornadores, incluida la confiscaci¨®n de bienes.
En los otros bloques, el ¨²nico donde el avance ha sido plenamente satisfactorio ha sido en la prohibici¨®n expl¨ªcita de que los sobornos desgraven, aunque la organizaci¨®n insiste en que las Haciendas forales (las del Pa¨ªs Vasco y Navarra) llevan retraso en ese aspecto.
La organizaci¨®n se dice "preocupada" acerca de la "falta de datos" sobre la persecuci¨®n de los delitos contables, aunque aplaude los progresos hechos por la legislaci¨®n espa?ola en ese sector, especialmente en el ¨¢mbito de las auditor¨ªas. La OCDE recomienda asegurar que las penas por esta clase de delitos "tanto a personas f¨ªsicas como a jur¨ªdicas" sean "efectivas, proporcionadas y disuasorias".
La organizaci¨®n tambi¨¦n se?ala su "significativa preocupaci¨®n" por el potencial de la amnist¨ªa fiscal, aprobada el pasado mes de marzo por el Gobierno, de "impedir la efectiva detecci¨®n y denuncia de posibles sobornos en el extranjero por parte de los inspectores de Hacienda". Aunque admite que las iniciativas antifraude que complementan a la amnist¨ªa son "alentadoras", el informe emplaza a seguir investigando los efectos que pueda tener sobre la prevenci¨®n de esta clase de delitos.
Entre las 30 recomendaciones hechas a Espa?a en este nuevo informe, destacan la petici¨®n de simplificar la legislaci¨®n, facilitar la investigaci¨®n y endurecer las penas por soborno a funcionarios en el extranjero, incluyendo la confiscaci¨®n de bienes de las personas jur¨ªdicas; enmendar el C¨®digo Penal para que las empresas p¨²blicas tambi¨¦n puedan ser responsables penalmente, asegurar una mayor coordinaci¨®n entre la Fiscal¨ªa y las administraciones tributarias, y fomentar y proteger las denuncias hechas por particulares, tanto en el sector p¨²blico como en el privado.
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