Agricultura y Econom¨ªa, enfrentados por la Ley de la Cadena Alimentaria

Los ministerios de Agricultura y Econom¨ªa mantienen posiciones enfrentadas sobre el contenido del anteproyecto de Ley para la mejora de la cadena alimentaria, presentado ante el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre. El departamento encabezado por Miguel Arias Ca?ete ha recibido un varapalo de la Comisi¨®n Nacional de la Competencia, que en un informe publicado el pasado d¨ªa 8 dud¨® de la oportunidad de la ley y cuestion¨® en profundidad los aspectos m¨¢s importantes de su contenido, como las pr¨¢cticas abusivas de la gran distribuci¨®n as¨ª como la capacidad del r¨¦gimen de infracciones y sanciones de generar inseguridad jur¨ªdica. Para la CNC, esos aspectos deben eliminarse de la ley, m¨¢s a¨²n cuando hoy ya existen mecanismos para evitar ese tipo de pr¨¢cticas.

Para Agricultura, que se ha manifestado en el seno del Comit¨¦ Asesor Agrario, la CNC se ha extralimitado en sus competencias en un informe que, considera, carece de valor y que no es vinculante. Por este motivo, el Ministerio seguir¨¢ defendiendo, con algunos retoques, su proyecto de ley, que se pretende se apruebe por el Gobierno el pr¨®ximo 25 de enero para que la ley pueda estar en vigor en julio de este a?o. Las organizaciones agrarias, as¨ª como las cooperativas agroalimentarias y la Federaci¨®n de Industrias de Alimentaci¨®n y Bebidas, han denunciado que el informe de la CNC hace unas recomendaciones totalmente diferentes a las que proponen otros informes sobre los contratos de la gran distribuci¨®n y las relaciones entre fabricantes y distribuidores. Estos sectores lamentan que Competencia argumente que ya existan instrumentos para combatir las pr¨¢cticas abusivas sin haberlos usado nunca. Para las organizaciones agrarias y las industrias, la posici¨®n de la CNC va contra la filosof¨ªa de la Comisi¨®n Europea y de los puntos de vista adoptados por otros pa¨ªses miembros, y han pedido al Gobierno que siga con su tramitaci¨®n.

La Ley para la mejora de la cadena alimentaria es una de las principales reivindicaciones hechas tanto por el sector agrario como por la industria alimentaria durante los ¨²ltimos a?os para lograr unas relaciones equilibradas, fundamentalmente con la gran distribuci¨®n. Con ese objetivo, y de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel que funciona en el marco comunitario, la nueva disposici¨®n tiene como objetivo fijar las reglas de juego en cuestiones claves como el sistema de contratos, el establecimento de un c¨®digo de buenas pr¨¢cticas, una relaci¨®n de pr¨¢cticas abusivas, un sistema de denuncias an¨®nimas, la detecci¨®n de infracciones y el r¨¦gimen de sanciones.

La CNC considera beneficiosas algunas? pr¨¢cticas que Agricultura define como abusivas en el proyecto de ley

Frente a estos planteamientos, Competencia se cuestiona en primer lugar la oportunidad de la ley y se pregunta si no ser¨ªa m¨¢s recomendable esperar a que hubiera una reglamentaci¨®n comunitaria al respecto. Para este organismo, conseguir un mayor equilibrio en las relaciones de la cadena no es s¨®lo cuesti¨®n de una mayor regulaci¨®n, sino lograr igualmente una mejora en la eficiencia en todos los sectores involucrados. La CNC se?ala que el desequilibrio entre las partes contratantes no es una anomal¨ªa o un fallo del mercado, sino una caracter¨ªstica del sector que podr¨ªa contribuir a mejorar la competitividad y la productividad en todos los ¨¢mbitos. El informe rechaza las nuevas reglas de juego que se quieren aplicar para las subastas electr¨®nicas, as¨ª como el cat¨¢logo sobre pr¨¢cticas abusivas. Competencia va m¨¢s all¨¢ en sus argumentos para se?alar que incluso alguna de las pr¨¢cticas comerciales incluida en las categor¨ªas de abusos, podr¨ªan resultar de hecho eficientes, al ser consecuencia de din¨¢micas comerciales favorables a la competencia. Entre estas pr¨¢cticas est¨¢n los pagos por asignaci¨®n de espacios en un lineal, la gesti¨®n de stocks o ciertos fallos relacionados con el suministro. La CNC se opone, en consecuencia, al r¨¦gimen de infracciones y sanciones previsto por el anteproyecto.