El fiasco de los planes de recolocaci¨®n
Las empresas que despiden cumplen los escasos m¨ªnimos legales para reinsertar al trabajador
Recolocaci¨®n. Es la palabra m¨¢gica para muchos trabajadores que han perdido su empleo y, en un contexto como el actual con casi seis millones de parados, se enfrentan a la dif¨ªcil tarea de hallar un puesto de trabajo. ?Qu¨¦ mejor que la ayuda de empresas especializadas para lograrlo? Esa era la esperanza que llegaba con la reforma laboral aprobada por el Gobierno, que ha dado un espaldarazo a los planes de recolocaci¨®n dentro de las empresas en reestructuraci¨®n, haciendo obligatoria su contrataci¨®n externa a todas las compa?¨ªas con m¨¢s de 50 trabajadores que acometan un despido colectivo, como se denominan hoy los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE).
Ahora, un a?o despu¨¦s de su entrada en vigor, los resultados no parecen tan esperanzadores para los trabajadores. Bien es cierto que, con esta medida, las organizaciones especializadas en buscar un nuevo trabajo a los despedidos (en outplacement, como se conoce esta actividad) han elevado su trabajo, pues hasta el pasado noviembre los ERE crecieron un 66% sobre el a?o anterior.
Pero no es oro todo lo que reluce y, seg¨²n denuncian estas compa?¨ªas, muchos de los obligados planes de recolocaci¨®n se quedan simplemente en el papel, en el cumplimiento formal del requisito legal, en vez de llevarse a la pr¨¢ctica, es decir, en lugar de poner a disposici¨®n de los despedidos ofertas de trabajo, orientarlos con su perfil profesional, ofrecerles cursos de capacitaci¨®n y atenderlos personalmente en la b¨²squeda de empleo alternativo, como dispone la ley que consideran culpable porque no ha profesionalizado el sector exigiendo unos requisitos m¨ªnimos y un grado de compromiso de inserci¨®n de los trabajadores atendidos, sino que la ha abierto a casi cualquier operador, dicen MOA BPI Group, Randstad, GRI y ?logos.
Los precios que
Estas firmas aseguran que con la apertura del mercado se est¨¢ produciendo una guerra de precios que ha rebajado a la mitad los honorarios que se pagaban anteriormente para que el personal despedido pueda ser atendido de forma personalizada. Si antes de la ley, explica Claude Viala, director general del ¨¢rea de outplacement de Randstad, se cobraban unos 2.000 euros por persona que acced¨ªa a un proceso de recolocaci¨®n grupal, hoy en el mejor de los casos se abonan 1.000 euros. Incluso hay ejemplos, como el de Canal Nou, Telemadrid o AENA, que pueden situarse en la mitad de ese montante o menos, entre 500 y 300 euros, respectivamente. De ah¨ª que Arnaud Gu¨¦rin, director general de MOA BPI Group, asegure que ¡°los presupuestos de recolocaci¨®n que se est¨¢n barajando no son suficientes para conseguir resultados¡±.
En general, estos honorarios se pagan por el personal que se apunte al seguimiento del programa (que es voluntario), en vez de por el conjunto del personal afectado por el despido colectivo, como suced¨ªa antes, indican Roberto Garc¨ªa y Marcos Huergo, m¨¢ximos responsables de GRI, para quienes lo que es peor todav¨ªa es que no se exige un compromiso de recolocaci¨®n.
As¨ª que, al final, los afectados por los despidos colectivos no solo se enfrentan a unos salarios de inserci¨®n entre un 30% y un 40% m¨¢s bajos que los de partida, sino a unos procesos de acompa?amiento mermados en el tiempo y en el servicio. Cosa que no ayuda en absoluto con la crisis, pues esta ha servido para que el outplacement d¨¦ resultados en plazos de entre 9 y 18 meses, en vez de entre 6 y 9 como suced¨ªa hace poco m¨¢s de un a?o, dice Huergo.
"Los presupuestos que se est¨¢n barajando son insuficientes para conseguir resultados", seg¨²n G¨¦rin
Por eso las empresas en reestructuraci¨®n que ofrecen planes de recolocaci¨®n a 18 meses a los afectados por sus ERE (como Bridgestone o Bankia) son una excepci¨®n. En el caso de la entidad financiera, el hecho de que haya contratado el programa de recolocaci¨®n con seis empresas diferentes puede restarle efectividad, seg¨²n los implicados, a los que exige presentar seis ofertas de trabajo por cada despedido apuntado al programa.
Estamos en la fase inicial de la ley, que obliga a presentar un plan y no a llevarlo a cabo, por eso la mayor¨ªa de las empresas presentan un programa de seis meses (el obligatorio) sin un seguimiento de las inserciones, asegura Francisco Rueda, director del ¨¢rea de empleo de ?logos. Con el desarrollo posterior, el mercado se depurar¨¢, espera, y se tender¨¢ a la atenci¨®n anticipada de los despedidos, como sucede en otros pa¨ªses. Tanto sindicatos como empresarios consideran que hace falta fijar unos est¨¢ndares m¨ªnimos en los procesos de reinserci¨®n laboral para que funcionen, indica Rueda. A su juicio, entre ellos habr¨ªa que incluir: una evaluaci¨®n psicom¨¦trica del desempleado, un diagn¨®stico de competencias, una acreditaci¨®n de las competencias adquiridas por la experiencia, un plan individual de acci¨®n con acompa?amiento personalizado, un itinerario formativo para adquirir nuevas competencias y apoyo en los proyectos de emprendimiento y autoempleo.
La experiencia de otros pa¨ªses
Seg¨²n el informe presentado por ?logos esta semana, Francia (en cuya legislaci¨®n se ha basado la espa?ola), Alemania, Pa¨ªses Bajos y B¨¦lgica son algunos de los pa¨ªses donde las herramientas de transici¨®n al empleo en procesos de reestructuraci¨®n gozan de mayor predicamento. Estas son las f¨®rmulas que utilizan.
Francia. Los denominados permisos de recolocaci¨®n son obligatorios para las empresas de m¨¢s de 1.000 empleados desde 2006, y su fin es anticiparse a los despidos de los trabajadores. As¨ª, el empleado permanece contratado por la compa?¨ªa que va a prescindir de ¨¦l mientras dure el proceso de recolocaci¨®n, entre 4 y 12 meses, y cobra el 65% de su salario bruto o, al menos, el 85% del salario m¨ªnimo profesional. En las sociedades de menos trabajadores se reproduce ese esquema, pero a trav¨¦s de los contratos personalizados de recolocaci¨®n y los contratos de transici¨®n profesional, que son atendidos por los servicios p¨²blicos de empleo.
Alemania. Las empresas de transferencia, independientes y externas a la compa?¨ªa en reestructuraci¨®n, desarrollan planes de recolocaci¨®n para trabajadores redundantes. Cuando una sociedad plantea el despido de m¨¢s de 30 empleados debe comunicarlo a los sindicatos y a las autoridades para poner en marcha el plan social. En el caso de las compa?¨ªas con plantillas de m¨¢s de 500 trabajadores o que vayan a reducir m¨¢s de 60 empleos han de negociar un plan de recolocaci¨®n, con los costes a cargo de la compa?¨ªa y la formaci¨®n en colaboraci¨®n con los servicios p¨²blicos de empleo, que ofrecen a los trabajadores un subsidio m¨¢ximo de 2.500 euros por trabajador durante 12 meses.
Pa¨ªses Bajos. En uno de los mercados laborales m¨¢s flexibles de Europa existen los centros de movilidad laboral, de gesti¨®n p¨²blico-privada, que han de ser creados por la empresa en reestructuraci¨®n antes de acometer los despidos y que tienen como fin conseguir que la transici¨®n laboral de los afectados por la regulaci¨®n de empleo sea lo m¨¢s r¨¢pida posible. Los costes corren a cargo de la empresa reestructurada, que es la encargada de conseguir fondos p¨²blicos para la formaci¨®n de los trabajadores atendidos.
B¨¦lgica. En Flandes, la c¨¦lula de empleo garantiza un servicio de recolocaci¨®n a los empleados mayores de 45 a?os incluidos en un despido colectivo. Es obligatorio y lo sufraga la empresa reestructurada. En Valonia funcionan las c¨¦lulas de reconversi¨®n, que condicionan a ayudar a los afectados por los despidos colectivos de tres meses a dos a?os para su reinserci¨®n. Los costes los asume la empresa en reestructuraci¨®n, que es bonificada por los servicios de empleo en sus cuotas a la Seguridad Social.
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