Partidos y movimientos sociales exigen la reforma urgente de los desahucios
Partidos pol¨ªticos y movimientos sociales han coincidido hoy en celebrar la sentencia que declara contraria a la normativa comunitaria de protecci¨®n de los consumidores la legislaci¨®n espa?ola sobre desahucios y han instado al Gobierno a adaptar cuanto antes la ley hipotecaria a las exigencias de Europa.
El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea ha declarado hoy contrario al Derecho de la Uni¨®n la ley espa?ola por impedir a los jueces adoptar medidas cautelares, como suspender la ejecuci¨®n de una hipoteca, si considera que alguna de las cl¨¢usulas del contrato firmado entre el cliente y el banco es abusiva.
Ante esta decisi¨®n, la reacci¨®n de los partidos y movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha sido inmediata en el Congreso de los Diputados, donde actualmente se tramita un proyecto de ley para reforzar la protecci¨®n a los deudores hipotecarios y una iniciativa legislativa popular sobre daci¨®n en pago, paralizaci¨®n de desahucios y alquiler social.
Al Gobierno "no le queda m¨¢s opci¨®n que cambiar la ley", ha dicho frente al Congreso la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que ha abogado por "la paralizaci¨®n de todos los procedimientos -de desahucio- que est¨¢n en curso"
Colau ha subrayado que "la ciudadan¨ªa ha tenido demasiada paciencia" y ha instado al Ejecutivo "a rectificar aunque sea tarde", al tiempo que ha se?alado que se est¨¢n planteando "reclamar acciones jur¨ªdicas al Gobierno" por la situaci¨®n que han sufrido las "personas afectadas" de "inseguridad jur¨ªdica profunda".
"Esta sentencia nos da la raz¨®n, que hab¨ªa cl¨¢usulas abusivas en la legislaci¨®n que es preciso cambiar", ha asegurado por su parte la secretaria de Econom¨ªa del PSOE, Inmaculada Rodr¨ªguez Pi?ero, que ha emplazado al Ejecutivo a establecer una moratoria autom¨¢tica de todos los desahucios que procedan de cl¨¢usulas abusivas.
En el mismo sentido la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha instado al Gobierno a que modifique de urgencia, si es necesario por la v¨ªa del decreto, la legislaci¨®n espa?ola para adaptarla a las recomendaciones de la sentencia europea, de forma que "nadie m¨¢s quede desprotegido".
Para Izquierda Unida, la sentencia europea es una "victoria" de los movimientos sociales y ahora "la pelota est¨¢ totalmente en el tejado del Gobierno", ha dicho el diputado Alberto Garz¨®n, mientras que el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha considerado que la sentencia ha "desautorizado brutalmente" al Gobierno y al PP.
Ha resaltado que, a partir de ahora, las personas desahuciadas podr¨¢n argumentar el contenido de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo ante los tribunales espa?oles y tendr¨¢n m¨¢s mecanismos de defensa.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha resaltado que la sentencia obligar¨¢ a una reforma de la legislaci¨®n espa?ola, que a CiU le gustar¨ªa que tambi¨¦n modificase la ley concursal, para que la "persona f¨ªsica pueda beneficiarse de los mismos requisitos que comporta un concurso de acreedores para una sociedad jur¨ªdica, es decir, para una empresa".
"El Gobierno tendr¨¢ que legislar al respecto y aplicar esa sentencia a la legislaci¨®n, y eso no es de hoy para ma?ana. Veremos c¨®mo el Gobierno intenta resolver la necesaria adaptaci¨®n de la legislaci¨®n a lo que ha dicho el tribunal europeo", ha emplazado el parlamentario catal¨¢n.
El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha celebrado la sentencia, porque confirma que la legislaci¨®n espa?ola "est¨¢ hecha en funci¨®n de los intereses" de las entidades financieras y no de los de la ciudadan¨ªa, mientras que el diputado de UPyD Carlos Mart¨ªnez Gorriar¨¢n ha destacado que, a partir de ahora, "va a ser imposible que se ejecuten autom¨¢ticamente" los embargos.
Aunque el plazo de enmiendas de la proposici¨®n de ley de regulaci¨®n de la daci¨®n en pago, paralizaci¨®n de los desahucios y de alquiler social acaba ma?ana, fuentes de los grupos parlamentarios dan por hecho que se ampliar¨¢ unos d¨ªas m¨¢s para dar tiempo a introducir las recomendaciones de la sentencia del tribunal europeo.
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