La morosidad p¨²blica cierra empresas

La morosidad de las Administraciones p¨²blicas se ha convertido en una afilada daga en el coraz¨®n de las empresas. Las comunidades aut¨®nomas, los Ayuntamientos y el Estado acumulan facturas impagadas por m¨¢s de 10.000 millones de euros, de los que 4.811 millones corresponden a deudas con aut¨®nomos y peque?as empresas (pymes), seg¨²n datos recientes de la federaci¨®n de aut¨®nomos (ATA). El tiempo medio de pago de las Administraciones asciende a 148 d¨ªas, cinco veces m¨¢s de lo recomendado por Bruselas. En 2012, el plazo de pago del Estado se elev¨® hasta los 60 d¨ªas.

Detr¨¢s de esta situaci¨®n hay miles de historias personales cargadas de sufrimiento. En algunos casos, los impagos se traducen en el cierre de negocios familiares, en otros las subvenciones que no llegan ponen al l¨ªmite la viabilidad de la empresa. Incluso hay quien no tiene m¨¢s remedio que hipotecar sus bienes para compensar las deudas de la Administraci¨®n.

La crisis econ¨®mica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria lastraron la recaudaci¨®n p¨²blica. Los impuestos vinculados a la construcci¨®n, fundamentales para comunidades y municipios, se han desplomado m¨¢s de un 25% en los ¨²ltimos a?os. El abultado d¨¦ficit p¨²blico gener¨® desconfianza en los mercados. A mediados del a?o pasado estos cerraron el grifo a las Administraciones. Los presidentes regionales y alcaldes, a su vez, aplazaron pagos y los proveedores se convirtieron en prestamistas de la Administraci¨®n a costa de su supervivencia. Farmacias, peque?as empresas de construcci¨®n y otros suministradores dejaron de cobrar puntualmente y acumularon recibos pendientes.

Detr¨¢s de las deudas se encuentra el sufrimiento de miles de familias ahogadas por los retrasos

A principios del a?o pasado la situaci¨®n se volvi¨® insostenible. Se multiplic¨® el cierre de empresas y algunas comunidades tuvieron que pedir ayuda al Estado para hacer frente a sus pagos. Para aliviar la situaci¨®n, el Gobierno puso en marcha un plan de pago a proveedores con el que pretend¨ªa reducir la deuda comercial de las Administraciones y sacar a la luz facturas olvidadas en los cajones. El plan estatal sirvi¨® para que los Ayuntamientos pagaran 1,8 millones de facturas por un importe de 9.598 millones de euros y las comunidades aut¨®nomas liquidaran 3,7 millones de facturas por 17.704 millones de euros.

Pero este plan ten¨ªa limitaciones: solo permit¨ªa incluir facturas contabilizadas hasta el 1 de enero de 2012. Tampoco se admit¨ªan certificados de obra, ni convenios, concesiones o algunos contratos de obras p¨²blicas o servicios p¨²blicos. Las facturas de las universidades y empresas p¨²blicas tambi¨¦n se excluyeron. Adem¨¢s, muchas Administraciones acumulaban retrasos en su contabilidad lo que dej¨® fuera del plan gubernamental numerosos recibos de finales de 2011. La bola de nieve de impagos volvi¨® a crecer con rapidez. Los gobernantes regionales se excusan en que el Gobierno les limita el endeudamiento y por eso tienen dificultades para pagar a los proveedores.

Para frenar la morosidad, a finales del a?o pasado el Ejecutivo puso en marcha otro mecanismo para las autonom¨ªas: el Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA), con el que se liquid¨® deuda con acreedores por 1.100 millones, pero tambi¨¦n result¨® insuficiente. Ahora, el Ministerio de Hacienda prepara un nuevo plan de pago a proveedores, dotado con unos 15.000 millones. El ministro Crist¨®bal Montoro ha vinculado este nuevo programa a la nueva directiva sobre morosidad: el pasado 16 de marzo entr¨® en vigor una normativa europea que obliga a la Administraci¨®n p¨²blica a pagar en menos de 30 d¨ªas y eleva los intereses de demora al 8%.

Entre las opciones que baraja el Gobierno est¨¢ un mecanismo para que los proveedores de las entidades p¨²blicas puedan dirigirse a Hacienda para cobrar sus facturas si estas han superado el l¨ªmite de pago fijado por Bruselas. El Gobierno retirar¨ªa estas cantidades de la participaci¨®n en los ingresos del Estado a la comunidad o Ayuntamiento afectado.

Otro de los problemas detectados por Hacienda es que las comunidades y Ayuntamientos tardan demasiado tiempo en contabilizar las facturas. La burocracia auton¨®mica y local provoca que, en ocasiones, transcurran meses desde que reciben la entrega del producto o del servicio hasta que se contabiliza y se ordena el pago desde la intervenci¨®n. Por eso, el Gobierno est¨¢ impulsando las centrales de compras en las comunidades. As¨ª, en cuanto un suministrador emita una factura esta podr¨¢ ser contabilizada y transcurrir¨¢ menos tiempo desde que se ordene el pago.