El Gobierno luso alerta del impacto de otro rev¨¦s judicial a sus medidas

El Gobierno portugu¨¦s ha alertado sobre el impacto de otro rev¨¦s del Tribunal Constitucional a sus medidas de ajuste, entre ellas la ley que facilita la salida de funcionarios, cuya sanci¨®n pospuso esta semana el presidente An¨ªbal Cavaco Silva por dudar de su legalidad.

Como sucedi¨® el pasado abril con la pol¨¦mica anulaci¨®n judicial a varios ajustes incluidos en los Presupuestos de 2013, el l¨ªder del Ejecutivo conservador, Pedro Passos Coelho, avis¨® de que otra sentencia desfavorable a las medidas del Gobierno acarrear¨¢ nuevos sacrificios entre los portugueses.

"Ya en el pasado algunos de esos riesgos se materializaron y no fue f¨¢cil superarlos, nos oblig¨® a aumentar los impuestos que era una opci¨®n que no quer¨ªamos adoptar", manifest¨® el jefe de Gobierno durante la fiesta de su partido, el Social Dem¨®crata (PSD-centro derecha), celebrada anoche en el Algarve luso.

La nueva norma sobre el funcionariado, sobre la que el Constitucional se pronunciar¨¢ a comienzos de septiembre, es una de las medidas dirigidas a sanear las cuentas p¨²blicas de Portugal y est¨¢ incluida en los compromisos del Gobierno a cambio de recibir un rescate financiero internacional de 78.000 millones de euros.

La misma pretende facilitar la desvinculaci¨®n laboral de miles de funcionarios (especialmente profesores, el 40 % de los trabajadores p¨²blicos) que actualmente se encuentran a la espera de ser colocados y a los que, a partir de ahora, marca un m¨¢ximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo.

Acabado este periodo -durante el que reciben un salario inferior al vigente- los trabajadores p¨²blicos podr¨¢n optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relaci¨®n laboral, con derecho a la prestaci¨®n por desempleo.

"Cualquier decisi¨®n constitucional no afectar¨¢ simplemente al Gobierno, afectar¨¢ al pa¨ªs", incidi¨® Passos Coelho, quien destac¨® el crecimiento del PIB luso en el segundo trimestre (1,1 %, el mayor en la UE), despu¨¦s de m¨¢s de dos a?os de una dura recesi¨®n.

El Constitucional, que actu¨® a petici¨®n del jefe de Estado, Cavaco Silva, y de los partidos de la oposici¨®n, ha evitado con dos sentencias en el espacio de un a?o -julio del 2012 y abril del 2013- el recorte de una paga extraordinaria entre los funcionarios y los pensionistas, as¨ª como rebajas en los subsidios de desempleo y enfermedad.

El ¨²ltimo veredicto, que anulaba ahorros por valor de 1.300 millones, llev¨® al Gobierno a compensar esa suma con una rebaja del 10 % en los gastos de los ministerios, el aumento de 35 a 40 horas semanales de trabajo entre los funcionarios o el retraso de la edad de jubilaci¨®n de 65 a 66 a?os.

Cavaco Silva, hist¨®rica figura del partido que lidera Passos Coelho, tiene pendiente para los pr¨®ximos d¨ªas sancionar o vetar el aumento del horario laboral en el funcionariado, que, sin embargo, ha desechado enviar al Constitucional para consultar su legalidad.

La reducci¨®n de los empleados p¨²blicos en Portugal es una de las recomendaciones expresadas por la Comisi¨®n Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, entidades que concedieron en 2011 el rescate financiero al pa¨ªs.

Ayer mismo se conoci¨® que entre diciembre del 2012 hasta junio del 2013 cay¨® el 1,6 % el n¨²mero de funcionarios, hasta los 574.946 (cerca del 12 % de la poblaci¨®n activa), y se acerca as¨ª al 2 % de reducci¨®n anual exigido por el rescate concedido por los tres organismos, conocidos como la "troika".

Comparado con diciembre del 2011, cuando se contabilizaban 611.801 funcionarios, la contracci¨®n durante los ¨²ltimos 18 meses fue m¨¢s pronunciada, ya que la ca¨ªda se sit¨²a en el 6 % (36.855 puestos de trabajo).

Tanto oposici¨®n de izquierdas, con el Partido Socialista (PS) a la cabeza, como sindicatos han censurado al Ejecutivo, pues consideran ilegal esta dr¨¢stica reducci¨®n de empleados p¨²blicos y avisaron de que mermar¨¢ la calidad de servicios esenciales, como la sanidad o la educaci¨®n.

El Ejecutivo de socialdem¨®cratas y democristianos, que tuvieron notorias tensiones internas el pasado mes, ha reconocido que prepara una reforma del Estado a instancias de la "troika" para lograr un ahorro fijo anual estimado de 4.700 millones de euros.

Antonio Torres del Cerro