El Supremo argentino afronta la recta final para decidir sobre la ley de medios

Con la celebraci¨®n este mi¨¦rcoles de una audiencia p¨²blica informativa, el Supremo argentino afronta la recta final para decidir definitivamente sobre la ley de medios audiovisuales, que enfrenta desde hace tres a?os y medio al Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez y a Clar¨ªn, el mayor grupo de medios del pa¨ªs.

El Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, acoger¨¢ la celebraci¨®n de la audiencia, en la que la Corte Suprema dar¨¢ a las partes la posibilidad de exponer sus argumentos y en la que tambi¨¦n intervendr¨¢n organizaciones no gubernamentales, que aportar¨¢n su opini¨®n.

La audiencia ser¨¢ transmitida en directo a trav¨¦s del sitio web del Centro de Informaci¨®n Judicial, que depende de la Corte Suprema, y podr¨ªa prolongarse hasta el jueves, seg¨²n medios locales.

El debate se iniciar¨¢ con las exposiciones de las organizaciones no gubernamentales en respaldo de una u otra parte -diez en total, con quince minutos cada una para intervenir-.

En forma independiente, se presentar¨¢ adem¨¢s la Defensor¨ªa del P¨²blico y luego expondr¨¢n sus argumentos del Estado y de Clar¨ªn.

En declaraciones a la agencia oficial T¨¦lam, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicaci¨®n Audiovisual (Afsca), Mart¨ªn Sabbatella, subray¨® hoy su deseo de que la Corte "resuelva definitivamente" y la norma pueda "aplicarse en forma integral, para que lo diverso, plural y multicolor de nuestro pa¨ªs consiga expresarse".

"Durante muchos a?os el grupo Clar¨ªn estuvo acostumbrado a ser de los que mandaban, los que decid¨ªan y condicionaban el rumbo del pa¨ªs, los que se pon¨ªan por encima de todos los poderes del Estado, dictando sus propias reglas", critic¨® Sabbatella.

Ante la convocatoria de la Corte, el grupo Clar¨ªn reiter¨® en un comunicado que la ley, aprobada en octubre de 2009, "no s¨®lo contradice distintos principios constitucionales" sino que "varias de sus disposiciones tampoco registran antecedentes en el derecho comparado ni se ubican en l¨ªnea con los est¨¢ndares internacionales".

Coincidiendo con la audiencia, la Coalici¨®n para una Comunicaci¨®n Democr¨¢tica (CCD), que agrupa a organizaciones no gubernamentales a favor de la ley,convoc¨® a una concentraci¨®n a las puertas de los tribunales para pedir a la Corte que se pronuncie a favor de la constitucionalidad de la norma.

"La Corte Suprema tiene que decidir si est¨¢n primero los derechos humanos o los negocios de las corporaciones", indic¨® N¨¦stor Buzzo, integrante de la CCD a T¨¦lam.

Representantes de la Iglesia argentina mostraron tambi¨¦n hoy su apoyo a la ley de medios y confiaron en una "r¨¢pida sanci¨®n y posterior aplicaci¨®n".

De igual forma se manifest¨® el relator especial de la ONU para la Promoci¨®n y Protecci¨®n del Derecho a la Libertad de Opini¨®n y Expresi¨®n, Frank La Rue, quien mantuvo una reuni¨®n con la presidenta argentina y varios miembros de su gabinete en la sede del Ejecutivo argentino.

En base a la demanda presentada por el Grupo Clar¨ªn, la C¨¢mara Civil y Comercial Federal determin¨® en abril pasado la inconstitucionalidad de dos art¨ªculos de la ley, pero el Gobierno apel¨® el fallo.

Se trata del art¨ªculo 45, referido al l¨ªmite m¨¢ximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compa?¨ªas antes de la aprobaci¨®n de la norma.

La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carb¨®, dictamin¨® en julio pasado la constitucionalidad de ambos art¨ªculos, cuestionados por el grupo Clar¨ªn y pidi¨® a la Corte Suprema que revoque el fallo anterior.

La Corte Suprema, que solicit¨® el dictamen de la procuradora general, tiene ahora la ¨²ltima palabra en la causa, abierta a petici¨®n del grupo Clar¨ªn.

La Ley de Servicios de Comunicaci¨®n Audiovisual fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en sustituci¨®n de otra, sancionada en 1980, durante el ¨²ltimo r¨¦gimen militar.

La ley fija para los medios privados de difusi¨®n nacional un m¨¢ximo del 35 % del mercado en cobertura de televisi¨®n de aire y un 35 % de abonados en televisi¨®n de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisi¨®n por cable y una de televisi¨®n por sat¨¦lite.

Los grupos que excedan los m¨¢ximos previstos por la ley, est¨¢n obligados a desinvertir.

Clar¨ªn, el grupo m¨¢s afectado por la normativa, cuestiona su constitucionalidad y considera que contiene art¨ªculos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor multimedia del pa¨ªs.