Sea firme, se?or Brufau

En las ¨²ltimas semanas han sido publicadas diversas informaciones sobre un posible acuerdo entre las partes por la incautaci¨®n de las acciones que Repsol ten¨ªa en YPF. Las noticias y rumores se han difundido d¨ªas despu¨¦s de la reciente visita a Espa?a del se?or Galuccio, primer ejecutivo de YPF nombrado por el Gobierno argentino tras la expropiaci¨®n a Repsol. El directivo se entrevist¨® con el ministro de Industria para pedirle que conminara a Repsol a aceptar, antes de fin de a?o, la indemnizaci¨®n que ofrezca el Gobierno de Kirchner o, en su caso, la que fuese fijada por sus ¨®rganos administrativos-judiciales, que de forma peculiar se avanza que va a coincidir con la primera.

La actitud del directivo que representa al Gobierno de la presidenta Kirchner pone de manifiesto su desconocimiento del Estado de derecho que protege la libertad de mercado. En efecto, en Espa?a, nuestra legislaci¨®n constitucional y mercantil sienta el principio de libertad de empresa y reconocimiento de la propiedad privada. Las empresas privadas son de sus accionistas y no de los Estados, y mucho menos de sus directivos. Un Gobierno que se inmiscuyera en la direcci¨®n de una empresa privada incurrir¨ªa en exceso o desv¨ªo de poder, lo que podr¨ªa generar la consiguiente responsabilidad patrimonial de la Administraci¨®n.

Conviene recordar al actual Gobierno argentino que al expropiar YPF no expropia a Espa?a, aunque pol¨ªticamente ese pudiese ser el objetivo. Ni siquiera en ¨²ltima instancia expropia a la propia Repsol. Lo que en verdad se hace es expropiar un activo de Repsol, y por tanto, una propiedad de los accionistas de la compa?¨ªa. Desde este punto de vista, son los miles de accionistas de toda clase y g¨¦nero los verdaderos afectados por el acto unilateral de incautaci¨®n del Gobierno argentino. Si observamos adem¨¢s que esta compa?¨ªa, tras un trabajo de d¨¦cadas de compromiso con el buen hacer, constituye hoy d¨ªa una importante multinacional del mundo de la energ¨ªa, llegamos f¨¢cilmente a la conclusi¨®n de que se ha expropiado tambi¨¦n a un accionariado multinacional.

Por otra parte, las pretensiones compensatorias del Gobierno de Kirchner resultan totalmente perjudiciales para los accionistas minoritarios de Repsol. El Ejecutivo argentino ofrece un m¨¢ximo de 1.500 millones de d¨®lares por el 51% de YPF que le fue expropiado a Repsol, que pide 10.500 millones por dicha participaci¨®n. Adem¨¢s, esos 1.500 millones Repsol tendr¨ªa que aportarlos a una nueva sociedad mixta en la que tendr¨ªa una participaci¨®n minoritaria del 47%, en tanto que YPF se asegurar¨ªa el control mayoritario del 51%. La sociedad resultante obtendr¨ªa los derechos de explotaci¨®n de una superficie del yacimiento de Vaca Muerta que no alcanza el 6% del negocio total. Aceptar esta soluci¨®n adem¨¢s entra?ar¨ªa renunciar a cualquier derecho ante los organismos de arbitraje o en los tribunales de justicia.

Los minoritarios estar¨¢n vigilantes y beligerantes ante cualquier intento de expolio de su patrimonio

La mejor prueba de que se trata de una oferta inaceptable para los accionistas de Repsol son las condiciones del acuerdo posterior que YPF ha alcanzado con Chevron para la explotaci¨®n del yacimiento de Vaca Muerta. Chevron ha recibido activos cuatro veces mayores que los que se ofrec¨ªan a Repsol. La petrolera norteamericana se queda adem¨¢s con el 50% de los activos sujetos al acuerdo, pero no tiene que participar accionarialmente en ninguna sociedad conjunta como ocurrir¨ªa con la empresa espa?ola.

Estas condiciones supondr¨ªan hacer pagar a los accionistas de Repsol los platos rotos de la expropiaci¨®n injusta de YPF. Hay que tener en cuenta que tanto el Estado como los directivos de las empresas podr¨ªan incurrir en graves responsabilidades frente a sus accionistas si adoptan decisiones que pudieran perjudicar los intereses de los propietarios. Los directivos, adoptando decisiones contrarias a los intereses de los accionistas, violar¨ªan sus deberes fiduciarios hacia la sociedad, lo que tambi¨¦n podr¨ªa generar acciones civiles por da?os, cuando no, incluso, acciones penales por administraci¨®n desleal.

Los accionistas minoritarios reclamamos al Gobierno de Espa?a y a los administradores de Repsol presididos por el se?or Brufau que se mantengan firmes y no acepten ninguna soluci¨®n que pueda perjudicar a¨²n m¨¢s a los accionistas minoritarios. La ¨²nica soluci¨®n que queremos es que la compa?¨ªa reciba una compensaci¨®n econ¨®mica que se ajuste al valor de los bienes requisados. De lo contrario, se certificar¨ªa el expolio de los accionistas.

Es importante en este tipo de situaciones reivindicar el papel que corresponde a los accionistas de nuestras sociedades cotizadas. La junta general es la sede adecuada para abordar esta y otras cuestiones de similar calado. Ya en la ¨²ltima junta general de Repsol, la Asociaci¨®n Espa?ola de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) solicitaba que cualquier decisi¨®n respecto a un posible acuerdo con el Gobierno argentino se someta a la consideraci¨®n y aprobaci¨®n de todos los accionistas. Es mucho lo que est¨¢ en juego, y no es poca la presi¨®n que puede existir para intentar pasar p¨¢gina de este inc¨®modo asunto cuanto antes y de la forma que sea.

Los accionistas no pueden permitir en ning¨²n caso que se caiga en tal tentaci¨®n. Ni ceder¨¢n ante el Estado, ni ante la direcci¨®n de la propia compa?¨ªa. Reivindicar¨¢n lo que en justicia les corresponde, sea a trav¨¦s de un acuerdo, sea a trav¨¦s del ejercicio de las acciones pertinentes en las instancias nacionales e internacionales oportunas. Pero sobre todo estar¨¢n vigilantes y beligerantes ante cualquier intento de expolio de su patrimonio.

El capitalismo popular, que es como se conoce a la generalizaci¨®n de la inversi¨®n en los mercados financieros, exige un sistema institucional que ofrezca seguridad. Entre la arquitectura jur¨ªdica de ese sistema ocupa un papel relevante la normativa sobre buen gobierno empresarial. Ello exige atribuir a los accionistas su cuota de poder y responsabilidad, as¨ª como imponer a los directivos su deber de defender los intereses de sus principales. Bajo tales premisas se jugar¨¢ este partido, sin que nos podamos ver arrastrados a jugar bajo las reglas de otras formas de capitalismo, que m¨¢s que popular habr¨ªa que calificar como populista.

Javier Cremades es abogado y secretario general de la Asociaci¨®n Espa?ola de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC).