Ofensiva contra Espa?a por las renovables

La reforma el¨¦ctrica se complica cada vez m¨¢s. Los grandes fondos de inversi¨®n internacionales han pasado de las amenazas a los hechos. Por primera vez, han demandado a Espa?a ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje que forma parte del Banco Mundial. Espa?a tendr¨¢ que defenderse ante el principal centro de arbitrajes contra Estados para la protecci¨®n de inversiones. Es el mismo organismo ante el que Repsol demand¨® a Argentina por la expropiaci¨®n de YPF. El Estado espa?ol se jugar¨¢ cientos de millones de euros en los tribunales por los recortes a las renovables.

De momento, los inversores internacionales han presentado dos solicitudes de arbitraje en el Ciadi frente a Espa?a. La primera la suscriben RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure II Lux. La segunda ha sido presentada por las sociedades Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energ¨ªa Termosolar BV.

RREEF Infrastructure es un veh¨ªculo de inversi¨®n promovido por Deutsche Bank que tiene en Espa?a inversiones en energ¨ªas renovables, tanto e¨®lica como solar. Antin es una firma francesa de inversi¨®n en infraestructuras en la que BNP es socio de la gestora y el principal inversor del fondo con el que arranc¨® su actividad. Tiene inversiones en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Espa?a, entre otros pa¨ªses. En Espa?a controla Axi¨®n (competidor de Abertis en el negocio de torres de comunicaciones) y tambi¨¦n tiene inversiones en energ¨ªa solar, las que provocan el pleito.

Espa?a se juega cientos de millones en los pleitos de las renovables

RREEF y Antin compraron a ACS el 90% de las centrales termosolares Andasol 1 y Andasol 2, en una operaci¨®n que supuso una valoraci¨®n en torno a los 830 millones de euros, deuda incluida. Cada uno de los inversores compr¨® el 45% del capital, mientras que la empresa presidida por Florentino P¨¦rez retuvo el 10% restante. Seg¨²n las cuentas anuales de ACS de 2012, Andasol 1 y 2 ten¨ªan en 2012 unos activos de 620 millones y una cifra de negocio de 101 millones. Las dos plantas est¨¢n situadas en Guadix, Granada, a unos 1.100 metros de altitud, y empezaron a operar en 2008 y 2009.

Las demandas de arbitraje se deben a los recortes en la retribuci¨®n de las actividades termosolares. En la informaci¨®n sobre los activos de RREEF, Deutsche Bank se?alaba para justificar su inversi¨®n que ¡°ambas plantas se benefician de un marco regulatorio transparente, estable y atractivo con la venta de su producci¨®n garantizada durante sus vidas operativas¡±. RREEF y Antin pagaron un alto precio por Andasol 1 y 2 a ACS contando con la rentabilidad asociada a las primas a las renovables. Consideran que el recorte de la rentabilidad viola la seguridad jur¨ªdica de sus inversiones y supone un cambio retroactivo de las reglas del juego.

Seg¨²n fuentes del Ciadi, ambas presentaron sus solicitudes de arbitraje el pasado 22 de noviembre. Ambas est¨¢n representadas por la oficina londinense de Allen & Overy, el despacho de abogados m¨¢s activo en las demandas contra Espa?a por los recortes en las renovables. Por parte del Estado espa?ol ser¨¢ la Abogac¨ªa General del Estado y la Direcci¨®n del Servicio Jur¨ªdico del Estado quienes tengan que hacer frente al pleito.

El sector espera una oleada de nuevas reclamaciones

Espa?a solo hab¨ªa recibido hasta ahora otras dos demandas de inversores internacionales ante el Ciadi en los 19 a?os en que ha formado parte del organismo. La primera fue en 1997, cuando el argentino Agust¨ªn Maffezini demand¨® por una inversi¨®n en el sector qu¨ªmico a Espa?a, que acab¨® siendo condenada a pagar unos 350.000 euros. La segunda fue una demanda presentada el a?o pasado por una firma venezolana (IGB) por inversiones inmobiliarias en Las Rozas (Madrid) por unos 25 millones de euros.

Los pa¨ªses m¨¢s demandados ante el Ciadi son con frecuencia los que tienen m¨¢s problemas de seguridad jur¨ªdica. A la cabeza se encuentran Venezuela (que ha decidido dejar el organismo tras la avalancha de reclamaciones) y Argentina, por las frecuentes expropiaciones e incumplimientos de contratos.

Pero Espa?a afronta ahora el riesgo de recibir tambi¨¦n un aluvi¨®n de demandas ante el Ciadi y otros organismos internacionales de arbitraje, no solo por los recortes a la retribuci¨®n de las renovables ya realizados, sino tambi¨¦n por los que est¨¢n en marcha a punto de aprobarse.

Los recortes a la retribuci¨®n de la energ¨ªa fotovoltaica del Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero ya provocaron algunas demandas internacionales que denunciaban la violaci¨®n del Tratado de la Carta de la Energ¨ªa al aplicar, en su opini¨®n, recortes con car¨¢cter retroactivo. Alegando esa violaci¨®n, un grupo de 16 inversores (AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWM Lux Energ¨ªa Solar, HGCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital) presentaron en noviembre de 2011 una demanda contra Espa?a bajo las reglas de arbitraje de la UNCITRAL, que fuentes del sector cifraban en unos 600 millones.

Este a?o, Abengoa, a trav¨¦s de su filial CSP Equity Investment Sarl, ha demandado al Gobierno espa?ol como firmante del Tratado de la Carta de la Energ¨ªa por lo que considera una ¡°expropiaci¨®n¡± de sus leg¨ªtimos intereses en las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2. El arbitraje ser¨¢ realizado en La Haya de acuerdo con las reglas del Instituto de Arbitraje de la C¨¢mara de Comercio de Estocolmo, seg¨²n desvel¨® Abengoa en un folleto de emisi¨®n registrado en Estados Unidos.

Pero fuentes del sector consideran que la ofensiva no ha hecho m¨¢s que empezar y esperan muchas m¨¢s demandas de los inversores, tanto por los recortes de primas a las renovables de finales del pasado a?o como por los que llegar¨¢n cuando se empiece a aplicar el concepto de ¡°rentabilidad razonable¡± previsto en la reforma del sector, contestada tambi¨¦n en los tribunales espa?oles por las empresas nacionales. Espa?a se juega cientos, si no miles, de millones en una reforma del sector el¨¦ctrico que se ha convertido en un gran negocio para los abogados.