El Tribunal de la UE rechaza el recurso para mantener las ayudas al carb¨®n

El Tribunal General de Justicia Europeo ha rechazado el recurso interpuesto por los gobiernos de Asturias, Castilla y Le¨®n y Arag¨®n contra la reglamentaci¨®n del Consejo Europeo sobre ayudas p¨²blicas al carb¨®n, seg¨²n ha informado hoy la Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Empleo del Gobierno castellanoleon¨¦s.

El recurso se opon¨ªa a la decisi¨®n del Consejo que obliga a las minas que quieran seguir con su actividad m¨¢s all¨¢ de 2018 a devolver las ayudas recibidas, lo que pone en peligro que las explotaciones puedan seguir operativas incluso siendo competitivas m¨¢s all¨¢ de esa fecha sin apoyos p¨²blicos.

Seg¨²n las mismas fuentes, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n y Asturias mantendr¨¢n sus posiciones de defensa de la actividad extractiva del carb¨®n en aquellas empresas mineras que sean competitivas en 2018.

Adem¨¢s, las tres comunidades est¨¢n estudiando la posibilidad de recurrir el auto del Tribunal General de Justicia Europeo en el que este ¨®rgano inadmite el recurso conjunto que interpusieron en 2011 contra la reglamentaci¨®n del Consejo Europeo de ayudas p¨²blicas al carb¨®n, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carb¨®n no competitivas.

El motivo que fundament¨® ese recurso fue considerar que las ayudas que otorguen los estados han de estar vinculadas a la competitividad de las explotaciones y no ¨²nicamente a su cierre.

La decisi¨®n del Consejo Europeo recurrida podr¨ªa ocasionar precisamente que m¨¢s all¨¢ de 2018 las minas hayan de cerrar incluso siendo competitivas y viables sin ayudas p¨²blicas.

Las tres comunidades solicitaron al Tribunal General de Justicia Europeo que declarase la nulidad parcial de la citada decisi¨®n, concretamente la de las disposiciones relativas a la obligaci¨®n de que las minas devuelvan las ayudas si no cierran en 2018 y las que vinculan la recepci¨®n de ayudas al cierre de la actividad minera.

Tras analizarlo, no se pidi¨® la nulidad total de la decisi¨®n para no dejar sin amparo legal las ayudas del Estado que reciben las distintas unidades de producci¨®n minera.

El Tribunal inadmite ahora este recurso sin entrar a cuestionar el fondo de la cuesti¨®n y argumenta, b¨¢sicamente, que las disposiciones recurridas y cuya anulaci¨®n se pide son esenciales en la decisi¨®n, de modo que su eliminaci¨®n la alterar¨ªa completamente o supondr¨ªa en la pr¨¢ctica sustituirla por una decisi¨®n diferente.

Las tres comunidades afectadas reiteran que van a seguir defendiendo la viabilidad de una miner¨ªa competitiva m¨¢s all¨¢ de 2018 y, aunque la v¨ªa de la defensa pol¨ªtica sigue abierta, instan al Gobierno de Espa?a a incrementar esta defensa para la continuidad de las empresas mineras competitivas m¨¢s all¨¢ de esa fecha, ya que el Ministerio de Industria, Energ¨ªa y Turismo se comprometi¨® a defender esta postura ante la Uni¨®n Europea.

Los tres gobiernos auton¨®micos consideran que debe seguirse manteniendo una l¨ªnea de defensa jur¨ªdica, dado que el carb¨®n es una reserva estrat¨¦gica que garantiza el suministro el¨¦ctrico en un territorio como Espa?a que tiene una alta dependencia energ¨¦tica de terceros pa¨ªses y en el que una parte importante de la demanda ¨²nicamente puede cubrirse con generaci¨®n t¨¦rmica.