Fomento pone coto a los sobrecostes

Las modificaciones de obras en Espa?a ya no son lo que eran. La crisis, con la Administraci¨®n forzada a reducir sus inversiones, y la presi¨®n de la Comisi¨®n Europea han logrado limitar esa tradici¨®n de modificar y elevar el importe de los concursos p¨²blicos de infraestructuras una vez adjudicados. El a?o pasado incluso se logr¨® invertir la tendencia y convertir en ahorro lo que siempre hab¨ªa sido un sobrecoste. Seg¨²n los informes aprobados por la Inspecci¨®n General del Ministerio de Fomento, se logr¨® un descuento del 2% en las obras de m¨¢s de tres millones de euros.

Fuentes del ministerio admit¨ªan ayer que esa rebaja en el precio se explica b¨¢sicamente por la modificaci¨®n de una carretera de la que se ejecut¨® la mitad del trazado, aunque no quisieron desvelar cu¨¢l. El resto de proyectos tuvieron un sobrecoste medio de 0,8 millones cada uno. En todo caso, las estad¨ªsticas muestran una importante reducci¨®n de los sobrecostes y del n¨²mero de modificados desde 2009 y muy especialmente desde 2011, una vez que el Gobierno aprob¨® la Ley de Econom¨ªa Sostenible, que limitaba al 10% el alza que pod¨ªa sufrir una obra, siempre y cuando no constara lo contrario en los pliegos del concurso.

La ca¨ªda de la obra p¨²blica y la postura m¨¢s estricta de Fomento ha reducido tambi¨¦n notablemente el n¨²mero e importe de las obras complementarias y de las modificaciones sobre esas obras.

Otra estad¨ªstica de Fomento, referente al total de obras recepcionadas por a?o, indica que el 42% de las obras p¨²blicas encargadas por el Ministerio de Fomento y entregadas en 2013 (73) hab¨ªan sufrido modificaciones. Es el porcentaje m¨¢s bajo de lo que los contratistas denominan la cultura del modificado, ahora famosa por el litigio abierto por Sacyr en sus obras del canal de Panam¨¢. En 2007, el porcentaje de modificados superaba el 60%.

Ese tipo de reclamaciones para cambiar los contratos son habituales en Espa?a y en el mayor n¨²mero de ocasiones tienen su origen en la batalla para ganar obra entre contratistas, lo que genera una guerra de precios que beneficia primero a las Administraciones, pero que despu¨¦s son dif¨ªciles de cumplir. Los datos de la gran patronal de las constructoras, Seopan, indican que en los primeros ocho meses de 2013 el Estado adjudic¨® sus obras con un descuento medio del 33,8%. En las comunidades aut¨®nomas fue del 26% y los organismos locales se apuntaron descuentos del 27%. Pero esos precios son muchas veces irrealizables y ¡°llegan las tensiones¡±, indica el presidente de Seopan, Juli¨¢n N¨²?ez. Lo siguiente son las modificaciones. ¡°Es la conjura de los necios, un sistema perverso¡±, admite. En su opini¨®n, ¡°la Administraci¨®n sabe que, con ese sistema, el precio final no superar¨¢ su precio base de concurso¡± e incluso denuncia que sabe que muchas ofertas que acepta son ¡°en temeridad¡±.

En Espa?a, sobre todo en los tiempos de las vacas gordas, hubo proyectos que se fueron de madre. Las obras de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona se dispararon un 31% de los 6.822 millones de euros con los que se adjudicaron inicialmente los contratos. Y fue por la v¨ªa de los modificados, hasta el punto que la Comisi¨®n Europea lo denunci¨® y una sentencia del Tribunal General de la UE oblig¨® al Estado a devolver 33,6 millones de euros de los Fondos de Cohesi¨®n asignados.

Desde el Ministerio de Fomento consideran que ¡°las modificaciones contractuales no son necesariamente malas por s¨ª mismas¡±, siempre y cuando no exista ¡°abuso¡±. La cuesti¨®n es conocer cu¨¢l es el umbral del abuso. ?El 42% de modificados de Fomento de 2013? ?El 62% de 2007? Juan Jos¨¦ Ganuza, catedr¨¢tico de Organizaci¨®n de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, considera que en ambos casos son porcentajes muy altos. Sobre todo por lo que suponen de descontrol de las obras que hace la Administraci¨®n. ¡°Hay modificados que tienen mucha raz¨®n de ser¡±, sentencia Ganuza, en referencia a imponderables que pueden surgir una vez se est¨¢ sobre el terreno. Esos imprevistos, no obstante, podr¨ªan reducirse si se diera mayor importancia a los informes t¨¦cnicos previos a la obra e, incluso a la oferta t¨¦cnica que hacen los constructores, que actualmente solo pesa el 20% de la valoraci¨®n. La oferta econ¨®mica supone el 80% restante. ¡°Se da poca importancia en tiempo y dinero al proyecto t¨¦cnico, y si estos se hicieran bien, las constructoras se quedar¨ªan con poco margen de maniobra¡±, afirma Josep Oriol, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Catalu?a.

Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo publicado este a?o analizaba seis obras de carreteras en Espa?a. Casualmente, los fiscalizadores encontraron una media de tres modificaciones por obra y ampliaciones de contrato. ¡°El sobrecoste medio se sit¨²a en torno al 20%-30% del valor inicial del proyecto¡±, indica el informe. En otros proyectos, el coste final supera por mucho esas desviaciones. Ah¨ª est¨¢ la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, licitada por poco m¨¢s de 300 millones y que se ha comido ya 1.300 millones. El coste de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela se ha cuadruplicado, pese a no estar acabada y renunciar a dos de sus seis edificios. La l¨ªnea 9 del metro de Barcelona se present¨® en 2003 con un presupuesto de 2.300 millones de euros y ahora la Generalitat no halla recursos para completar los casi 7.000 millones que costar¨¢. O la terminal 4 de Barajas, que cost¨® 6.200 millones, pese a los 1.000 millones previstos inicialmente. Los casos son incontables.

En 2008, la UE inici¨® un procedimiento de infracci¨®n contra el Gobierno para acabar con ese exceso de modificaciones, al no respetar las directivas europeas. En 2011 se archiv¨® gracias a la Ley de Econom¨ªa Sostenible.

Con la Ley de Transparencia aprobada en diciembre, dentro de casi un a?o todas las Administraciones tendr¨¢n que publicar los modificados de obra. De momento esa pr¨¢ctica ya la han puesto en marcha los Gobiernos aut¨®nomos de Arag¨®n y Navarra. ¡°En el ¨²ltimo a?o y medio los modificados se han reducido, pero hay que destacar que en muchos casos esconden mucha ineficiencia de recursos p¨²blicos y a veces casos de corrupci¨®n¡±, explica Jos¨¦ Mar¨ªa Gimeno, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.