Minera canadiense demanda a Costa Rica por 94 millones de d¨®lares
La empresa minera canadiense Infinito Gold anunci¨® hoy que ha presentado una demanda por valor de 94 millones de d¨®lares contra Costa Rica, tras la cancelaci¨®n de un proyecto de miner¨ªa de oro a cielo abierto en el norte del pa¨ªs.
La empresa inform¨® en un comunicado de que la demanda fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ¨®rgano adscrito al Banco Mundial, con el fin de lograr una indemnizaci¨®n por las inversiones realizadas.
"Como fundamento de la demanda se encuentran una serie de violaciones al acuerdo entre el Gobierno de Canad¨¢ y el Gobierno de Costa Rica para la Promoci¨®n y Protecci¨®n de Inversiones", explic¨® la firma canadiense.
El a?o pasado Infinito Gold anunci¨® que demandar¨ªa a Costa Rica por valor de 1.092 millones de d¨®lares, de los que 92 millones correspond¨ªan a inversiones realizadas y 1.000 millones por las ganancias que dejar¨ªa de percibir.
Sin embargo, la demanda que hace p¨²blica hoy la minera canadiense es solo por 94 millones de d¨®lares invertidos desde 1993 en el proyecto llamado Las Crucitas.
La empresa asegur¨® que no dar¨¢ m¨¢s detalles sobre esta demanda al tratarse de un proceso privado y que, durante el arbitraje, las partes tienen la posibilidad de llegar a una soluci¨®n amistosa.
El ministro costarricense de Comunicaci¨®n, Carlos Roverssi, dijo hoy a Efe que el Gobierno esperaba esta demanda y recalc¨® que en Costa Rica ya hay una resoluci¨®n judicial que detuvo el proyecto minero.
"Hay una sentencia judicial en Costa Rica y m¨¢s no se puede hacer hasta que el caso se resuelva en la v¨ªa que plantea la empresa", afirm¨® Roverssi.
Roverssi record¨® que este caso inici¨® con el gobierno del expresidente ?scar Arias (2006-2010), que dio los permisos a la minera canadiense que luego fueron cancelados por los tribunales al encontrar irregularidades.
El Tribunal Contencioso Administrativo declar¨® nulas en 2010 las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energ¨ªa (MINAE) y de la Secretar¨ªa T¨¦cnica Ambiental (Setena) en las que se otorgaban la viabilidad ambiental y la concesi¨®n minera y se aprobaba modificar el proyecto y el uso del suelo.
La Sala I (casaci¨®n) de la Corte Suprema de Justicia declar¨® en 2011 sin lugar una serie de apelaciones de la minera y la Sala Constitucional rechaz¨® otra serie de acciones presentadas por la firma.
La Fiscal¨ªa tambi¨¦n investiga el caso por presuntas ilegalidades en los permisos otorgados a la minera.
La firma, que esperaba conseguir al menos 19,8 toneladas de oro en los 10 a?os previstos en la concesi¨®n, inici¨® las obras de la mina pero no pudo finalizarlas ni extraer oro.
Grupos ecologistas denunciaron durante a?os ante los tribunales las irregularidades en la concesi¨®n del permisos y los riesgos para el medio ambiente que, a su juicio, supon¨ªa el proyecto.
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