El Constitucional admite un recurso contra el d¨¦ficit el¨¦ctrico

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite la cuesti¨®n de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional acerca del nuevo mecanismo de financiaci¨®n de los planes de ahorro y eficiencia energ¨¦tica, que recaer¨¢ sobre once empresas, especialmente las grandes el¨¦ctricas, seg¨²n consta en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) de este mi¨¦rcoles.

La cuesti¨®n de inconstitucionalidad hab¨ªa sido planteada por la secci¨®n cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia y afecta a la disposici¨®n adicional tercera del real decreto ley 14/2010, esto es, la norma aprobada en diciembre de 2010 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebasti¨¢n, con medidas para acabar con el d¨¦ficit de tarifa.

En concreto, la Audiencia cree que podr¨ªa resultar "discriminatorio y arbitrario" que un grupo concreto de empresas y no el conjunto de los productores de electricidad, incluidos los del hasta ahora conocido como r¨¦gimen especial (renovables y cogeneraci¨®n), sean las que tengan que financiar estos planes durante los a?os 2011, 2012 y 2013.

En el auto en el que se plante¨® esta cuesti¨®n, la Audiencia cifra en 670 millones los importes que las el¨¦ctricas tradicionales deben dedicar a los planes de ahorro y eficiencia, a raz¨®n de 270 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones en 2013.

El real decreto ley 14/2010, en el que tambi¨¦n se incluy¨® el recorte a la fotovoltaica y una senda para acabar con el d¨¦ficit de tarifa, la norma obliga a financiar los planes de ahorro y eficiencia energ¨¦tica a un n¨²mero limitado de empresas, que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC, E.ON, AES Cartagena, Bizkaia Energ¨ªa, Castelnou Energ¨ªa, Nueva Generaci¨®n del Sur, Bahia de Bizkaia Electricidad y Tarragona Power.

Estas empresas, se?ala el real decreto ley, deben hacerse cargo de la ejecuci¨®n de las medidas del plan de acci¨®n 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energ¨¦tica en Espa?a para el periodo 2004-2012.

El origen de la disputa acerca de la financiaci¨®n de estos planes se remonta a 2003, cuando el Gobierno aprob¨®, en aplicaci¨®n de una directiva comunitaria, el plan de Estrategia de ahorro y Eficiencia energ¨¦tica en Espa?a 2004-2012, referido a diversos sectores, que van desde la industria al transporte, pasando por los edificios, equipamiento de los domicilios y ofim¨¢tica, agricultura, sector p¨²blico y, adem¨¢s, sector el¨¦ctrico.

Dos a?os despu¨¦s, en 2005, el Gobierno lanz¨® el Plan de acci¨®n 2005-2007 de la estrategia de ahorro y eficiencia energ¨¦tica en Espa?a 2004-2012', financiado con cargo a la tarifa el¨¦ctrica, que sufragan a su vez los consumidores de luz.

Esta decisi¨®n de cargar a la tarifa un plan plurisectorial fue anulada en 2007 por el Tribunal Supremo, que record¨® que en ning¨²n momento la Ley del Sector El¨¦ctrico contempla este tipo de actuaciones entre los diferentes conceptos de la tarifa.

Para resolver la forma de financiaci¨®n de estos planes, el anterior Gobierno adopt¨® la medida ahora cuestionada por la Audiencia, consistente en trasladar el coste a las empresas del r¨¦gimen ordinario de producci¨®n de electricidad.