Consejos cuestionados
Los consejos de administraci¨®n de las empresas son instituciones tan necesarias como necesitadas de un estrecho escrutinio: de los accionistas, en primer lugar, pero tambi¨¦n de las autoridades supervisoras de los mercados financieros. Resulta especialmente necesario en las empresas cotizadas. Ese seguimiento se ha de traducir en la disposici¨®n de fundamentos para que los accionistas validen o censuren la gesti¨®n de esos agentes delegados que han de actuar por el bien de la mayor¨ªa de los propietarios, y no necesariamente a favor de quienes, en no pocas ocasiones, con participaciones reducidas en el capital, se permiten actuar como si fueran propietarios exclusivos. Del buen gobierno de las empresas depende la legitimidad del sistema econ¨®mico.
La separaci¨®n de la propiedad del control de las empresas es un hecho desde que el crecimiento de las grandes corporaciones exigi¨® cantidades crecientes de capital propio, no susceptibles de ser aportadas por sus fundadores. Los economistas institucionalistas estadounidenses iniciaron a principios del siglo pasado el estudio de algunas consecuencias de ese creciente divorcio, de la necesidad, en definitiva, de apelar a las aportaciones de accionistas an¨®nimos que llegan en muchos casos a reunir amplias mayor¨ªas del capital y a delegar el control en administradores profesionales. Y los objetivos de estos no siempre coinciden con los de los propietarios, sobre todo si estos mantienen atomizadas y reducidas proporciones del capital. De ah¨ª la funci¨®n esencial atribuida a las juntas de accionistas y en ¨²ltima instancia a los consejos de administraci¨®n.
El establecimiento de la remuneraci¨®n de los administradores y de los directivos profesionales es un asunto de primordial importancia. Para llegar a cualquier conclusi¨®n a ese respecto, es fundamental que haya transparencia. En ese sentido, el mercado espa?ol ha avanzado hasta ser homologable con los que mejores pr¨¢cticas exigen a sus empresas cotizadas. Desde este a?o, est¨¢n obligadas a publicar con todo detalle las retribuciones de todos los miembros de sus consejos de administraci¨®n.
Esta crisis ha ofrecido distorsiones impropias de modernas sociedades empe?adas en defender el sistema de econom¨ªa de mercado. Empresas que cotizan en Bolsa o entidades como las cajas de ahorros que han necesitado multimillonarias ayudas p¨²blicas costeadas por los contribuyentes asignaron remuneraciones multimillonarias a sus consejeros y altos directivos, que en ocasiones solo han salido a la luz a ra¨ªz de procedimientos judiciales. A pesar de la crisis, la brecha entre la remuneraci¨®n percibida por los administradores de las compa?¨ªas cotizadas, incluidas las espa?olas, y el resto de los trabajadores no se ha reducido. Como no han desaparecido los blindajes y otras v¨ªas de percepci¨®n de ventajas econ¨®micas directas o indirectas.
Ese tipo de pr¨¢cticas no han sido suficientemente censuradas en las juntas de accionistas, ni merecen la necesaria advertencia de los supervisores. La exigencia de difusi¨®n de la informaci¨®n y transparencia suficiente acerca de la calidad t¨¦cnica de los administradores y de sus compensaciones deber¨ªa ser la condici¨®n necesaria, aunque de ning¨²n modo suficiente, para esa necesaria extensi¨®n de la inversi¨®n en acciones imprescindible en la financiaci¨®n de cualquier econom¨ªa moderna.
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