La exc¨²pula de Pened¨¨s apuesta por devolver la pensi¨®n para rebajar la pena

El que fuera director general de Caixa Pened¨¨s, Ricard Pag¨¨s Font, junto a sus exdirectivos Manuel Troyano, Santiago Jos¨¦ Abella y Juan Caellas han tratado este mi¨¦rcoles de reducir la pena de c¨¢rcel a la que se enfrentan en la Audiencia Nacional por haberse adjudicado planes de pensiones millonarios de forma irregular y "a espaldas" de los m¨¢ximos ¨®rganos colegiados de la entidad.

La ¨²ltima fase del juicio, que les ha sentado en el banquillo por un presunto delito societario continuado de administraci¨®n desleal, ha quedado interrumpida a la espera de que el Grupo BMN (Banco Mare Nostrum) -en el que se integr¨® la caja- modifique su escrito de conclusiones provisionales. La vista concluir¨¢ as¨ª ma?ana con las conclusiones definitivas de las partes.

Seg¨²n informaron a Europa Press fuentes jur¨ªdicas, los acusados est¨¢n buscando una rebaja de penas con el reconocimiento de los hechos y la devoluci¨®n de 28,6 millones de euros. Los ¨²nicos que llegaron a percibir parte de las sumas que se asignaron fueron Pag¨¨s, Abella y los herederos del exdirector de Recursos Humanos, ya fallecido.

El fiscal anticorrupci¨®n Emilio S¨¢nchez Ulled mantendr¨¢ previsiblemente la petici¨®n de pena de tres a?os y medio de c¨¢rcel para Pag¨¨s y tres a?os de prisi¨®n para Troyano, Abella Rodr¨ªguez y Caellas al considerar que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se autoconcedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas p¨®lizas.

Al inicio de la sesi¨®n, el antiguo director general de Caixa Pened¨¨s, Manuel Troyano, ha recordado que ¨¦l no lleg¨® a percibir la p¨®liza de 6,16 millones contratada. En ese momento, el juez central de lo Penal Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia ha intervenido para recordar que una posible aminoraci¨®n de la pena conllevar¨ªa el reconocimiento de los hechos.

Durante las primeras sesiones del juicio, la antigua c¨²pula de Caixa Pened¨¨s ha defendido que sus gratificaciones por jubilaci¨®n cumpl¨ªan con la legalidad y que se contemplaban en los contratos de alta direcci¨®n que firmaron con la caja.

Sin embargo, la Fiscal¨ªa mantiene que todos ellos actuaron desde 2001 "de com¨²n acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que reg¨ªan, generando obligaciones econ¨®micas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los m¨¢ximos ¨®rganos colegiados".

Por ello, reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las p¨®lizas cobradas por Pag¨¨s y Abella, a los que habr¨ªa que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se determinar¨¢n en sentencia. Pide, adem¨¢s a los herederos de Jorba, a los que considera part¨ªcipes a t¨ªtulo lucrativo, m¨¢s de 2,5 millones.

Para el fiscal, Pag¨¨s dise?¨® una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos econ¨®micos a espaldas de los ¨®rganos colegiados de la caja a trav¨¦s de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Sumando el plan de pensiones y cuatro p¨®lizas suscritas, Pag¨¨s se adjudic¨® 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

Anticorrupci¨®n asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colch¨®n econ¨®mico que los acusados se hab¨ªan autoconcedido se vio perturbada por la crisis econ¨®mica" y el proceso de reestructuraci¨®n del sistema financiero espa?ol, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.

En el caso de Caixa Pened¨¨s, a esto se uni¨® que en 2010 la entidad se fusion¨® a Caja Granada, Caja Murcia y 'Sa Nostra' Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibi¨® ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder los beneficios econ¨®micos que se hab¨ªan adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos econ¨®micos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. As¨ª, reunieron a la Comisi¨®n de Retribuciones y a la Comisi¨®n Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pag¨¨s y Caellas", y formalizaron la modificaci¨®n de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.