El Gobierno insta a la banca a comprar la deuda extranjera de las autopistas

El Gobierno pretende que los seis grandes bancos espa?oles se queden con la deuda que las nueve autopistas en quiebra tienen con bancos extranjeros, un pasivo de unos 646 millones de euros que se convertir¨¢ en un bono a treinta a?os y devengar¨¢ un tipo de inter¨¦s del 4,11%, seg¨²n informaron a Europa Press en fuentes del sector.

Este importe es el que resulta de restar a la deuda de 1.300 millones que las autopistas en concurso mantienen con una treintena de bancos for¨¢neos una vez que se le practique la correspondiente quita del 50% que el Gobierno realizar¨¢ a los 4.600 millones de euros de pasivo de estas v¨ªas, contra¨ªdo con bancos y constructoras.

El plan de rescate que ultima el Gobierno contempla as¨ª que la empresa nacional de autopistas que se constituya con las nueve autopistas quebradas nazca con una deuda "m¨¢xima" de 2.300 millones de euros. Un importe que adem¨¢s se convertir¨¢ en un bono a treinta a?os y se estructurar¨¢ en tres tramos.

El primero, de unos 1.355 millones, lo conformar¨¢ la deuda financiera con la banca espa?ola, el segundo (de unos 600 millones) corresponde al pasivo de las v¨ªas con las constructoras, y el tercero, de 646 millones de euros, a la deuda con banca extranjera.

Los dos primeros tramos de deuda devengar¨¢n un tipo de inter¨¦s del 1%, que se eleva al 4,11% en el caso del tercer tramo de la nueva deuda que la banca espa?ola contraer¨¢ para comprar el pasivo a las entidades extranjeras.

Los bancos espa?oles consideran que el cup¨®n que percibir¨¢n por su deuda y el que cobren por la for¨¢nea dar¨¢ lugar a un tipo medio de algo m¨¢s del 2%, un porcentaje m¨¢s pr¨®ximo al del mercado, seg¨²n indicaron dichas fuentes.

De su lado, el Gobierno, con su petici¨®n a la banca de comprar del pasivo de la extranjera, evitar¨¢ que esas entidades financieras abran una eventual batalla legal en los tribunales contra el Estado.

Los principales bancos acreedores de las autopistas quebradas con Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank, Santander y BBVA, adem¨¢s del ICO. En el caso de las entidades extranjeras, el Banco Espirito Santo figura como primer acreedor for¨¢neo, por delante de RBS, ING, Barclays, BNP Paribas y Lloyds.

Est¨¢ previsto que representantes de los ministerios de Fomento y Hacienda se re¨²nan este jueves, 31 de julio, con los grandes bancos espa?oles para tratar de concretar esta reestructuraci¨®n de deuda que incluye el plan de rescate de la autopistas.

Entre los t¨¦rminos del plan por concretar figura la petici¨®n de los bancos de que el Banco de Espa?a les permita liberar las provisiones que han realizado por su exposici¨®n a las autopistas quebradas.

Acumulaci¨®n de concursos de acreedores?

En cuanto a la empresa nacional de autopistas, se integrar¨¢ en Seittsa, una empresa p¨²blica del Ministerio de Fomento que actualmente no realiza actividad alguna. El plan contempla que Seittsa se quede con los activos (las autopistas) y los pasivos (su deuda tras la quita), no con las actuales sociedades concesionarias de las v¨ªas.

Para ello, se prev¨¦ promover la acumulaci¨®n de los procesos concursales en que todas ellas est¨¢n inmersas para ofrecer este ¨²nico convenio de acreedores y reestructuraci¨®n de deuda, seg¨²n detallaron a Europa Press en fuentes del sector.

Fomento prev¨¦ que Seittsa gestione las autopistas sin plazo de concesi¨®n, con el fin de que generen recursos para atender los servicios de la referida deuda con que se constituir¨¢ la nueva empresa p¨²blica de autopistas.

La Seittsa se har¨¢ as¨ª con nueve v¨ªas que suman 748 kil¨®metros de longitud, lo que supone una quinta parte de la actual red de autopistas de peaje, y que en la primera mitad de este a?o contabilizaron un tr¨¢fico de 5.751 veh¨ªculos diarios, un 4,6% menos que el a?o anterior. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el Aeropuerto de Barajas y las que conectan Madrid-Toledo, Oca?a-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalaci¨®n de Alicante. En la actulidad, est¨¢n controladas por grandes grupos constructores.

Con este plan, el Gobierno pretende evitar la liquidaci¨®n de estas infraestructuras, un supuesto que activar¨ªa la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene con sus actuales sociedades concesionarias (participadas por grandes constructoras) y que podr¨ªa suponer un impacto para el Estado de unos 5.000 millones de euros.