El Constitucional portugu¨¦s anticipa el fin de los recortes salariales a los funcionarios

Para atajar el d¨¦ficit p¨²blico, el Gobierno portugu¨¦s hab¨ªa pactado con Bruselas prolongar los recortes salariales a los funcionarios hasta 2015, para ir suaviz¨¢ndolos despu¨¦s, hasta revertirlos en 2019. Y hab¨ªa reformado el impuesto a los pensionistas, para hacerlo m¨¢s liviano, pero permanente. Escarmentado por rechazos anteriores del Tribunal Constitucional a ajustes tan dr¨¢sticos, Lisboa hizo una consulta previa al Alto Tribunal, que este jueves volvi¨® a poner l¨ªmites al Ejecutivo: las rebajas salariales deben cesar en 2016, y el prop¨®sito de una tasa permanente a los pensionistas es, directamente, inconstitucional. La consecuencia es que el Gobierno luso tendr¨¢ que idear nueva medidas de ahorro para cumplir con la UE.

Los jueces del Alto Tribunal, que analizaron la ley a instancias del presidente portugu¨¦s, An¨ªbal Cavaco Silva, coincidieron en que los recortes previstos para los pr¨®ximos a?os son parcialmente contrarios a la Carta Magna y obligan al Ejecutivo a realizar nuevos ajustes por valor de m¨¢s de 500 millones de euros al a?o. El Constitucional ha considerado durante los tres ¨²ltimos a?os ilegales recortes del gasto p¨²blico por valor de varios miles de millones de euros y ha llevado al Gobierno a poner en marcha alternativas para cumplir con las exigencias de la UE y el FMI, que acudieron al rescate de las finanzas p¨²blicas portuguesas en 2011.

Las medidas analizadas, que afectaban a casi un mill¨®n de portugueses entre pensionistas y funcionarios, hab¨ªan sido aprobadas por el Gobierno conservador para acometer una reforma a medio plazo con la meta de sanear las cuentas. As¨ª, los trabajadores p¨²blicos sufrir¨¢n de nuevo un recorte dise?ado por el anterior Gobierno socialista (2005-2011). Tendr¨¢n una reducci¨®n de entre el 3,5 % y el 10 % en los salarios superiores a 1.500 euros mensuales, pero solo hasta 2016.

Veto en pensiones

Los jueces justificaron esta aprobaci¨®n parcial debido a la necesidad de que el Gobierno baje su d¨¦ficit p¨²blico, tal y como pidi¨® la troika, integrada por el FMI, la UE, y tambi¨¦n por el Banco Central Europeo.

Sin embargo, la norma sobre las pensiones no entrar¨¢ en vigor por ¡°la violaci¨®n del principio de protecci¨®n de confianza¡±, seg¨²n el fallo de los jueces. Esta ley consist¨ªa en un plan definitivo de reducci¨®n de las pensiones, llamado ¡°contribuci¨®n de sostenibilidad¡±, que sustitu¨ªa a una tasa de solidaridad temporal m¨¢s onerosa. La nueva contribuci¨®n establec¨ªa una tasa en varios rangos, del 2 % a aquellas pensiones que cobraban entre 1.000 y 2.000 euros al mes, que sube al 3,5 % en las de hasta 3.500 euros. El Ejecutivo luso ten¨ªa previsto recaudar unos 370 millones de euros al a?o con esta medida, frente a los 660 millones que ingresaba con la tasa temporal.