El Constitucional avala que Rajoy no subiera las pensiones con el IPC

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad del real decreto ley de noviembre de 2012 que dej¨® sin efecto, para ese ejercicio, la actualizaci¨®n de las pensiones en relaci¨®n con el ?ndice de Precios al Consumo (IPC). La sentencia se?ala que, cuando se aprob¨® el real decreto, los pensionistas ten¨ªan una mera expectativa de derecho a la actualizaci¨®n de su pensi¨®n, pero no un derecho ¡°consolidado, asumido e integrado en su patrimonio¡±, lo que impide considerar inconstitucional la medida.

El Consejo de Ministros decidi¨® en noviembre de 2012 no pagar a los m¨¢s de 8,1 millones pensionistas por la desviaci¨®n de la inflaci¨®n de ese a?o. Esto supuso, en la pr¨¢ctica, una bajada de las pensiones en t¨¦rminos reales. En enero de aquel a?o, las pensiones subieron un 1%. Pero, seg¨²n la norma, hab¨ªa que esperar a noviembre para saber cuanto sub¨ªan finalmente los precios y revisar la subida inicial. Llegado el momento, se supo que los precios hab¨ªan subido en noviembre un 2,9%, seg¨²n el INE. Esto supon¨ªa que el Gobierno deb¨ªa pagar la diferencia. Y decidi¨® no hacerlo, con lo que los pensionistas perdieron poder adquisitivo.

El Constitucional avala la legalidad de aquella decisi¨®n pol¨ªtica. Rechaza as¨ª el recurso formulado por los grupos parlamentarios Socialista, Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Catalu?a Verds-Esquerra Unida y Alternativa (ICV-EUIA), Chunta Aragonesista (CHA), La Izquierda Plural, Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), Convergencia i Uni¨® (CiU) y Uni¨®n Progreso y Democracia (UPyD). Los magistrados Fernando Vald¨¦s Dal-R¨¦ y Luis Ortega han formulado un voto particular discrepante al que se han adherido la vicepresidenta, Adela Asua, y el Magistrado Juan Antonio Xiol.

Seg¨²n los recurrentes, la norma impugnada establece una medida de car¨¢cter retroactivo que vulnera el art. 9.3 CE (principio de irretroactividad de las leyes) en cuanto es contraria al derecho de los pensionistas a recibir ¡°pensiones adecuadas y peri¨®dicamente actualizadas¡±.

Retroactividad

Seg¨²n la reiterada doctrina del Tribunal, que recoge la sentencia, el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 9.3 CE ¡°no es un principio general¡± sino que est¨¢ referido ¡°exclusivamente¡± a las normas sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Esto implica que, fuera de esos dos supuestos, ¡°nada impide constitucionalmente al legislador dotar a la ley del grado de irretroactividad que considere oportuno¡±. Adem¨¢s, lo que proh¨ªbe el art. 9.3 CE es la incidencia de la nueva ley en los ¡°derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas¡±.

En este caso, seg¨²n los recurrentes, la norma impugnada deja de atender la obligaci¨®n de actualizar las pensiones ya recibidas durante el ejercicio 2012. Es decir, los pensionistas ten¨ªan derecho a recibir una compensaci¨®n de esas pensiones en funci¨®n del incremento real del IPC. Por lo tanto, en su opini¨®n, el real decreto ley incide sobre un derecho consolidado.

El Pleno explica que la Ley General de la Seguridad Social (art. 48.1) y el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado (art. 27.1) contienen dos mandatos diferentes: por un lado, la revalorizaci¨®n de las pensiones al comienzo de cada a?o en funci¨®n del IPC previsto para dicho a?o; por otro lado, la actualizaci¨®n de dicha revalorizaci¨®n en aquellos casos en los que el IPC correspondiente al periodo comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio al que se refiere la revalorizaci¨®n sea superior al previsto. En este ¨²ltimo supuesto, cuando hay un desfase entre el IPC real y el IPC inicialmente previsto, se actualizar¨¢n las pensiones ¡°de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)¡±.

Seg¨²n el Pleno, la remisi¨®n que las dos citadas normas hacen a la LPGE no puede entenderse, como pretenden los recurrentes, como ¡°una mera remisi¨®n a los efectos de que esta ley habilite la correspondiente partida del gasto presupuestario¡±; sino que ¡°supone el reconocimiento al legislador de un margen de discrecionalidad a la hora de concretar la eventual actualizaci¨®n de la revalorizaci¨®n en funci¨®n de las circunstancias econ¨®micas y sociales en cada momento existentes, todo ello con la finalidad de asegurar la suficiente solvencia del Sistema de Seguridad Social¡±.

Una mera expectativa

El Tribunal se?ala tambi¨¦n que la referencia ¡°de noviembre a noviembre¡± es una mera regla de c¨¢lculo y que la eventual actualizaci¨®n de la pensi¨®n solo ¡°se devengar¨ªa¡± y, por tanto, quedar¨ªa ¡°consolidada¡±, el 31 de diciembre de cada ejercicio. Esto implica que solo en ese momento (31 de diciembre) ¡°podr¨ªa hablarse de un derecho adquirido a la actualizaci¨®n de la revalorizaci¨®n de las pensiones realizada en los t¨¦rminos previstos en la Ley de Presupuestos¡±. Por ello, el 30 de noviembre de 2012, cuando se dict¨® el real decreto impugnado, ¡°los pensionistas solo ten¨ªan una mera expectativa a recibir la diferencia entre el IPC real y el IPC previsto, expectativa que debiendo ser concretada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio, para el a?o 2012 qued¨® sin efecto por haberse suspendido con anterioridad a su consolidaci¨®n¡±.

En consecuencia, concluye el Pleno, como en la fecha de aprobaci¨®n del real decreto ¡°no exist¨ªa una relaci¨®n consagrada o agotada incorporada al patrimonio del pensionista, sino una mera expectativa, hemos de rechazar que la norma cuestionada haya incurrido en un supuesto de retroactividad aut¨¦ntica o de grado m¨¢ximo prohibido por el art. 9.3 CE¡±.

En su voto particular, los Magistrados Vald¨¦s, Ortega, Asua y Xiol consideran que debi¨® declararse la inconstitucionalidad del precepto impugnado por vulneraci¨®n del principio de irretroactividad de las normas. En su opini¨®n, la ¡°expectativa¡± a ver actualizada la pensi¨®n se convierte en un ¡°derecho adquirido¡± en el momento en el que se cumple la condici¨®n que la ley establece para que se actualicen las pensiones: esto es, cuando el IPC real es superior al IPC previsto. Una vez materializada dicha condici¨®n, el derecho de actualizaci¨®n comprende toda la anualidad, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¡±Por tanto ¨Cafirman- el cumplimiento de la condici¨®n comporta la maduraci¨®n o consumaci¨®n del tan mencionado derecho a la actualizaci¨®n, que se incorpora e integra de manera autom¨¢tica en el patrimonio jur¨ªdico de los pensionistas¡±.