El control oculto de las empresas

Estados Unidos y el mundo est¨¢n imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos sol¨ªan ser llamados ¡°acuerdos de libre comercio¡±; en la pr¨¢ctica, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayor¨ªa se encontraban localizados en EE UU y la Uni¨®n Europea. Hoy en d¨ªa, con mayor frecuencia, tales pactos se denominan como ¡°asociaciones¡±; por ejemplo, el Acuerdo de Asociaci¨®n Transpac¨ªfico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE UU es quien, de manera patente, dicta los t¨¦rminos. Afortunadamente, los ¡°socios¡± de EE UU se muestran m¨¢s recelosos.

No es dif¨ªcil ver por qu¨¦. Estos acuerdos van mucho m¨¢s all¨¢ del comercio, ya que tambi¨¦n rigen sobre la inversi¨®n y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los pa¨ªses, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a trav¨¦s de las instituciones democr¨¢ticas.

Tal vez la parte m¨¢s odiosa ¨Cy m¨¢s deshonesta¨C de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protecci¨®n a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las ¨²ltimas d¨¦cadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garant¨ªa de Inversiones, una filial del Banco Mundial; adem¨¢s, el Gobierno estadounidense y otros Estados proporcionan seguros similares. No obstante, EE UU demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus ¡°socios¡± tienen sistemas de protecci¨®n de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.

La verdadera intenci¨®n de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intenci¨®n de impedir que act¨²en las regulaciones financieras que deber¨ªan proteger a la propia econom¨ªa y a los propios ciudadanos de EE UU. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidi¨¦ndoles recibir compensaci¨®n plena por cualquier reducci¨®n de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.

Esto no es s¨®lo una posibilidad te¨®rica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto que ambos pa¨ªses fueron un poco m¨¢s all¨¢ en comparaci¨®n con EE UU, ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir im¨¢genes gr¨¢ficas que muestran las consecuencias del consumo de tabaco.

El etiquetado est¨¢ logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. As¨ª que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la p¨¦rdida de ganancias.

En el futuro, si descubrimos que alg¨²n otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podr¨ªan demandar a los gobiernos porque ¨¦stos estuviesen tratando de evitar que se maten a m¨¢s personas. Lo mismo podr¨ªa suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones m¨¢s estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuando presid¨ª el Consejo de Asesores Econ¨®micos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposici¨®n similar, denominada ¡°expropiaciones regulatorias¡±. Ellos sab¨ªan que una vez promulgada, las regulaciones se frenar¨ªan, simplemente porque el Gobierno no pod¨ªa permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos ¨¦xito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales como en el Congreso de EE UU.

Las compa?¨ªas no pueden usar los acuerdos comerciales para dictar c¨®mo vamos a vivir

No obstante, ahora los mismos grupos est¨¢n intentando realizar una triqui?uela para pasar por alto los procesos democr¨¢ticos mediante la inserci¨®n de tales disposiciones en las facturas comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para el p¨²blico (pero no para las compa?¨ªas que est¨¢n presionando para conseguir dichas inserciones). Es s¨®lo a consecuencia de fugas de informaci¨®n, y mediante charlas con los funcionarios del Gobierno que parecen estar m¨¢s comprometidos con los procesos democr¨¢ticos que llegamos a conocer lo que est¨¢ pasando.

Es fundamental que el sistema de gobierno de EE UU cuente con un poder judicial imparcial y p¨²blico, con normas legales construidas a lo largo de d¨¦cadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto est¨¢ siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, sin transparencia, y muy caro. Es m¨¢s, esta forma de administraci¨®n de justicia est¨¢ a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los ¨¢rbitros pueden ser ¡°jueces¡± en un caso y defensores en un caso relacionado.

Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes est¨¢n comprometidos con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las compa?¨ªas pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violaci¨®n de otros compromisos ¨Cen lo referido a las normas laborales y ambientales, por ejemplo¨C los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales mediante los cuales puedan personarse para plantear juicios.

Si alguna vez en la Historia hubo un mecanismo de soluci¨®n de controversias que s¨®lo toma en cuenta a una de las partes y que viola los principios b¨¢sicos, este es dicho mecanismo. Es por esto que me un¨ª a l¨ªderes expertos en asuntos legales en EE UU, incluy¨¦ndose entre ellos a profesionales de las Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el env¨ªo de una carta al presidente Barack Obama explic¨¢ndole cu¨¢n perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.

Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos se?alan que EE UU ha sido demandado solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las empresas, sin embargo, apenas est¨¢n empezando a aprender c¨®mo utilizar estos acuerdos para su beneficio.

Es clave que EE UU tenga un poder judicial imparcial y p¨²blico

Y los abogados corporativos de importantes minutas en EE UU, Europa y Jap¨®n probablemente superen a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el inter¨¦s p¨²blico. Peor a¨²n, las empresas de los pa¨ªses avanzados pueden crear filiales en los pa¨ªses miembros a trav¨¦s de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus pa¨ªses de origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para bloquear las regulaciones.

En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protecci¨®n de la propiedad, y en caso de que este mecanismo privado y caro para la resoluci¨®n de controversias fuese superior a un poder judicial p¨²blico, deber¨ªamos estar cambiando la ley no s¨®lo para las adineradas empresas extranjeras, sino tambi¨¦n para nuestros propios ciudadanos y peque?as empresas. Pero nada indica que este sea el caso.

Las reglas y regulaciones determinan en qu¨¦ tipo de econom¨ªa y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociaci¨®n relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad, que es un problema creciente en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las compa?¨ªas ricas usen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos de comercio para dictar c¨®mo vamos a vivir en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE UU, Europa, y el Pac¨ªfico respondan con un rotundo no.

Joseph E. Stiglitz,?es premio Nobel de Econom¨ªa y profesor en la Universidad de Columbia. Su libro m¨¢s reciente, en coautor¨ªa con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.

Copyright: Project Syndicate, 2015.

www.project-syndicate.org. Traducido del ingl¨¦s por Roc¨ªo L. Barrientos.