La Fiscal¨ªa pide entre 2 y 19 a?os de c¨¢rcel para los responsables de Afinsa

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado penas de entre 2 y 19 a?os para los directivos y responsables de Afinsa, la estafa piramidal basada en la compraventa de sellos, y a indemnizar con 2.574 millones de euros a las v¨ªctimas del enga?o, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La Fiscal¨ªa acusa a los directivos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda P¨²blica.En concreto, para Juan Antonio Cano Cuevas, presidente del Consejo de Administraci¨®n de Afinsa pide 19 a?os de prisi¨®n; Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa, 15 a?os; para Carlos de Figueiredo Escrib¨¢, consejero de la sociedad e hijo del fundador, pide 16 a?os; Vicente Mart¨ªn Pe?a, consejero y director general de inversiones del grupo, 15 a?os; y para los consejeros Emilio Ballester y Joaqu¨ªn Jos¨¦ Abajo, 15 y 13 a?os, respectivamente.? Asimismo, les condena a indemnizar a 190.022 clientes titulares de 269.570 contratos filat¨¦licos en vigor con 2.574 millones de euros.

Mientras, se?alan como c¨®mplices de estafa a Francisco Guijarro,?para el que piden ocho a?os tambi¨¦n por blanqueo y fraude a la Hacienda P¨²blica; a Gregory Manning, que se enfrentar¨¢ a cinco a?os de prisi¨®n; Esteban P¨¦rez y Ram¨®n de Egurbide, a cuatro, y Ram¨®n Soler, a tres. Por ¨²ltimo, reclaman dos a?os y medio para Juan y Jordi Domingo por un delito contra la Hacienda P¨²blica, y dos para Francisco Bl¨¢zquez por falseamiento de cuentas anuales.

El juicio por estos hechos arrancar¨¢ el pr¨®ximo 19 de noviembre y se prolongar¨¢ como m¨ªnimo hasta el 20 de enero de 2016. Paralelamente a la investigaci¨®n penal, el Juzgado de lo Mercantil

n¨²mero 6 de Madrid ya calific¨® de culpable el concurso de la sociedad el pasado octubre y conden¨® a Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Mart¨ªn Pe?a a 15 a?os de inhabilitaci¨®n para administrar bienes y a restituir el agujero ocasionado.

En su escrito, la Fiscal¨ªa considera que Afinsa Bienes Tangibles desarroll¨®, al menos desde 1998 y hasta el 9 de mayo de 2006, un negocio de captaci¨®n de ahorro masivo, llevado a cabo en multitud de locales en numerosas poblaciones espa?olas, mediante la formalizaci¨®n de unos contratos tipo de inversi¨®n en sellos que ofrec¨ªan el atractivo de unas rentabilidades superiores a los productos de inversi¨®n comercializados por las entidades financieras, basadas en una revalorizaci¨®n de la filatelia.

La apariencia empresarial era de una actividad l¨ªcita de contrato de compra de sellos por el particular, dep¨®sito de los mismos a cargo de la vendedora ?Afinsa y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opci¨®n para el comprador. ¡°Sin embargo, ni los sellos val¨ªan lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribu¨ªa al ahorrador, con lo que la ¨²nica viabilidad del negocio, tal y como se dise?¨®, consist¨ªa en reproducir ad infinitum esa misma pr¨¢ctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para pagar las desinversiones y rentabilidades de los anteriores, a quienes se les hac¨ªa creer que las cantidades que se les abonaban proced¨ªan de la revalorizaci¨®n de los sellos. A su vez, este mecanismo de financiaci¨®n generaba nuevos compromisos econ¨®micos y crecientes gastos de la sociedad¡±, indica el escrito.

Ello determin¨® que Afinsa se encontrara en la fecha de la intervenci¨®n judicial -y mucho antes- en una situaci¨®n de absoluta insolvencia perfectamente conocida por los responsables de la compa?¨ªa, ¡°que ocultaron mediante una falsa contabilidad para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio¡±, a?ade.

El enga?o a los clientes consist¨ªa, por tanto, en la comercializaci¨®n de unos sellos sin el valor que Afinsa les atribu¨ªa, en ocasiones sin valor alguno, en revalorizaciones inexistentes y en la ocultaci¨®n del estado de insolvencia de la compa?¨ªa, que arroj¨® un creciente patrimonio neto negativo, que alcanz¨®, a 9 de mayo de 2006, fecha de la intervenci¨®n judicial, 1.928,6 millones de euros.