Hacienda rechaza las cuentas del Fondo de Garant¨ªa Salarial otra vez

La Intervenci¨®n General del Estado (IGAE), el ¨®rgano que avala la contabilidad p¨²blica, ha rechazado las cuentas anuales del Fondo de Garant¨ªa Salarial (Fogasa) correspondientes a 2014 al encontrar ¡°limitaciones al alcance¡± para expresar su opini¨®n. Se trata del segundo a?o consecutivo que la Intervenci¨®n deniega las cuentas de este organismo p¨²b,ico encargado de abonar las indemnizaciones y salarios atrasados que las empresas en concurso no pueden afrontar. El organismo auditor, dependiente de Hacienda, justifica que al no existir ¡°una normativa reguladora del pago de las mismas¡± no puede pronunciarse sobre si los pagos son correctos.

La Intervenci¨®n General del Estado ha vuelto a negarse a dar su opini¨®n sobe las cuentas del Fondo de Garant¨ªa Salarial (Fogasa). ¡°La cuentas representativas de la gesti¨®n de prestaciones se encuentran afectadas por la limitaci¨®n al alcance basada en la inexistencia de normativa reguladora del pago de las mismas¡±, se?ala el informe de auditor¨ªa elaborado por la Intervenci¨®n sobre las cuentas de 2014, publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de diciembre. El auditor alerta que este hecho provoca que exista disparidad de criterio para calcular el importe de las prestaciones. El a?o pasado ya rehus¨® pronunciarse sobre las cuentas de la entidad por motivos similares.

Este deficiencia ¡°se traduce en la imposibilidad del auditor para pronunciarse sobre el cumplimiento de la legalidad de las resoluciones de pago de prestaciones y la consencuente comprobaci¨®n de los pagos realizados¡±. El organismo fiscalizador precisa que esta ¡°salvedad¡± no afecta a las prestaciones relacionadas con el despido improcedente en cuanto al c¨¢lculo del salario d¨ªa.

La consencuencia m¨¢s inmediata de esta situaci¨®n es que la Intervenci¨®n no puede garantizar que la contabilidad del Fogasa presenten la imagen fiel del organismo. La opini¨®n del ¨®rgano auditor, dependiente del Ministerio de Hacienda, cobra importancia porque durante el a?o pasado el Fogasa tramit¨® 276.589 expedientes que supusieron un gasto por pago de prestaciones por un importe total de 2.288 millones de euros, lo que representa el 99% de los gastos totales del organismo. El Fogasa, dependiente organicamente del Ministerio de Empleo, abona las indemnizaciones o salarios que los trabajadores no hayan cobrado de sus empresas que est¨¢n inmersas en un procedimiento de concurso de acreedores o en un despido colectivo.

La Intervenci¨®n admite, no obstante, que se han hecho progresos. ¡°En 2014, esta limitaci¨®n al alcance debe limitarse en el tiempo¡±, se?ala el informe de auditor¨ªa, porque el 29 de septiembre de 2014 se aprob¨® el Manual general de procedimiento para la gesti¨®n de expedientes del Fogasa. ¡°No obstante este manual no incluye la regulaci¨®n de todos los supuestos idenficados sistematicamente como origen de la limitaci¨®n al alcance¡±.

Preguntado el Ministerio de Hacienda para que explique con m¨¢s detalle la limitaci¨®n al alcance de la Intervenci¨®n, el Departamento que dirige Crist¨®bal Montoro deriva la responsabilidad al Ministerio de Empleo. Este justifica que durante 2014 se redujo sustancialmente el retraso en la aprobaci¨®n de los expedientes del Fogasa. Recuerda que existen manuales de uso interno para que el reconocimiento de derechos se efect¨²e con criterios uniformes.

El informe de auditoria pone de manifiesto que la Intervenci¨®n solicit¨® varios documentos para constatar la existencia de una regulaci¨®n sobre la gesti¨®n de prestaciones. ¡°Ninguna de la documentaci¨®n ha sido aportada o la aportada no re¨²ne los requisitos necesarios¡±, argumenta el ¨®rganismo de control.

Disparidad de criterios

El auditor sugiere as¨ª que existe cierta discrecionalidad para el c¨¢lculo de las prestaciones. ¡°Esta situaci¨®n se vio agravada en 2014 debido a que la tramitaci¨®n de los expedienes del proyecto Greta ¡ªuna encomienda de gesti¨®n a la entidad p¨²blica Tragsatec para reducir el colapso del Fogasa¡ª fue realizada por personal ajeno sin la experiencia ni la formaci¨®n adecuada¡±. El informe de auditoria revela las ¡°deficiencias y desajustes¡± que encontr¨® el auditor al revisar el nuevo procedimiento desti¨®n. Lo que le llev¨® a concluir que ¡°la limitacion al alcance se eleva al menos al 74,75% del importe de las prestaciones, un 73,77% del gasto del organismo¡±. Es decir, que la Intervenci¨®n no puede garantizar que m¨¢s de 1.700 millones de n¨®minas e indemnizaciones hayan sido pagadas correctamente.

No obstante, Empleo explica que en los ¨²ltimos tres a?os se ha llevado a cabo una profunda modernizaci¨®n del Fogasa y recuerada que la instituci¨®n se encontraba colapasada ante el fuerte aumento de procedimiento de despidos colectivos a partir del estallido de la crisis financiera. Un informe del Tribunal de Cuentas se?ala que los expedientes pendientes de tramitaci¨®n se multiplicaron por tres entre 2007 y 2013. Y revela que, precisamente, a 31 de diciembre de 2013 hab¨ªa 221.384 expedientes pendientes de resolver, un 67% de los que hab¨ªa a finales del a?o anterior.

Pero el Tribunal de Cuentas, en un informe publicado hace unos meses, tambi¨¦n alerta de ¡°la m¨¢s que probable existencia de posible fraude en el cobro de las prestaciones de garant¨ªa salarial¡±. Adem¨¢s, calific¨® como ¡°antiecon¨®mico¡± el plan para reducir el colapso, a pesar de que Tragsatec, la empresa que recibi¨® la encomienda de gesti¨®n para ayudar a reducir el colapso es una entidad p¨²blica.