El fiscal insta al Gobierno a endurecer el control sobre los motores trucados

La fiscal¨ªa especializada en Medio Ambiente insta al Ministerio de Industria a que adopte "con la mayor urgencia posible" cambios en los controles para detectar motores trucados. En concreto, solicita al departamento de Jos¨¦ Manuel Soria que implante las "medidas necesarias" para que la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (ITV) "est¨¦ en condiciones de detectar, corregir y sancionar" irregularidades como la retirada de los filtros que retienen las part¨ªculas contaminantes de los coches di¨¦sel, los llamados FAP. La fiscal¨ªa ha investigado durante meses varios talleres de Madrid que suprim¨ªan estos filtros antipart¨ªculas.

Esta fiscal¨ªa especializada, que coordina Antonio Vercher, envi¨® el jueves a Industria un oficio en el que resaltaba que, "a pesar de las irregularidades que presentaban tras haber sido modificados", los coches sin este filtro superaban la ITV. Por ello, el ministerio p¨²blico entiende que es "imprescindible que desde la Direcci¨®n General de Industria se adopten con la mayor urgencia posible las medidas necesarias" para que la ITV pueda descubrir el trucaje.

La fiscal¨ªa resalta las "innegables consecuencias en materia medioambiental y de seguridad vial" que tiene eliminar el dispositivo, obligatorio en los di¨¦sel vendidos a partir de 2011 en la Uni¨®n Europea. "Ser¨ªa de todo punto inadmisible", apunta el oficio, "que se tolerara mediante una actitud omisiva que tal inspecci¨®n sea en la pr¨¢ctica en un mero formalismo".

Esta fiscal¨ªa ha estado investigando estas pr¨¢cticas durante los ¨²ltimos meses. Tras una denuncia ciudadana, se realizaron varias inspecciones en talleres de Madrid. El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa detuvo a los responsables de ocho negocios que ofertaban en Internet "la anulaci¨®n" de los filtros. Luego, reprogramaban el "software" de los coches para "burlar los controles medioambientales de las ITV", seg¨²n indica la fiscal¨ªa. La retirada de los filtros, seg¨²n inform¨® en octubre la polic¨ªa, costaba entre 100 y 200 euros. Este tipo de dispositivo, ubicado en el tubo de escape y que retiene las part¨ªculas responsables de parte de la contaminaci¨®n de las ciudades, tiene que sustituirse cuando se llena, una operaci¨®n que cuesta unos 1.200 euros.

Tras el an¨¢lisis de alrededor de 50 veh¨ªculos, la fiscal¨ªa especializada concluye que no se puede hablar de "un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente". Seg¨²n el ministerio p¨²blico, no se ha podido "cuantificar con los medios actuales el n¨²mero de veh¨ªculos afectados". Sin embargo, s¨ª considera que detr¨¢s de este caso podr¨ªa haber un delito de "falsedad documental", por lo que se ha remitido el caso a la Fiscal¨ªa de Madrid, que ser¨ªa la competente. Adem¨¢s, se apunta a "posibles responsabilidades administrativas" por parte de los titulares de los talleres y los propietarios de los coches, algo que compete aclarar al Ministerio de Industria, algo que tambi¨¦n se se?ala en el oficio enviado el jueves.

La fiscal¨ªa resalta que tras la investigaci¨®n de Madrid hay "indicios" de que esta pr¨¢ctica se puede "estar produciendo en el resto del territorio nacional". Por ello tambi¨¦n exige a todas las Administraciones e instituciones "el m¨¢ximo esfuerzo para erradicar y sancionar semejantes pr¨¢cticas".