Los Carceller evitar¨¢n la c¨¢rcel tras acordar con la Fiscal¨ªa pagar 92 millones de euros por el fraude fiscal

El acuerdo de Demetrio Carceller padre e hijo con Anticorrupci¨®n, que se fragu¨® el lunes pasado, supone la condena definitiva de los due?os de la cervecera Damm, uno de los principales grupos alimentarios de Espa?a. En su escrito de conclusiones provisionales, de julio de 2013, la acusaci¨®n solicitaba para el nonagenario Carceller Coll una pena total de 48 a?os de c¨¢rcel por 13 delitos contra la Hacienda P¨²blica y blanqueo de capitales, y otra condena de 14 a?os de prisi¨®n para su hijo por cuatro delitos fiscales y blanqueo.

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El fiscal consideraba ¡ªy as¨ª se entender¨¢ a partir de ahora probado en sentencia firme¡ª que, al menos desde 1990, Carceller Coll simul¨® residir fuera de Espa?a ¡ªconcretamente entre Portugal y Reino Unido¡ª para eludir sus obligaciones con Hacienda. Aunque el anciano empresario pasaba sus d¨ªas entre su domicilio de Madrid y su residencia de Galapagar, adoptaba numerosas medidas de precauci¨®n para evitar ser detectado: evitaba restaurantes y sitios de ocio, pagaba sus compras siempre en efectivo y delegaba la firma de sus negocios en su hijo o en su hombre de confianza, Jos¨¦ Luis Serrano, tambi¨¦n condenado en esta causa.

Esta estrategia de discreci¨®n le permiti¨® ocultar durante a?os que era el titular real de ¡°importantes paquetes de acciones¡± de empresas domiciliadas y que operaban principalmente en Espa?a.

Los rendimientos que le daban estos t¨ªtulos se desviaban a un entramado de sociedades radicadas en terceros pa¨ªses, la mayor¨ªa para¨ªsos fiscales como Panam¨¢, Luxemburgo y las extintas Antillas Holandesas. Desde all¨ª, los fondos se invert¨ªan en grandes operaciones inmobiliarias, generalmente en Estados Unidos, seg¨²n el relato de acusaci¨®n del fiscal que ahora deviene en sentencia firme. La red de sociedades interpuestas estaba a cargo del abogado Gabriel Ignacio Pretus Labayen, que completaba el banquillo de los acusados.

El fiscal, en virtud del acuerdo de conformidad, rebaja en varios grados la gravedad de las penas solicitadas inicialmente. As¨ª, al tener en cuenta que los acusados hab¨ªan ¡°reparado totalmente el da?o causado¡± antes del juicio, reduce de tres a?os y tres meses a seis meses y nueve meses, seg¨²n los casos, las penas por cada uno de los delitos contra la Hacienda P¨²blica. Al no superar cada una de estas penas individualmente el a?o de duraci¨®n, el C¨®digo Penal permite sustituirlas por una multa, que se fija en 55,65 millones y que se detraer¨¢ de la fianza que les fue impuesta a los acusados.

Cuota rebajada

Esta rebaja penal, que evitar¨¢ a los condenados ir a prisi¨®n, se suma a la reducci¨®n en las cuotas defraudas pactada el 15 de julio pasado despu¨¦s de que las defensas aportaran nuevos documentos que fueron validados por la Agencia Tributaria, que present¨® una nueva propuesta de liquidaci¨®n. As¨ª, de los 45,33 millones de euros, que se consideraban defraudados entre 2003 y 2009 en los impuestos sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas, Sociedades y de Patrimonio, y que generaban unos intereses de 16,82 millones, se pasa a una cuota defrauda de 24,68 millones con unos intereses de 12,05 millones. Estas cantidades ya han sido satisfechas por los acusados, ¡°extremo determinante para alcanzar la conformidad¡±, recuerda la fiscal¨ªa.