UPA: ¡°Dia miente. Vender el aceite de oliva a 2,19 euros es ilegal¡±

2,19 euros. Es el precio por el que Supermercados Dia vendi¨® durante 28 d¨ªas de verano una botella de un litro aceite de oliva, muy por debajo de su precio habitual, que es de 3,60. La cadena difundi¨® a los pocos d¨ªas un comunicado presumiendo de haber vendido ocho millones de botellas, ocho veces m¨¢s que en el mismo per¨ªodo de 2015. Insiste en que logr¨® vender el aceite tan barato porque prepar¨® la campa?a durante mucho tiempo y compr¨® grandes vol¨²menes. Niega que haya vendido por debajo del precio de coste. Los agricultores, sin embargo, se revolvieron: ellos calculan que el precio de origen de referencia del aceite es de 3 euros, y seg¨²n sus datos, Dia s¨ª habr¨ªa incurrido en una pr¨¢ctica abusiva denominada "venta a p¨¦rdidas". Fueron 17,52 millones de euros de volumen de venta, poco para lo que cuesta el aceite; mucho, a ojos de los agricultores de la asociaci¨®n UPA, si se compara con las sanciones que castigan estas ofertas excesivas, que rondan los 3.000 euros.?

El preciazo, nombre con el que Dia denomin¨® a la campa?a, se extendi¨® entre el 9 y el 22 de junio y entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre. El objetivo de esta oferta gancho es seducir a los consumidores rebajando el precio de un producto b¨¢sico (leche, pollo, aceite...) y conseguir aumentar el margen de beneficio con el resto de productos que complementan la cesta: "Hemos hecho un esfuerzo enorme en comprimir nuestros m¨¢rgenes. No hemos ganado pr¨¢cticamente nada", afirm¨® a este diario Ricardo Curr¨¢s, consejero delegado de Dia, quien adem¨¢s afirmaba conocer la ley en Espa?a y respetar escrupulosamente su cumplimiento.

Los agricultores insisten en que es "imposible" que Dia haya adquirido un litro de aceite de oliva por menos de 2,19, y recurren a los datos del sistema POOLred, que indica que el precio medio ronda los 3 euros:?"Dia miente. Ya hay multas a otros supermercados por el mismo motivo. Saben que esto es ilegal", afirma tajante Crist¨®bal Cano, secretario general de la delegaci¨®n de Ja¨¦n de la Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPA). La cadena de supermercados, por su parte, ya defendi¨® que vendieron con m¨¢rgenes m¨ªnimos, pero por encima del coste. Incluso aseguraron que gracias a sus compras masivas, los precios en origen incluso subieron.

Unas sanciones "rid¨ªculas"

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Por una pr¨¢ctica similar, en septiembre, Extremadura mult¨® a Carrefour con 42.120 euros y la Comunidad de Madrid con 3.005 euros a El Corte Ingl¨¦s. "Que a estas organizaciones, que manejan millones, se les ponga una sanci¨®n de 3.000 euros, ?qu¨¦ les supone? Es irrisorio. Las administraciones tienen que involucrarse para que se cumpla la ley. Las sanciones son absurdas", lamenta Jes¨²s Anchuelo, secretario general de UPA Madrid. Su compa?ero Crist¨®bal Cano puntualiza: "La multa de m¨¢s de 40.000 euros de Extremadura a Carrefour es la excepci¨®n. Sigue siendo insuficiente, pero es el camino a seguir. Solo cuando estas multas les hagan da?o a las grandes empresas de distribuci¨®n ser¨¢n conscientes de que no pueden seguir recurriendo a estas malas pr¨¢cticas", advierte Cano, quien teme que las grandes superficies hayan tomado esta pr¨¢ctica abusiva como "forma habitual" de atraer al consumidor. Carrefour y El Corte Ingl¨¦s han declinado hacer alguna declaraci¨®n al respecto. El Corte Ingl¨¦s, sin embargo, ya se?al¨® que hab¨ªa recurrido la sanci¨®n.

La ley de la cadena alimentaria naci¨® en 2013, con Miguel Arias Ca?ete al frente del Ministerio de Agricultura, precisamente con el fin de evitar abusos por parte de cualquier integrante del proceso productivo (recolecci¨®n, envasado, distribuci¨®n...). La norma establece que los agricultores u organizaciones agrarias pueden denunciar ante Agricultura los casos en los que consideren que se infringe la ley. El ministerio se dedica a trasladar las acusaciones a las comunidades aut¨®nomas donde se produce el conflicto, ya que cada una cuenta con un organismo de control con capacidad de expedientar y sancionar a las empresas. Desde enero de 2014 ha habido 127 denuncias, de las cuales 40 tratan sobre la venta a p¨¦rdidas. El problema es que demostrar una venta a p¨¦rdidas no es f¨¢cil.

Una pr¨¢ctica que enfurece a agricultores

Los agricultores de la UPA califican la venta a p¨¦rdidas de "ruina" para el campo: "Las grandes cadenas de supermercados no est¨¢n para favorecer al consumidor, sino para ganar dinero, y lo hacen a costa de lo que sea, en este caso de manchar el nombre de los productos agr¨ªcolas", critica Cano. Los productores lo rechazan porque una oferta tan agresiva podr¨ªa contribuir a una ca¨ªda del precio y a la p¨¦rdida de rentabilidad de las explotaciones agrarias. Tambi¨¦n consideran que puede ser un riesgo para la reputaci¨®n del aceite de oliva como producto que, al estar tan rebajado, puede ser considerado de peor calidad.

"Ser¨ªa m¨¢s rentable para nosotros tratar con pesticidas prohibidos, que son m¨¢s baratos. Pero nosotros cumplimos la ley. Si alguien la infringe, la administraci¨®n tiene que perseguirlo. Lo ¨²nico que pedimos es eso: que se cumpla la ley", afirma Anchuelo. Aunque la ley proh¨ªbe expresamente la venta a p¨¦rdidas, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y de la Competencia ha tolerado en algunos casos esta pr¨¢ctica.

El misterio de las sanciones secretas

Los organismos sancionadores de las comunidades aut¨®nomas tambi¨¦n pueden actuar de oficio, sin necesidad de que alguien denuncie, al detectar irregularidades en el proceso productivo. Pero la ley no les obliga a publicar ning¨²n dato sobre el proceso sancionador: ni qu¨¦ empresa es multada, ni la cuant¨ªa, ni las razones. El sindicato UPA considera que el procedimiento es opaco y que hurta al consumidor informaci¨®n de las malas pr¨¢cticas que llevan a cabo las compa?¨ªas: ¡°Tiene que haber transparencia. Las sanciones deben ser p¨²blicas y notorias para que las empresas sancionadas se piensen volver a hacerlo". Creen que si las sanciones son tan ¡°desproporcionadamente bajas¡± y no hay da?o a la reputaci¨®n de las empresas que hacen malas pr¨¢cticas, la ley, en este aspecto, "no tiene ning¨²n sentido".