La CNMC reclama m¨¢s competencias y mayor capacidad sancionadora

El presidente de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Jos¨¦ Mar¨ªa Mar¨ªn Quemada, ha pedido m¨¢s competencias y mayor capacidad sancionadora. Mar¨ªn aprovech¨® una comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de sus actuaciones, para pedir apoyo a los grupos parlamentarios para cambiar la ley de 2007 y aumentar las multas para que sean disuasorias. A su juicio, "la cuant¨ªa de las sanciones no es equiparable, a veces ni de lejos, al da?o que producen los carteles".

Pero Mar¨ªn fue especialmente incisivo en las cr¨ªticas por la falta competencias y las dificultades que encuentra en el Gobierno para desarrollarla en todos los sectores en los que trabaja. En ese sentido, destac¨® que las actuaciones en materia el¨¦ctrica serian "mucho m¨¢s eficaces si la CNMC tuviera las competencias que establecen las directivas europeas; somo el ¨²nico regulador de la energ¨ªa en la UE cuyas decisiones en ¨¢mbitos muy relevantes no son vinculantes". En este punto record¨® que Bruselas tiene muy avanzado un procedimiento contra Espa?a por ese motivo que puede derivar en importantes sanciones si no se introducen cambios legislativos que se exigen.

Para Mar¨ªn, tener un r¨¦gimen diferente evitar¨ªa que el Gobierno hiciera pol¨ªtica industrial a trav¨¦s de las tarifas el¨¦ctricas, "esencial para el bienestar de los consumidores". Adem¨¢s su juicio, el recibo de la luz sigue siendo demasiado complejo.

No se par¨® en el sector el¨¦ctrico. Tambi¨¦n pidi¨® mayor "desarrollo de un mejor regulador del sector postal, ferroviario o el transporte por carretera", que contribuir¨ªa a mejorar la competitividad de las empresas. En este punto, se quej¨® de "el marco regulador no d¨¦ la ¨²ltima palabra a la autoridad independiente" en la fijaci¨®n de tarifas a¨¦reas y que corresponda al Gobierno, cuando es el principal accionista de la compa?¨ªa. Mar¨ªn record¨® que la CNMC ha dicho que deber¨ªan bajar un 2% anual entre 2017 y 2021.

Cr¨ªticas a Adif y Correos

Asimismo, rese?¨® la necesidad de adecuar los c¨¢nones ferroviarios y avanzar en el an¨¢lisis del nuevo modelo de costes del administrador de infraestructuras (Adif). Tambi¨¦n atac¨® al Ejecutivo por el servicio postal. "Que Correos no disponga todav¨ªa de un plan de prestaci¨®n del servicio postal universal, algo exigido por ley desde 2010, evidencia la dificultad para avanzar en este ¨¢mbito", subray¨®.

Mar¨ªn repas¨®, por otra parte, las acciones de la instituci¨®n. "Nunca antes se des armaron y sancionaron tantos carteles, hasta 14", afirm¨®. La reforma de la ley de contratos, que permite prohibir a las empresas cartelizadas que participen en licitaciones p¨²blicas, contribuir¨ªa al reducir esas pr¨¢cticas, seg¨²n Marin, que se detuvo sobre tofo en los carteles en contrataciones publicas, cuyo desmantelamiento ha permitido luchar contra la corrupci¨®n.

Seg¨²n datos del organismo, el desmantelamiento de carteles entre 2011 y 2015 supusieron un ahorro de 640 millones para los consumidores. La cifra aumenta al 1.260 si solo se tiene en cuenta la a?os 2014 y 2015.

Mar¨ªn defendi¨®, por otra parte, la existencia de estaciones de servicio autom¨¢ticas " porque aumentar¨ªa la competencia, no plantear¨ªa problemas de seguridad y facilitar¨ªa el acceso de usuarios". Informo que las cooperativas agrarias ya funcionan as¨ª y que en pa¨ªses como Suecia y Noruega supera el 60% del total y en B¨¦lgica y holanda, el 20%.

Fallo de la justicia europea

Los grupos pol¨ªticos de la oposici¨®n aprovecharon para atacar al Gobierno sobre todo por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que considera ilegal el cese del anterior presidente de la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo, y el vicepresidente, Xabier Ormaechea, como consecuencia de la creaci¨®n de la actual CNMC hace tres a?os. Se trata de una respuesta a una consulta judicial, que en todo caso ahora deber¨¢ concretar el Supremo en Espa?a. La creaci¨®n de una comisi¨®n que aglutinara a todos los reguladores existentes fue rechazada por el PSOE y ahora puesta en tela de juicio por el resto de grupos.