El Gobierno acabar¨¢ con los contratos p¨²blicos sin publicidad

El Gobierno ultima la legislaci¨®n para acabar con el procedimiento negociado sin publicidad, precisamente la f¨®rmula que usaban tramas como la G¨¹rtel para trocear contratos y burlar el control. Y lo hace bajo la presi¨®n de Bruselas, que a cambio de anular la multa por incumplir el d¨¦ficit exig¨ªa, adem¨¢s, que se dotase cuanto antes de mayor transparencia a la contrataci¨®n p¨²blica. Entre otras medidas, se publicitar¨¢n los modificados para que otras empresas puedan impugnarlos y se crear¨¢ un nuevo sistema de gobernanza de la contrataci¨®n. Este ser¨¢ uno de los primeros paquetes que apruebe el pr¨®ximo Ejecutivo.

En la actualidad, cualquier contrato p¨²blico cuyo importe oscile entre 18.000 y 100.000 euros se puede otorgar mediante el proceso negociado sin publicidad. Si se trata de obras, las cantidades se remontan a una horquilla entre 50.000 y un mill¨®n de euros. Por este proceso, el adjudicador p¨²blico busca al menos tres empresas de acreditada solvencia y negocia las ofertas directamente con ellas. Sin embargo, esta licitaci¨®n carece de la publicidad necesaria para que puedan acudir m¨¢s postores. Para colmo, la rapidez y facilidad con la que se negocia directamente ha provocado que este proceso prolifere en el sector p¨²blico. Muchas veces por pura comodidad. Hasta el punto que la UE considera que las administraciones espa?olas est¨¢n abusando de este modelo.

Seg¨²n las cifras que maneja la Comisi¨®n Europea, Espa?a figura como uno de los pa¨ªses con un porcentaje m¨¢s bajo de publicidad de sus contratos p¨²blicos. Alemania, por ejemplo, tambi¨¦n aparece en el grupo de cabeza de esta lista. Aunque muchas tramas delictivas se hayan beneficiado de este esquema, no s¨®lo representa un problema de corrupci¨®n. A juicio de las instituciones europeas, sobre todo es una cuesti¨®n de eficiencia y calidad del gasto p¨²blico. La Comisi¨®n pretende que la licitaci¨®n se simplifique y se abra a la competencia, de modo que empresas de cualquier pa¨ªs europeo puedan competir por contratos en toda la Uni¨®n. De ah¨ª su particular insistencia en recogerlo en las recomendaciones que el 8 de agosto formul¨® el Consejo Europeo para Espa?a. Y ello a cambio de condonar la multa por incumplir el objetivo de d¨¦ficit.

El Gobierno ten¨ªa pr¨¢cticamente terminado el proyecto de ley que transpone la directiva europea. Pero al estar en funciones este a?o no ha podido sacarlo adelante, incumpliendo el plazo que venc¨ªa el pasado 18 de abril. En el Plan Presupuestario remitido el 15 de octubre, el Ejecutivo ha prometido a Bruselas que aprobar¨¢ cuanto antes la supresi¨®n de los contratos negociados sin publicidad. Y el PP ha presentado en el Congreso una proposici¨®n de ley para mejorar la transparencia en la contrataci¨®n p¨²blica. ¡°Es necesario crear los dispositivos adecuados para satisfacer estas obligaciones con la m¨¢xima celeridad, sobre las que el Estado espa?ol tendr¨¢ que rendir cuentas con car¨¢cter inminente el pr¨®ximo 18 de abril de 2017¡±, reza la exposici¨®n de motivos del grupo popular. Tan pronto como se pueda ratificar en el Parlamento, comunidades y ayuntamientos tambi¨¦n tendr¨¢n vetado el uso del contrato negociado sin publicidad, seg¨²n afirma el Gobierno en el Plan enviado a la Comisi¨®n.

En la actualidad, cualquier contrato p¨²blico cuyo importe oscile entre 18.000 y 100.000 euros se puede otorgar mediante el proceso negociado sin publicidad

Los modificados

Pero estos planes no solo erradican los contratos negociados sin publicidad. Tambi¨¦n obligan a que se publiciten todos los modificados en la obra p¨²blica, unas ampliaciones del proyecto que sol¨ªan encarecerlo y del que las empresas abusaban. La idea consiste en que se publiquen estos modificados para que las compa?¨ªas de la competencia puedan impugnarlos si los juzgan abusivos. El texto legal contempla, adem¨¢s, facilidades para el acceso a las pymes; penalizar a las empresas morosas; introducir est¨¢ndares sociales y medioambientales; imponer esta misma norma de contrataci¨®n a partidos pol¨ªticos, sindicatos y patronales, o limitar las bajas temerarias al 2,5% del precio medio, algo que algunos expertos critican por eliminar la competencia a precio.

Entre estas iniciativas, destaca la creaci¨®n de un nuevo sistema de gesti¨®n de la contrataci¨®n p¨²blica. En su an¨¢lisis de agosto, la Comisi¨®n pone ¨¦nfasis en la falta de controles ex ante y ex post. Con independencia de la labor de los interventores y el Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo comunitario pide algo m¨¢s: ¡°La ausencia de un cuerpo independiente a cargo de asegurarse la eficiencia y el cumplimiento legal en el aprovisionamiento p¨²blico de todo el pa¨ªs dificulta la implementaci¨®n adecuada de las reglas de contrataci¨®n y puede crear oportunidades para el delito¡±.

Ante estas demandas, el Gobierno de Rajoy ha brindado a un organismo ya existente la responsabilidad de supervisi¨®n: la Junta Consultiva de Contrataci¨®n Administrativa, un ¨®rgano de Patrimonio del Estado y, por lo tanto, dependiente de Hacienda. Este se encargar¨¢ de elaborar el Plan Nacional de Supervisi¨®n y de coordinarse con el resto de administraciones. Y su labor se complementar¨¢ con la de la Oficina de Evaluaci¨®n, cuyo cometido ser¨¢ el de asegurarse que los contratos suscritos son financieramente sostenibles y no acaban siendo un lastre para las cuentas p¨²blicas como sucedi¨® con las radiales o El Castor.

Sin embargo, varios expertos lamentan que este sistema sea poco ambicioso y se quede por debajo de lo que exige la directiva. ¡°Bruselas en realidad reclama una autoridad que tenga la independencia suficiente y poderes plenos para actuar. Algo que no ocurre si depende del Ministerio¡±, subraya uno de los expertos consultados.