Lobbies, la regulaci¨®n olvidada
Una de las reformas pendientes es poner a Espa?a a la altura del resto del mundo en el registro y control de grupos de presi¨®n
No es f¨¢cil definir la naturaleza de un lobby, m¨¢s all¨¢ de la descripci¨®n propia de diccionario (un grupo que defiende sus intereses y act¨²a por persuasi¨®n, negociaci¨®n o presi¨®n sobre los autores de las leyes). Pero un grupo de presi¨®n puede disfrazarse tras la careta de un grupo de estudios, de una asociaci¨®n de exalumnos o de un colectivo de mel¨®manos que, casualmente, son empresarios del aceite o del textil. Hasta el momento presente, en Espa?a (no en Estados Unidos ni en Europa), los lobbies negaban su naturaleza, a pesar de que constituyen una actividad leg¨ªtima y plenamente reconocida. De hecho, un lobby implica una declaraci¨®n de intenciones y, en esa medida, el reconocimiento de que el juego de fuerzas debe hacerse expl¨ªcito para que los ciudadanos, votantes y clientes sepan a qu¨¦ atenerse. Pero la cultura de los intereses en Espa?a ha discurrido m¨¢s por el sendero del pacto de moqueta, el amiguismo y el quid pro quo individual. El pa¨ªs necesita un Max Weber que explique la aversi¨®n tradicional a la transparencia y el prejuicio, ampliamente extendido, de que las leyes y las normas aqu¨ª se hacen siempre a favor o en contra de alguien, sobre todo en contra. El lobby implica conceptualmente que se separan en distintas mesas los presionadores y los presionados, que se ponen enfrente y con camisetas distintas. Y eso es un gran avance, porque lo peor ser¨ªa sentarlos en la misma mesa y con la misma vestimenta; as¨ª se acaba en una corrupci¨®n como la espa?ola o la italiana.
Si se admite la existencia leg¨ªtima de los lobbies en Espa?a ?por qu¨¦ no se regulan en condiciones? Una sociedad que quiera tranquilizar a sus ciudadanos sobre las influencias espurias de los grupos de inter¨¦s sobre el legislador deber¨ªa contar con la transparencia y la convicci¨®n de que esas relaciones est¨¢n reguladas de forma estricta como un argumento capital. Pero, a efectos del gobierno, es un asunto olvidado. Es poco probable que la regulaci¨®n de los lobbies no cuente entre las reformas que se supone hay que hacer. Recu¨¦rdese que, adem¨¢s de una reforma laboral y de un rescate financiero (en Europa no hab¨ªa para m¨¢s), la econom¨ªa espa?ola necesita otras reformas (estas s¨ª son de verdad) como una fiscal, otra de mercados y una tercera de la administraci¨®n. Y eso sin mencionar los cambios legislativos que, sin alcanzar la categor¨ªa de grandes reformas, mejorar¨ªan el funcionamiento de la econom¨ªa. Por ejemplo, una nueva concepci¨®n de los organismos reguladores de los mercados para dotarlos de independencia (hoy carecen de ella) respecto del gobierno.
Uno de esos reguladores, la Comisi¨®n Nacional de Mercados y Competencia, un ente frankensteiniano fabricado por el Gobierno para esconder su deseo de reducir su autonom¨ªa real, dispone de un registro voluntario de lobbies. Es una prueba m¨¢s de la pol¨ªtica de mostrar, pero no hacer; del parloteo en lugar del debate y del confundir el escaparate con la trastienda. Es sintom¨¢tico que el registro se sit¨²e en la CNMC, un organismo limitado por su falta de independencia y sus alborotos internos, a la naturaleza de un departamento de estudios que promueve denuncias, pero que carece de autoridad entre los denunciados. No basta con un registro voluntario; la inscripci¨®n debe ser obligatoria y sujeta a normas que implique agendas, visitas, llamadas y tiempos de entrevista. Un registro p¨²blico, al alcance de los ciudadanos que est¨¦n preocupados por lo que pagan en mercados mal regulados y peor liberalizados. No se trata de estar a la vanguardia de la transparencia mundial, sino de dar un paso modesto hacia lo que ya funciona.
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