Retos legales para los municipios ante la invasi¨®n tur¨ªstica
Prevenci¨®n de accidentes en zonas de ba?o, botellones al aire libe o pago por el acceso a determinadas playas son algunas de las cuesiones que plantean dudas a los ayuntamientos en agosto

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Los municipios espa?oles, especialmente aquellos ubicados en zonas costeras y de monta?a, ven notablemente incrementada su poblaci¨®n, que llega incluso a multiplicarse por seis en peque?os n¨²cleos de poblaci¨®n. Este aumento de los residentes durante la ¨¦poca estival genera unos buenos ingresos extras que ayudan a muchos de los vecinos a sobrellevar el duro invierno, pero tambi¨¦n acarrea una serie de problemas a los que los ayuntamientos deben que enfrentarse cada a?o.
Un tema de preocupaci¨®n para muchos consistorios con la llegada de los veraneantes es la prevenci¨®n de accidentes en zonas de ba?o, ya sea en playas, r¨ªos o piscinas p¨²blicas. Tanto la casu¨ªstica como la normativa son variadas, pues esta ¨²ltima difiere de una comunidad aut¨®noma a otra. En Arag¨®n, por ejemplo, si la piscina municipal tiene un solo vaso o m¨¢s de uno pero sin separaci¨®n f¨ªsica que permita una vigilancia eficaz, es suficiente un solo socorrista. En un pueblo de Castilla y Le¨®n se acondicion¨® una zona del r¨ªo para ba?o pero desconoc¨ªan si estaban obligados a contratar un socorrista, dado que era una zona de libre acceso. La soluci¨®n m¨¢s procedente es la adopci¨®n de unas medidas reguladoras para el uso p¨²blico de la zona: se?alizaciones, asistencia de socorro, horarios, zonas de aparcamiento, prohibici¨®n de acceso o de ba?os de animales dom¨¦sticos, etc.
Y ya que han salido a colaci¨®n los animales dom¨¦sticos, cabe hacerse esta pregunta: ?los perros potencialmente peligrosos para los que sus propietarios han obtenido la correspondiente licencia y han sido inscritos debidamente, pueden ser paseados por persona distinta al titular de la licencia?. El caso se plante¨® a ra¨ªz de un incidente en el que un perro potencialmente peligroso caus¨® da?os a un menor cuando era paseado por un familiar del propietario. La soluci¨®n, dado que la licencia en cuesti¨®n es un documento personal e intransferible, es que todas las personas que tengan a su cargo un perro peligroso para su paseo o esparcimiento, deber¨ªa tener licencia para ello independiente de la del titular del can en cuesti¨®n.
Otro de los conflictos veraniegos por excelencia es el denominado "botell¨®n", que en Andaluc¨ªa est¨¢ permitido a mayores de 18 a?os siempre que se realice en zonas habilitadas al efecto. Pues bien, esta permisividad andaluza a la permanencia de personas consumiendo bebidas en espacios p¨²blicos ha sido limitada por el legislador estatal en la Ley Org¨¢nica 4/2015, de 30 de marzo, de protecci¨®n de la seguridad ciudadana, por lo que existir¨¢ infracci¨®n cuando quede acreditado que la pr¨¢ctica del botell¨®n, aun en un lugar habilitado al efecto por la ordenanza municipal, perturba gravemente la tranquilidad ciudadana.
Tambi¨¦n, ante la afluencia masiva de visitantes y la dificultad para afrontar el mantenimiento y coste de los servicios p¨²blicos, algunos municipios han tratado de encontrar soluciones alternativas que aligeren su carga. Es el caso de los pueblos con zonas especialmente protegidas que, para paliar los numerosos gastos de limpieza, socorrismo y vigilancia, se han planteado la posibilidad de cobrar un precio p¨²blico por el uso de determinadas playas. La respuesta ha de ser negativa, pues la conservaci¨®n de esas zonas es un deber general del ayuntamiento, al igual que, por ejemplo, la limpieza viaria o el servicio de polic¨ªa municipal. Aunque por dichos gastos las arcas municipales no obtienen unos ingresos directos, son sufragados indirectamente por los ciudadanos a trav¨¦s de los impuestos.
En la misma l¨ªnea, es pr¨¢ctica municipal muy habitual la de discriminar a los no residentes en el acceso a las instalaciones deportivas mediante la imposici¨®n de precios m¨¢s elevados que los que se aplican a los habitantes empadronados. De la normativa vigente se desprende que no cabe establecer una tasa o un precio p¨²blico distinto para residentes y no residentes, por lo que el establecimiento de mayores tarifas para los no empadronados, cualquiera que sea el servicio que se preste, es il¨ªcito.
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