?Qu¨¦ es el arbitraje obligatorio para acabar con una huelga?

El Gobierno pretende poner fin a la huelga indefinida de los vigilantes de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat que arranca este lunes mediante la imposici¨®n de un arbitraje obligatorio. Se trata de una figura que ya se ha utilizado en otras ocasiones, por ejemplo en la ¨²ltima huelga de pilotos de Iberia, y que est¨¢ regulada en la decreto ley de huelga, una norma de 1977, previa a la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n. No obstante, este texto fue adaptado en 1981 a la Carta Magna por el Tribunal Constitucional.

Seg¨²n el art¨ªculo 10 de la ley de huelga, "el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duraci¨®n o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la econom¨ªa nacional, podr¨¢ acordar la reanudaci¨®n de la actividad laboral en el plazo que determine, por un per¨ªodo m¨¢ximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio". El Tribunal Constitucional considera que es constitucional la facultad del Gobierno para imponer un arbitraje obligatorio, pero no la de ordenar la reanudaci¨®n del trabajo, seg¨²n la sentencia 11/1981.

El ministro de Fomento, ??igo de la Serna, considera que en este caso se dan los supuestos para establecer ese arbitraje. "Ya ha habido una petici¨®n formal por parte de Fomento a la Abogac¨ªa del Estado que est¨¢ y ha estado haciendo durante el fin de semana el informe pertinente para poder trasladarlo al Ministerio de Empleo y de ah¨ª trasladarlo al Consejo de Ministros, que es quien tiene que dar el primero de los pasos para constituir o formalizar la designaci¨®n de un ¨¢rbitro y, en segundo lugar, darle el tiempo necesario para la elaboraci¨®n de la propuesta que tendr¨¢ un car¨¢cter vinculante para las partes", ha dicho este lunes.

Los expertos dicen que debe recurrirse a esta medida de forma excepcional. Hay divisi¨®n sobre si hace falta que se tengan en cuenta todos los supuestos ("la duraci¨®n o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la econom¨ªa nacional") o si deben valorarse en conjunto sin necesidad de que todos se acumulen.

Pendientes del Consejo de Ministros

La norma se?ala que el competente para establecer el arbitraje es el Gobierno. Por tanto, hasta que no se re¨²na el Consejo de Ministros no podr¨¢ ponerse en marcha. Dado el periodo vacacional, no hay fecha fijada para la pr¨®xima reuni¨®n del Gobierno, pero Rajoy se?al¨® recientemente que no descartaba convocarlo este mi¨¦rcoles en respuesta al desaf¨ªo independentista catal¨¢n. De ser as¨ª, ya habr¨ªa otro punto m¨¢s en el orden del d¨ªa.

El acuerdo del Gobierno tendr¨¢ que fijar el objeto del arbitraje, el nombramiento del ¨¢rbitro (o la forma de nombrarlo), las normas de procedimiento del arbitraje y el plazo para que se dicte un laudo. Normalmente, y as¨ª ocurrir¨¢ en este caso, el tipo de arbitraje no es jur¨ªdico (interpretaci¨®n de una norma), sino de equidad (fijar la soluci¨®n a un conflicto entre las partes).

El ¨¢rbitro suele dar audiencia a las partes, solicitarles propuestas y documentos y realizar las averiguaciones que considere necesarias. Para la emisi¨®n del laudo se fija un plazo m¨¢ximo, pero en ocasiones el ¨¢rbitro ha solicitado una pr¨®rroga. Una vez dictado el laudo, es de cumplimiento obligatorio por las partes, aunque est¨¢ sujeto a recursos (parte del que resolvi¨® el conflicto de Iberia, por ejemplo, fue anulada por los tribunales).

La presencia de la Guardia Civil

La misma norma da cobertura, en principio, a la movilizaci¨®n de la Guardia Civil para agilizar los controles de seguridad de El Prat. El mismo art¨ªculo 10 de la ley de huelga dice en su segundo p¨¢rrafo que "cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestaci¨®n de cualquier g¨¦nero de servicios p¨²blicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podr¨¢ acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podr¨¢ adoptar a tales fines las medidas de intervenci¨®n adecuadas".

Los abogados de los trabajadores de Eulen consideran que es ilegal esa apelaci¨®n a la Guardia Civil en este caso. La norma, como se ha dicho, es preconstitucional. Sin embargo, en la sentencia de 1981 se se?ala que "atribuir a la autoridad gubernativa la potestad para establecer las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios m¨ªnimos no es inconstitucional", si bien se a?ade que el Gobierno est¨¢ limitado en el ejercicio de esa potestad y que habr¨¢ que analizar caso a caso si se vulnera con ello el derecho de huelga.