El juez Andreu admite las querellas contra Saracho y Ron por las cuentas del Popular
El magistrado investigar¨¢ delitos de administraci¨®n desleal, falsedad documental o apropiaci¨®n indebida por la ampliaci¨®n de capital de 2016
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido las tres primeras querellas por la ampliaci¨®n de capital del Banco Popular en 2016, dirigidas contra la propia entidad financiera, los expresidentes ?ngel Ron y Emilio Saracho y miembros de su Consejo de Administraci¨®n. En la causa se investigar¨¢n, entre otros, delitos de falsedades societarias y administraci¨®n desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiaci¨®n indebida. Tambi¨¦n se admite una querella contra la auditoria PriceWaterhouseCoopers, que dio validez a las cuentas de la entidad.
En tres resoluciones dictadas este martes, el magistrado atiende al criterio de Anticorrupci¨®n y acuerda abrir dos piezas separadas. La primera de ellas se refiere a la ampliaci¨®n de capital realizada por el Banco Popular en el ejercicio 2016, por importe de 2.505 millones de euros. La segunda de las piezas investigar¨¢ la supuesta manipulaci¨®n del mercado mediante la publicaci¨®n de noticias que conten¨ªan datos o informaci¨®n que los querellantes califican como falsa. Con ello, afirman las denuncias, se pretend¨ªa hacer caer el valor de la cotizaci¨®n de las acciones del banco. En esta pieza se analizar¨¢n posibles usos de informaci¨®n privilegiada y relevante para la cotizaci¨®n de las acciones con la que los querellados se hubieran podido lucrar.
El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4, que instruy¨® el caso de la salida a Bolsa de Bankia, llamar¨¢ a declarar a los querellados en fechas a¨²n por determinar. Tambi¨¦n requiere documentaci¨®n a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, al Banco Popular y al Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB). Adem¨¢s, solicita al Banco de Espa?a que designe a dos funcionarios para que determinen si la informaci¨®n contable incluida en el folleto de la ampliaci¨®n de capital ofrec¨ªa una imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulaci¨®n o deformaci¨®n.
El juez divide el caso en dos grandes fases o etapas: aquella en la que el Consejo de Administraci¨®n del Banco Popular Espa?ol estuvo presidido por ?ngel Ron, hasta el 20 de febrero de 2017, y la que cont¨® como presidente de la entidad a Emilio Saracho a partir de esa fecha.
Respecto de la primera ¨¦poca se denuncia la operativa de la ampliaci¨®n de capital del Popular, en el ejercicio 2016, por 2.505 millones de euros. Los querellantes entienden que para captar capital se dio a los inversores una informaci¨®n contable y financiera en los folletos que no reflejaba la verdadera situaci¨®n econ¨®mica de la entidad. Esos hechos ser¨ªan constitutivos, a juicio del juez, de un delito relativo a los mercados y los consumidores, competencia de la Audiencia Nacional en relaci¨®n con el concepto de defraudaci¨®n requerido por el Tribunal Supremo, as¨ª como por la grave repercusi¨®n del tr¨¢fico mercantil, dado el montante de la operaci¨®n -2.505 millones de euros- as¨ª como por los miles de accionistas repartidos por toda Espa?a.
Las condiciones salariales e indemnizaci¨®n vitalicia fijada para ?ngel Ron al cesar en el cargo de presidente del Consejo de Administraci¨®n tambi¨¦n ser¨¢n objeto de investigaci¨®n.
En cuanto a la segunda ¨¦poca, contin¨²a el auto, se denuncia lo que se entiende como una campa?a de desprestigio del Banco Popular Espa?ol a trav¨¦s de la publicaci¨®n de noticias que conten¨ªan datos o informaci¨®n falsa, para hacer caer el valor de la cotizaci¨®n de su acciones y obtener as¨ª importantes beneficios, hechos que podr¨ªan constituir un delito de manipulaci¨®n del mercado.
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