Hacienda denuncia al Govern destituido, ANC y ?mnium por los gastos del refer¨¦ndum ilegal

Durante meses Hacienda insisti¨® en garantizar que no se iba a destinar ni un euro de dinero p¨²blico a ¡°veleidades independentistas¡±, como defin¨ªa el ministro Crist¨®bal Montoro el desaf¨ªo independentista hace unos meses. Este Departamento trat¨® por todos los medios de controlar las cuentas de la Generalitat. De hecho, lleg¨® a intervenir sus finanzas a mediados del pasado septiembre. Sin embargo, la consulta ilegal se celebr¨® con la colaboraci¨®n del Gabinete del ex presidente catal¨¢n Carles Puigdemenont y el respaldo de asociaciones pro independentistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ?mnium Cultural.

Hacienda ha denunciado ahora ante el Tribunal de Cuentas el supuesto uso de dinero p¨²blico por parte de la Generalitat para la consulta ilegal. Adem¨¢s, reclama al organismo fiscalizador que calcule cu¨¢nto dinero p¨²blico se ha perdido en estas actividades ilegales para exigir las ¡°indemnizaciones procedentes¡± a los responsables. Entre ellos se?ala a los miembros del Govern destituido y a ANC y ?mnium.

Ese es b¨¢sicamente el contenido de la carta de 23 folios que el secretario de Estado de Hacienda, Jos¨¦ Enrique Fern¨¢ndez Moya, envi¨® el pasado 20 de octubre a la fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas en la que ¡°denuncia la utilizaci¨®n de dinero p¨²blico en el refer¨¦ndum ilegal de independencia que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Catalu?a¡±. El secretario de Estado m¨¢s pol¨ªtico del ministerio de Montoro reclama a la fiscal¨ªa que se identifique al anterior Gobierno de Catalu?a ¡°como responsable de los da?os causados al erario p¨²blico¡±. Y pide que se le ¡°reclamen las indemnizaciones procedentes¡±.

Malversaci¨®n

Otra de las solicitudes de Fern¨¢ndez Moya tiene que ver con el papel que jugaron ANC y ?mnium en la organizaci¨®n de la consulta ilegal, en el que llegaron a repartir m¨¢s de un mill¨®n de papeletas, recuerda. Por eso, reclama que se insten a las mismas a que detallen ¡°la financiaci¨®n con origen p¨²blico y el destino empleado con la misma¡±. Detr¨¢s de todas estas peticiones se esconde un presunto delito por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.

Precisamente este delito en relaci¨®n al 1-O ya se investiga en tres procedimientos judiciales distintos. Uno, el de la Audiencia Nacional, que ha enviado a prisi¨®n a ocho exconsejeros del Gobierno catal¨¢n. Dos, el del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, que les mantiene imputados y que previsiblemente se acumular¨¢ en la Audiencia. Y tres, el que mantiene abierto el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona contra altos cargos del Ejecutivo catal¨¢n.

Esa ¨²ltima causa ¡ªque est¨¢ abierta desde febrero y es la m¨¢s avanzada¡ª investiga tanto la organizaci¨®n del refer¨¦ndum como la creaci¨®n de las estructuras de Estado. El pasado 20 de septiembre, el juez orden¨® entradas y registros en departamentos de la Generalitat y pidi¨® a la Guardia Civil que localizasen y entregasen cualquier documentaci¨®n relacionada con dos partidas presupuestarias que suman 6,2 millones y que, seg¨²n el juez, pudieron utilizarse para organizar la consulta. Recientemente, y tras levantar el secreto de sumario, el juez pidi¨® al Govern que desglose el coste del 1-O ¡ªincluidos actos de campa?a y la estancia de observadores internacionales¡ª y que detalle a qu¨¦ partida y a qu¨¦ departamento se cargaron esos gastos.

17 requerimientos de Hacienda

El relato que hace Fern¨¢ndez Moya repasa todos las actuaciones adoptadas por el Parlamento de Catalu?a y el anterior Ejecutivo catal¨¢n desde las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas, en oto?o de 2015, hasta la celebraci¨®n de la consulta anulada por el Constitucional. Hacienda trata de probar el uso de medios p¨²blicos para la organizaci¨®n del refer¨¦ndum. Desde la presentaci¨®n de las urnas, la disposici¨®n de los colegios electorales, la campa?a institucional en medios de comunicaci¨®n como TV3 o Catalunya Radio, hasta los medios inform¨¢ticos o las aplicaciones m¨®viles, seg¨²n el preciso escrito de Hacienda.

Para evitar todas estas actuaciones, el ministerio envi¨® 17 requerimientos de informaci¨®n a la Generalitat desde mediados de julio hasta el pasado 9 de octubre. Las respuestas se consideraron incompletas o insatisfactorias. Por eso, Hacienda admite que existe la ¡°certeza sobre el ¨¢nimo doloso en la ejecuci¨®n de una actuaci¨®n ilegal empleando por parte del Gobierno de Catalu?a y de las asociaciones ANC y ?mnium¡±. Pero, al tiempo, admite que ¡°su cuantificaci¨®n no resulta posible por el ¨¢nimo de ocultaci¨®n¡±.