Bruselas recuerda a Espa?a que reducir la brecha salarial s¨ª es competencia de los Gobiernos

La brecha salarial entre hombres y mujeres s¨ª es asunto de los Gobiernos. La Comisi¨®n Europea responde as¨ª al mensaje inicial que lanz¨® el presidente espa?ol, Mariano Rajoy, sobre sus reticencias a actuar contra las divergencias de remuneraci¨®n por g¨¦nero. ¡°Corresponde a los Estados atajar las causas y la Comisi¨®n les presta ayuda en forma de asistencia financiera¡±, subraya el brazo ejecutivo de la UE en una respuesta parlamentaria. Tras la polvareda levantada, Rajoy se retract¨® y prometi¨® dar ¡°todas las batallas¡± contra esta inequidad.

El jefe del Gobierno despach¨® con un rotundo ¡°no nos metamos en eso¡± una pregunta sobre divergencias salariales por sexos que le plantearon a finales de enero, durante una entrevista en Onda Cero. Para tratar de demostrar que ese enfoque era err¨®neo, la eurodiputada Beatriz Becerra pregunt¨® al Ejecutivo comunitario si los Estados miembros de la UE, entre ellos Espa?a, ten¨ªan competencias para limar la brecha, que oficialmente representa un 16,2% de media en la UE (14,2% en Espa?a, seg¨²n datos de Eurostat, la agencia estad¨ªstica comunitaria). En la respuesta ofrecida a Becerra la semana pasada, la comisaria de Justicia, Vera Jourov¨¢, insta a los pa¨ªses a asumir su responsabilidad para mejorar las cifras.

En primer lugar, el Ejecutivo comunitario invoca una directiva de 2006 que fija el principio de igualdad de retribuci¨®n, independientemente del sexo o de otras caracter¨ªsticas del trabajador. La respuesta parlamentaria recuerda que Espa?a traspuso esa norma en 2008 pero tambi¨¦n que, en caso de incumplimiento, ¡°se puede incoar un procedimiento de infracci¨®n¡±. Respecto a las causas de la brecha, apunta a las ¡°desigualdades en las horas dedicadas a las obligaciones dom¨¦sticas, lo que se refleja en un mayor porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial o interrumpen su carrera profesional¡±.

Sueldos y pensiones

Becerra conf¨ªa en que la respuesta de Bruselas sirva para concienciar a los Gobiernos, en particular al espa?ol, de la importancia de implicarse en este terreno. ¡°Es un fen¨®meno multivariable que impacta en los salarios y m¨¢s adelante en las pensiones. Aunque solo fuera por cuesti¨®n de n¨²meros, se trata de una cuesti¨®n de Estado. La respuesta de Jourov¨¢ es una interpelaci¨®n clara al Gobierno¡±, se?ala la eurodiputada, una independiente adscrita al grupo liberal del Parlamento Europeo.

Como muestra de que combatir este lastre forma parte de las pol¨ªticas p¨²blicas, Bruselas alega que otorga financiaci¨®n para reducir las disparidades a trav¨¦s de los fondos estructurales. Aunque no figura en la respuesta parlamentaria, Bruselas cita como ejemplo de estas pol¨ªticas un programa denominado Derechos, Igualdad y Ciudadan¨ªa que destina 439 millones de euros a pol¨ªticas de igualdad en el periodo presupuestario 2014-2020. Si se tienen en cuenta todos los programas de promoci¨®n de la igualdad de g¨¦nero, la cantidad de dinero europeo invertida ronda los 6.000 millones de euros, aproximadamente un 1,6% de todos los fondos estructurales que abona Bruselas.

De manera m¨¢s concreta ¡ªy aunque la Comisi¨®n no tiene competencias directas en materia de empleo¡ª, se ha puesto en marcha un plan de acci¨®n para el periodo 2017-2019 que respalda pol¨ªticas de ese tipo. Sus responsables se comprometen a estudiar en unos meses si son necesarias normas legales, por ejemplo, fijar un m¨ªnimo de sanciones aplicables a escala europea en casos de discriminaci¨®n salarial. Aplicar estas medidas ¡°exigir¨¢ esfuerzos de todas las partes, incluidos los responsables de la toma de decisiones en el ¨¢mbito nacional y de la UE¡±, concluye la comisaria Jourov¨¢.

Pese todas las alertas, tampoco las pol¨ªticas europeas colocan la lucha contra la desigualdad de g¨¦nero como una prioridad. Un reciente informe del Parlamento Europeo lamenta que no exista una l¨ªnea presupuestaria clara y espec¨ªfica. Los eurodiputados reclaman que los criterios de igualdad de g¨¦nero se tengan en cuenta para evaluar el cumplimiento de las metas econ¨®micas por parte de los Estados miembros.