Separaci¨®n f¨¢cil y barata

No ha mucho que la instituci¨®n de la familia estaba tipificada como c¨¦lula b¨¢sica de la sociedad. Y no por las facciones ultraconservadoras de las religiones dominantes, sino por los mercados organizados y las industrias de post¨ªn. La familia era el destino final de bienes de larga duraci¨®n y servicios complementarios, sumamente rentables al calor del cr¨¦dito y las ventas a plazos. Piensen en autom¨®viles, electrodom¨¦sticos, viviendas y vacaciones. Hasta finales de siglo, casi todo estaba orientado por la finalidad familiar y sobre el soporte de n¨²cleos de consumo b¨¢sicos. Pero el agudo foco de los negocios fue descubriendo, poco a poco, que la disgregaci¨®n familiar tambi¨¦n constitu¨ªa una oportunidad de ganancia. Y lo descubri¨® porque la familia, como instituci¨®n, tambi¨¦n resulto afectada por una suerte de obsolescencia programada, igual que los m¨®viles o los frigor¨ªficos. Donde hay conflicto ¡ªy en los titulares se podr¨ªa ventear el cambio de humor de la sociedad simplemente leyendo los titulares sobre el aumento imparable de los divorcios¡ª hay oportunidad de innovaci¨®n en manufacturas y en servicios.

Que las separaciones y divorcios tienen un coste para la econom¨ªa familiar es una evidencia que no lleva muy lejos. Cualquier alteraci¨®n de una unidad econ¨®mica tiene que pagarse, como es l¨®gico. Partiendo del principio de que la disoluci¨®n del matrimonio por voluntad de uno o de los dos c¨®nyuges es un servicio p¨²blico m¨¢s de orden jur¨ªdico, la cuesti¨®n es como abaratar ese coste. En el supuesto de que divorciarse cueste, seg¨²n los casos entre 2.000 y 6.000 euros s¨®lo en gastos de procedimiento ¡ªabogados, tribunales, etc¨¦tera¡ª hay que convenir que el precio no est¨¢ al alcance de todos los bolsillos. Como siempre, hay una segmentaci¨®n del impacto en funci¨®n de la capacidad de renta: para los ingresos m¨¢s bajos un coste de 300 euros es mucho m¨¢s perturbador que uno de 16.000 euros para las rentas m¨¢s altas.

Como el coste mayor est¨¢ en el procedimiento y, dentro de ¨¦ste, en aquellos casos en los que no hay acuerdo previo de separaci¨®n, lo que se sigue en consecuencia es que parece necesario inducir leyes y normas que bajen todav¨ªa m¨¢s los costes procesales. Es bien cierto que existe un factor humano y que no puede resolverse un tr¨¢mite de separaci¨®n con impresos extra¨ªdos de p¨¢ginas de Internet. Pero tambi¨¦n es cierto que las complicaciones que encarecen los procedimientos se deben en gran parte a diferencias de criterio o a aproximaciones distintas del mismo problema desde los tribunales. No estar¨¢ de m¨¢s estandarizar todo lo que sea posible el modelo de separaci¨®n para reducir al m¨ªnimo el circuito jur¨ªdico.

Hay otro aspecto que est¨¢ poco cuantificado y que, sin embargo, resulta relevante. Se trata de calcular hasta que punto la proliferaci¨®n de separaciones y divorcios supone un coste para el conjunto de la econom¨ªa. Por supuesto, es evidente que la disoluci¨®n de un matrimonio es una carga a?adida para los c¨®nyuges. En primer lugar, porque la renta disponible, en el caso de que trabajen los dos, cae a la mitad; y lo mismo suele suceder con el patrimonio. Despu¨¦s, porque los gastos ya no se reparten de igual manera. Y en ¨²ltimo extremo, porque la separaci¨®n acarrea cambios en los h¨¢bitos de conducta que en algunos casos pueden ser onerosos.

El mercado de las separaciones atravesar¨¢ probablemente por una evoluci¨®n similar a la que han seguido otros mercados. Las tecnolog¨ªas pueden abaratar hasta cierto punto el proceso, pero hay una barrera, la de los costes procesales, que s¨®lo se puede cambiar o desplazar por ley. En cualquier caso, el objetivo p¨²blico debe ser el de simplificar y abaratar el procedimiento.