La batalla por las pensiones no ha terminado: los escollos por sortear del Pacto de Toledo
La comisi¨®n que estudia la reforma de la Seguridad Social tiene pendiente recomendaciones sobre c¨®mo financiar las pensiones o cu¨¢les deben ser las m¨ªnimas
El Pacto de Toledo desat¨® el mi¨¦rcoles una madeja en la que llevaba enredado desde marzo: se acord¨® volver a revalorizar cada a?o las pensiones con el IPC. Seis meses empleados para redactar las 301 palabras que sellan el preacuerdo evidencian que no ha sido f¨¢cil llegar a un punto de encuentro en el que quepa desde el PP a Podemos. Pero esto solo es un punto, una recomendaci¨®n de la veintena larga que debe redactar esta comisi¨®n para trazar unas l¨ªneas b¨¢sicas que sirvan de gu¨ªa al Gobierno en la negociaci¨®n con los agentes sociales y, de nuevo, en el Congreso para una futura reforma de pensiones, porque el Pacto de Toledo no es una comisi¨®n que legisle.
Algunas ya est¨¢n avanzadas, pero no cerradas definitivamente; otras, ni eso. Cerrar el resto de consejos, aunque no todos tengan el mismo calado, tampoco ser¨¢ f¨¢cil. De todos los portavoces del Pacto de Toledo, solo I?igo Barandiaran, del PNV, se muestra optimista: ¡°Comparto que hay diferencias y que son abundantes, pero creo que el trabajo que hemos hecho con la recomendaci¨®n segunda [la del poder adquisitivo] nos ha venido bien. Esto empieza a pintar mejor¡±. Desde el PSOE, Merc¨¨ Perea, por su parte, aboga por ¡°plantearse otra forma de trabajar¡±.
Los asuntos de calado que quedan por cerrar en el Pacto de Toledo son los siguientes:
Financiaci¨®n. ¡°El gran tema es cu¨¢l tiene que ser la estructura financiera¡±, vaticina Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT y diputado con m¨¢s antig¨¹edad en el Pacto de Toledo. ¡°Es la madre del cordero¡±, certifica Jordi Salvador, de ERC. Los d¨¦ficits crecientes, hasta los casi 19.000 millones de 2016 y 2017, dan la raz¨®n a estos diputados catalanes.
La recomendaci¨®n que habla de c¨®mo se pagan las pensiones es la primera. Sobre ella ya se hab¨ªa avanzado, pero Gerardo Camps, del PP, vaticina que habr¨¢ que volver a discutir de ella. Tambi¨¦n lo prev¨¦ Aina Vidal, su hom¨®loga de Podemos. Desde el PSOE, lo ratifican: ¡°No se ha cerrado¡±.
?Por qu¨¦? Todos comparten que hace falta m¨¢s dinero para las pensiones. El acuerdo se diluye cuando se baja al detalle. Unos, Podemos, abogan por recaudar m¨¢s con las cuotas sociales aumentando las bases m¨¢ximas de cotizaci¨®n, algo que no se ve con buenos ojos desde el Gobierno. Tampoco el resto pone buena cara a la propuesta, especialmente si no suben en paralelo las pensiones m¨¢ximas nuevas. No hacerlo romper¨ªa la contributividad del sistema: se cobra en funci¨®n de lo que se ha cotizado.
S¨ª que hay consenso en que se debe aumentar la aportaci¨®n procedente de los impuestos: a trav¨¦s de pr¨¦stamos de Hacienda o de transferencias directas. El acuerdo se esfuma cuando se plantea c¨®mo pagar esa mayor aportaci¨®n: subiendo impuestos, con uno nuevo o simplemente con emisiones de deuda.
Pensiones suficientes. Definir qu¨¦ es una prestaci¨®n suficiente y, en consecuencia, m¨ªnima ¡ªla recomendaci¨®n 15¡ª es el siguiente tema en la agenda. Es dif¨ªcil que esto pase por fijar una cantidad. No obstante, hay grupos que pretender objetivar de alguna forma este concepto. Camps habla de vincularlo a la evoluci¨®n del salario medio y la pensi¨®n media, quitando al Gobierno de turno la posibilidad de intervenir en su evoluci¨®n como hasta ahora. Vidal, por su parte, mira a la Carta Social Europea como referente. Esta es la que sirve a los sindicatos para pedir un salario m¨ªnimo en Espa?a que sea el 60% del salario medio, unos 1.000 euros.
Igualdad. La mujer es la protagonista de la recomendaci¨®n 17 del texto que se aprob¨® en 2011. Ahora Merc¨¨ Perea del PSOE aboga por que este asunto no se quede solo en una ¡°recomendaci¨®n espec¨ªfica¡± y que sea transversal.
Contributividad. Este es un principio b¨¢sico de la Seguridad Social. Ahondar en ¨¦l es uno de los elementos que defienden PDeCAT o Ciudadanos. ?C¨®mo? Sergio del Campo, portavoz naranja, defiende que ¡°se ampl¨ªe el periodo de c¨¢lculo de la prestaci¨®n a toda la vida laboral¡±. Traducci¨®n: ahora, cuando un trabajador se jubila, para calcular su pensi¨®n se toma como referencia lo cotizado en los ¨²ltimos 21 a?os (este periodo crecer¨¢ hasta llegar a 25 a?os en 2022); con esta propuesta, el c¨¢lculo se har¨ªa con todo lo cotizado desde el primer d¨ªa de trabajo hasta el ¨²ltimo.
Esta ha sido una de las medidas habituales en las reformas de pensiones ¡ªen 1985 solo se tomaban dos a?os¡ª para ajustar el gasto. Como norma general, esta iniciativa supone pensiones m¨¢s bajas para los nuevos jubilados, excepto para los que son despedidos al final de su vida laboral. A pesar de esto, la pensi¨®n media ha subido durante toda la democracia.
Viudedad y orfandad. Estas prestaciones se crearon en 1963 y el concepto actual no ha cambiado en estos 55 a?os. Varios partidos, con PDeCAT a la cabeza, reclaman una redefinici¨®n. En 2011, se ped¨ªa una ¡°reformulaci¨®n integral¡± sin cambiar el ¡°car¨¢cter contributivo¡±. En los ¨²ltimos a?os, ha habido varias propuestas para que estas prestaciones (21.000 millones al a?o) se paguen con impuestos y no con cotizaciones. Pero los grupos de izquierda temen que esto, ya casi descartado por todos, abra la puerta a convertirlas en ayudas asistenciales.
Edad de jubilaci¨®n. Hace siete a?os este aspecto no cont¨® con consenso. IU y ERC se descolgaron porque rechazaban retrasar la edad de retiro a los 67 a?os. Podemos mantiene esta posici¨®n.
Factor de sostenibilidad. El debate sobre la revalorizaci¨®n con el IPC ha oscurecido la otra pata de la reforma de 2013: La que iba a vincular la cuant¨ªa de la pensi¨®n inicial a la esperanza de vida en el momento de jubilarse a partir de 2019. Los presupuestos de este a?o aplazaron su entrada en vigor a 2023. Son varios los grupos que en el pasado ¡ªPDeCAT, PSOE, PNV¡ª se pronunciaron porque la esperanza de vida no solo afectara a la pensi¨®n inicial, sino que cuando entrara en funcionamiento (la reforma de 2011 lo hab¨ªa previsto para 2029) afectara tambi¨¦n a la edad de jubilaci¨®n o el periodo de c¨¢lculo.
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