Unos 3.400 entes dependientes de los Ayuntamientos tendr¨¢n que auditarse

Unas 3.379 entidades dependientes de los Ayuntamientos tendr¨¢n la obligaci¨®n de auditarse a partir de 2019, seg¨²n el Real Decreto 424/2017, aprobado hace un a?o, pero que entr¨® en vigor el 1 de julio de este a?o. Esta norma trata de regular el control interno (cumplimiento de normas financieras, contables y de auditor¨ªa) del sector p¨²blico local.

Los interventores locales tendr¨¢n que aplicar esta normativa sobre los organismos aut¨®nomos, entidades p¨²blicas empresariales, consorcios, sociedades y empresas p¨²blicas, fundaciones y asociaciones con capital p¨²blico municipal.

La norma "afecta a la totalidad del sector p¨²blico local y pretende asegurar la gesti¨®n regular de los fondos p¨²blicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las entidades locales", se?ala la exposici¨®n de motivos del citado decreto. El decreto fija un plazo de tres a?os, a partir de 2019, para que el interventor municipal asegure "con medios propios o externos" el control efectivo del presupuesto general de la entidad local.

Y abre la puerta a que las firmas privadas de auditor¨ªa puedan colaborar con los interventores en la revisi¨®n, a posteriori, de los ejercicios cerrados de las cuentas de 3.400 de estas entidades dependientes.

Antonio L¨®pez, presidente de la C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa y miembro de la comisi¨®n del sector p¨²blico del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espa?a (ICJCE) explica: "?Qu¨¦ alcance tiene esto para el auditor privado? Los auditores no podr¨¢n colaborar en todo, pero s¨ª en la auditor¨ªa de cuentas de estas casi 3.400 entidades dependientes".

Y a?ade que "la oportunidad para las firmas de auditor¨ªa es importante". Adem¨¢s, avisa: "Pero, ojo, solo como colaboradoras del interventor".

El decreto en realidad define el marco normativo para que los interventores municipales puedan asegurar el control interno. "El modelo asegurar¨¢, con medios propios o externos, el control efectivo del 100% del presupuesto general consolidado del ejercicio en la modalidad de funci¨®n interventora y, al menos, el 80% mediante la aplicaci¨®n de la modalidad de control financiero. Para este ¨²ltimo, en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y con base en un an¨¢lisis previo de riesgo, deber¨¢ haber alcanzado el 100% del presupuesto general consolidado", se?ala el decreto.

La norma define el marco de actuaci¨®n que tienen los interventores en el control interno: la fiscalizaci¨®n financiera antes de aprobar los Presupuestos, durante la ejecuci¨®n y a posteriori. Para esta ¨²ltima labor, el decreto prev¨¦ la colaboraci¨®n de firmas privadas de auditor¨ªa por un plazo de dos a?os, prorrogable hasta un m¨¢ximo de ocho.

L¨®pez se?ala que "los interventores tienen que velar por que pueda hacerse una fiscalizaci¨®n del 80% del presupuesto consolidado de las entidades dependientes, significa que todas entidades dependientes tienen que estar cubiertas. Pero la realidad es que no hay medios materiales en los Ayuntamientos para hacer esto".

Falta de medios

Por eso, el decreto que entr¨® en vigor el pasado julio aclara c¨®mo hacerlo: "Para la ejecuci¨®n de las funciones de control financiero, en la modalidad de auditor¨ªa p¨²blica a propuesta del ¨®rgano interventor, y en caso de insuficiencia de medios, mediante los oportunos convenios o contratos, podr¨¢n colaborar con las entidades locales otros ¨®rganos p¨²blicos o firmas privadas de auditor¨ªa".

L¨®pez remarca que la obligaci¨®n de auditar anualmente las cuentas de miles de entidades dependientes presenta posibilidades ciertas para la contrataci¨®n de auditores privados como colaboradores de la intervenci¨®n local, en el caso de no contar con los recursos humanos necesarios para ello. Y precisa que "en el caso de las auditor¨ªas de cumplimiento y operativas, al no tener una regularidad obligatoria, y no afectar a todos los entes dependientes, sus posibilidades son algo m¨¢s reducidas, pero pudieran verse afectadas, aproximadamente, 2.000 entidades dependientes".

El presidente de la C¨¢mara de Cuentas de Andaluc¨ªa advierte de que las empresas privadas de auditor¨ªa tendr¨¢n que apostar por la formaci¨®n de personal en las especificidades del sector p¨²blico.

La norma responde a la inquietud lanzada en repetidas ocasiones por el Tribunal de Cuentas de Espa?a, que ha alertado de que muchas entidades locales no presentan sus cuentas con regularidad. De hecho, el 39% a¨²n no ha rendido las cifras del a?o 2016.