Un batall¨®n de abogados para que su salida a Bolsa sea un ¨¦xito

La vuelta al parqu¨¦ de Cepsa ha quedado congelada a la espera de que la situaci¨®n de los mercados se vuelva m¨¢s favorable. Lanzar una oferta p¨²blica de venta (OPV) es una decisi¨®n estrat¨¦gica para una empresa que permite la obtenci¨®n de liquidez, financiaci¨®n y proyecci¨®n, y que precisa del cumplimiento de unos estrictos requisitos legales previos. Estos, no obstante, no son iguales en todos los casos. Dependen del mercado burs¨¢til en el que vayan a cotizar las acciones y de las autoridades regulatorias.

En Espa?a debe cumplirse con las exigencias de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo, y con la legislaci¨®n comunitaria. Por otro lado, hay que elegir el procedimiento que mejor se ajuste a las necesidades y objetivos de la empresa y planificarlo cuidadosamente. El camino es exigente, caro y costoso. Y, para recorrerlo, las empresas necesitan de un batall¨®n de abogados, consultores, auditores y asesores financieros.

No resulta f¨¢cil que los despachos cuenten detalles sobre c¨®mo conducen estos procesos dado el grado de confidencialidad de la informaci¨®n que se maneja y el compromiso adquirido con su cliente. Sin embargo, se trata de operaciones codiciadas por los honorarios y el prestigio que conllevan. De hecho, son peri¨®dicos los rankings sobre los bufetes que participan en las grandes OPV.

Los abogados de la compa?¨ªa emisora juegan un papel decisivo a lo largo de todo el procedimiento. El equipo legal debe preparar los acuerdos sociales, las modificaciones estatutarias, los contratos con los bancos y la documentaci¨®n que acompa?a cada movimiento. Tambi¨¦n coordinan las relaciones con los dem¨¢s actores, principalmente con las entidades bancarias (y, a su vez, sus propios abogados) y la autoridad supervisora que, en Espa?a, es la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hay, por tanto, un m¨ªnimo de dos equipos de abogados en la operaci¨®n. Un n¨²mero que puede aumentar hasta cuatro si la oferta se dirige a inversores extranjeros, especialmente estadounidenses. Esta circunstancia, tal y como se?ala Juan Manuel de Remedios, socio director de White & Case en Espa?a, hace aconsejable contar con despachos internacionales que puedan informar sobre c¨®mo extender la oferta a otras jurisdicciones.

Pero ?qui¨¦n puede acceder a la Bolsa? Las empresas que llegan al parqu¨¦ son aquellas que cuentan con un modelo de negocio contrastado y capacidad para asumir las exigentes obligaciones de las sociedades cotizadas.

En primer lugar, deben cumplirse los requisitos de idoneidad, tanto de la empresa como de la oferta. Una compa?¨ªa que desee cotizar en el mercado burs¨¢til espa?ol debe ser sociedad an¨®nima, tener un capital m¨ªnimo de algo m¨¢s de 1,2 millones de euros y un valor esperado de mercado de 6 millones. Un requisito que, en opini¨®n de algunos expertos consultados est¨¢ desfasado, porque, en la pr¨¢ctica, una oferta inferior a 100 millones es antiecon¨®mica. Adem¨¢s, la compa?¨ªa debe de adaptar su estatuto al de las sociedades cotizadas, lo que implica una serie de modificaciones de su gobierno corporativo y la implementaci¨®n de pol¨ªticas de buen gobierno.

Exigencias

En cuanto a la oferta, la ley exige que haya una distribuci¨®n suficiente. Esto quiere decir que, al menos, un 25% de las acciones se reparta entre el p¨²blico. La CNMV puede rebajar dicho porcentaje al 20% si las acciones tienen un valor alto. No existe un n¨²mero m¨ªnimo de inversores, pero, en la pr¨¢ctica, suele exigirse al menos 100 (cifra que establec¨ªa antes la ley).

Una vez que la empresa ha dise?ado la operaci¨®n y ha aprobado los acuerdos sociales, el plazo medio para salir a Bolsa es de entre cuatro y seis meses. En este tiempo la l¨ªnea principal de trabajo de los abogados es la elaboraci¨®n del folleto informativo, uno de los requisitos para que los valores se admitan a negociaci¨®n, junto con la aportaci¨®n y registro de las cuentas anuales auditadas de los ¨²ltimos tres a?os.

Hay que tener en cuenta, como se?ala Gonzalo Garc¨ªa-Fuertes, socio del departamento Mercantil de Garrigues, que en Espa?a la omisi¨®n de datos relevantes o la inclusi¨®n de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a enga?o en un folleto pueden derivar en sanciones administrativas graves o muy graves (con multas que alcanzan el 10% del volumen de negocio), as¨ª como acciones penales. ¡°Esta responsabilidad alcanza, entre otros, a la sociedad emisora, al oferente que venda sus acciones en el marco de la salida a Bolsa y a los administradores de las anteriores¡±, explica. No obstante, estas personas no ser¨ªan responsables si prueban que en el momento en el que el folleto fue publicado actuaron con la debida diligencia para asegurarse de que la informaci¨®n contenida era verdadera y que los datos obviados estaban correctamente omitidos.

Desde que la CNMV aprueba y registra el folleto y la admisi¨®n a negociaci¨®n de los valores, el proceso comercial se intensifica y, unos d¨ªas antes de la salida, se fija el precio final de las acciones sobre la horquilla prevista. Fuentes del sector jur¨ªdico consultadas definen el folleto informativo como ¡°la piedra angular¡± de las salidas a Bolsa porque contiene toda la informaci¨®n que despu¨¦s se usar¨¢ a efectos de la comercializaci¨®n. El documento incluye los datos sobre el emisor y la oferta necesarios para que los inversores tomen la decisi¨®n de comprar. En un formato estandarizado y redactado habitualmente en ingl¨¦s, se emplea para describir las bonanzas del negocio, sus activos y pasivos, y los estados financieros. Adem¨¢s, incorpora comentarios sobre la proyecci¨®n de futuro y los posibles riesgos.