Peligrosa desigualdad

La lucha econ¨®mica entre generaciones es hoy la forma dominante de enfocar el efecto destructivo de la desigualdad econ¨®mica. Puesto, se dice, que se da una diferencia mensurable entre los derechos y las rentas de quienes tienen contratos de trabajo estables y derechos laborales consolidados y quienes viven en el ¨¢mbito de la precariedad (contratos temporales, derechos reducidos o inexistentes, salarios bajos) y los primeros suelen ser los grupos sociales de mayor edad, existe un abismo generacional que se traslada a al futuro a trav¨¦s de las pensiones. El discurso es bien conocido: las rentas de los pensionistas, beneficiados en el pasado inmediato por contratos y rentas estables, tienen que ser sostenidas con cotizaciones de trabajadores j¨®venes actuales que han perdido los privilegios de la estabilidad laboral. Las estad¨ªsticas miden sin vacilaci¨®n esta diferencia y, si no hay un an¨¢lisis pol¨ªtico o social de los n¨²meros presuntamente claros que avalan la diferencia entre generaciones, las conclusiones apenas superan el nivel de la evidencia: viejos con rentas garantizadas y patrimonios protegidos (el principal, la vivienda), j¨®venes con recursos decrecientes y sin capacidad real para acumular su propio patrimonio.

Pero lo relevante son las causas. La desigualdad se manifiesta de distintas formas, provoca varias l¨ªneas de distorsi¨®n; la diferencia entre j¨®venes y mayores es solo una de ellas. La correcci¨®n pol¨ªtico-social debe actuar sobre la inequidad econ¨®mica y los factores que tienden a agrandarla, tanto en tiempos de prosperidad como de crisis. Es evidente que el sistema de pensiones de reparto tiene que rectificarse legalmente para mantener su supervivencia si se prolonga la estructura laboral actual; las pol¨ªticas y las decisiones adecuadas para hacerlo son muy conocidas (demorar la edad de jubilaci¨®n, reajustar la relaci¨®n entre ¨²ltimo salario y pensi¨®n, hacer compatible percibir una pensi¨®n con trabajos remunerados). Pero la cuesti¨®n ¡ªo el debate, si se quiere exponer as¨ª el problema¡ª es si la sociedad, a trav¨¦s de la acci¨®n pol¨ªtica, puede actuar con instrumentos propios (p¨²blicos, legales) para evitar el exceso de desigualdad; incluso, como discusi¨®n previa, cabe preguntarse si es posible trazar una l¨ªnea a partir de la cual decidir que hay un exceso y, por lo tanto, se puede actuar contra ¨¦l. Te¨®ricos del bien social como Tawney cre¨ªan que esa l¨ªnea existe; sosten¨ªan que la propiedad, si no est¨¢ ligada a una funci¨®n social, es ¡°una forma de impuesto privado que ciertas personas pueden imponer a otras por ley¡± e incluso mencionaron par¨®dicamente ese l¨ªmite: ¡°aceptar un salario equivalente al de cien familias no es propio de un caballero¡±.

Un consenso b¨¢sico nos dice hoy que la correcci¨®n de la inequidad y sus dos secuelas principales (desigualdad social y dificultad extrema para superar la precariedad) s¨®lo es posible mediante la acci¨®n del Estado a trav¨¦s de la redistribuci¨®n fiscal. Es un criterio elemental del Estado del bienestar cuyo instrumento principal es la progresividad tributaria. Ahora bien, y esta lucha ya no puede transmutarse en generacional, se da hoy una notable resistencia de los agentes econ¨®micos con rentas m¨¢s altas (y sus representantes pol¨ªticos) a aceptar sin ruido un aumento de los impuestos directos (IRPF, Sociedades). De forma que se produce un estrangulamiento aqu¨ª y ahora de la equidad social: si la desigualdad crece, si para combatir ese crecimiento solo es admisible una acci¨®n redistributiva m¨ªnima a trav¨¦s de los impuestos y la carga fiscal no puede aumentarse porque siempre hay un pretexto para impedrlo, ?cu¨¢l es el margen de acci¨®n pol¨ªtica contra la desigualdad?