El Congreso pide una reforma radical de los supervisores financieros para evitar otra crisis
Los partidos, sin Unidos Podemos ni Ciudadanos, aprueban el informe en el que se responsabiliza al Banco de Espa?a y a los gestores de la debacle
La Comisi¨®n de investigaci¨®n de la crisis financiera del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves su informe definitivo, tras haber escuchado a m¨¢s de 80 ponentes en un a?o y medio de trabajo. El informe fue aprobado por los grupos parlamentarios a excepci¨®n de Unidos Podemos y Ciudadanos. Los primeros se ha abstenido porque quer¨ªa que el texto hubiese sido m¨¢s severo con los causantes de la crisis, y los de Albert Rivera han votado en contra porque no se culpabiliza de la crisis a la politizaci¨®n de las cajas de ahorro.
Los grupos parlamentario consideran que el Banco de Espa?a y el resto de organismos de supervisi¨®n "no hicieron frente a sus obligaciones" para actuar contra la burbuja inmobiliaria y de cr¨¦dito. Tambi¨¦n culpan a los gestores. En particular, en el caso de Bankia, dicen que realizaron "pr¨¢cticas acreditadas como delictivas en el sistema de remuneraci¨®n de sus dirigentes", y que estas fueron producto, entre otras cosas, "de una gobernanza altamente defectuosa" en la entidad.
Las conclusiones de la Comisi¨®n parlamentaria han cobrado una especial relevancia despu¨¦s de que se haya sabido que el Banco de Espa?a da por perdidos, de momento, m¨¢s de 42.000 millones de los contribuyentes, una factura que ha elevado la deuda p¨²blica. Entre las conclusiones y propuestas del dictamen destacan las que hacen referencia a la profunda reforma de los organismos supervisores.
As¨ª, se propone al Gobierno "que adopte medidas que aseguren la efectividad e independencia de los supervisores de solvencia, mercados, contabilidad y auditor¨ªa y resoluci¨®n, asegurando que no se dan conflicto de inter¨¦s en el ejercicio de sus funciones ni coincidencias de miembros en sus ¨®rganos de gobierno".?
Supervisi¨®n efectiva y transparente
Adem¨¢s, se solicita al Ejecutivo "que pueda iniciar un proceso de formalizaci¨®n de procedimientos a seguir por parte de los supervisores que aseguren su efectividad y transparencia, sin ser necesarias nuevas comisiones de investigaci¨®n para entender el papel de cada uno de ellos". Los partidos coinciden en que el modelo de supervisi¨®n existente de las entidades de cr¨¦dito y productos bancarios (Banco de Espa?a), de los mercados de valores y servicios de inversi¨®n (CNMV) y de las compa?¨ªas de seguros y fondos de pensiones (Direcci¨®n General de Seguros y Fondos de Pensiones), "genera muchas ineficiencias, conflictos y arbitrajes regulatorios, ya que los principales agentes que intervienen en los mercados son entidades que operan simult¨¢neamente en los tres subsectores".
Para minimizar o eliminar estos problemas, se propone abogar por "el modelo de supervisi¨®n funcional, conocido como twin peaks, que ya han adoptado algunos de los pa¨ªses del entorno. Este modelo articula la supervisi¨®n en torno a dos instituciones, una entidad supervisora de la solvencia de todas las entidades financieras y otra encargada de la supervisi¨®n de las normas de conducta". Este modelo lo reclam¨® en 2016 el subgobernador Fernando Restoy, que ahora es presidente del Instituto de Estabilidad Financiera en Ginebra, y que estaba recogido en el programa del PP. Sin embargo, provoc¨® una cr¨ªtica radical del Ministerio de Econom¨ªa, dirigido entonces por Luis de Guindos.?
Autoridad de protecci¨®n para el cliente
Los partidos han acordado pedir la "creaci¨®n de una autoridad de protecci¨®n del cliente financiero. Existe un compromiso legal de constituir una autoridad para la resoluci¨®n extrajudicial de litigios en materia financiera, englobando y perfeccionando las labores que actualmente realizan los servicios de reclamaciones del Banco de Espa?a, la CNMV y la Direcci¨®n General de Seguros y Fondos de Pensiones. Mejorar la protecci¨®n de los clientes financieros, en particular los minoristas, es uno de los principales retos pendientes", concluye el informe.
La Comisi¨®n que realizado este informe tambi¨¦n se detiene en alg¨²n detalle como pedir que los responsables de los tres organismos supervisores no se solapen en los diferentes consejos para evitar conflictos de inter¨¦s. Tambi¨¦n solicita que la Junta ?nica de Resoluci¨®n (JUR) europea inyecte liquidez antes de intervenir un banco, algo que no sucedi¨® en el caso del Banco Popular.
Por otro lado, el texto considera "imprescindible mejorar la imagen y la reputaci¨®n del sector, muy afectadas como consecuencia de la crisis. La supervivencia de cualquier sector depende de que la sociedad quiera que exista, que entienda que es ¨²til. Y los ciudadanos est¨¢n muy decepcionados pensando que la crisis que hemos vivido, y que ha supuesto el descenso del nivel de vida de muchas personas, obedece al comportamiento de los banqueros¡±.
Tambi¨¦n cree "esencial reconstruir la relaci¨®n de confianza con los clientes, poni¨¦ndoles siempre en el centro de todas las decisiones, haciendo un esfuerzo continuo por mejorar la transparencia y hacer productos m¨¢s sencillos, pero tambi¨¦n promoviendo la educaci¨®n financiera, que permita a las personas tomar decisiones m¨¢s informadas, y dando herramientas y recomendaciones pr¨¢cticas personalizadas".
En la sesi¨®n de este jueves, la comisi¨®n ha aprobado el informe que es un relato de la investigaci¨®n llevada a cabo con citas y datos a partir de los documentos aportados por cada uno de los grupos parlamentarios.
Mirar para otro lado
Adem¨¢s de este documento, la comisi¨®n de investigaci¨®n ha aprobado un bloque de antecedentes en el que se inclu¨ªa una relaci¨®n de la documentaci¨®n solicitada durante los trabajos parlamentarios y la relaci¨®n de comparecientes solicitados, tantoaquellos que finalmente acudieron a rendir explicaciones, como de quienes que no lo hicieron.
En el informe se concluye que durante la crisis, el supervisor, tanto bajo el control de Jaime Caruana (2000-2006) como de Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez (2006-2012), mir¨® para otro lado, algo de lo que siempre le han acusado los inspectores.? "Hab¨ªa herramientas disponibles" para actuar por parte del Banco de Espa?a, pero que estas "no se usaron por falta de voluntad pol¨ªtica". El documento tambi¨¦n carga contra el supervisor en su gesti¨®n sobre las preferentes, ya que cree que este "propici¨®" su venta pese a tener "constancia sobre la aversi¨®n a estos productos por parte de los inversores institucionales".
ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE LA CRISIS
Los espa?oles responsabilizan de la Gran Recesi¨®n a la banca y la pol¨ªtica
Adem¨¢s de supervisores y sector financiero, el informe apunta tambi¨¦n a los Gobiernos de Felipe Gonz¨¢lez y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar por la aprobaci¨®n de diferentes leyes. Al expresidente popular le achacan la ley del suelo, que "favoreci¨® el aumento de suelo urbanizable disponible". Y al socialista, la regulaci¨®n de fondos de titulizaci¨®n, que permiti¨® que los cr¨¦ditos no figuraran en las cuentas de las entidades y as¨ª no asumir el riesgo.
"El sistema normativo vigente en ese momento cre¨® el marco propicio para el hipercrecimiento e hiperfinanciamiento del negocio inmobiliario y constructivo", reza el documento, en el que la comisi¨®n rechaza que la crisis surgiera "porque los ciudadanos vivieran por encima de sus posibilidades". "Fueron las entidades financieras las que prestaron muy por encima de sus capacidades, y fueron los entes reguladores y supervisores los que obraron muy por debajo de sus responsabilidades", sostiene.
Entre 2000 y 2008, el cr¨¦dito al sector de la construcci¨®n y promoci¨®n aument¨® en un 661% y el cr¨¦dito hipotecario, en un 335%. El 63% de todo el cr¨¦dito al sector privado estaba concentrado en actividades inmobiliarias.
"Malas pr¨¢cticas en bancos y cajas"
El dictamen deja en evidencia que las "malas pr¨¢cticas estaban generalizadas en todo el sector, incluyendo bancos y cajas" y que la crisis les "afect¨® por igual", si bien, apostilla que "la resoluci¨®n de los problemas asociados no fue la misma en uno y otro caso".
"Del fracaso de las cajas no cabe concluir el ¨¦xito de los bancos. A estos ¨²ltimos les salv¨® su diversificaci¨®n internacional, mientras que en Espa?a tambi¨¦n experimentaron dificultades y ayudas puntuales", abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.
Respecto a los diferentes modelos de gesti¨®n, gobernanza y una posible politizaci¨®n de las entidades, el informe se?ala que "las decisiones err¨®neas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesi¨®n o filiaci¨®n", e indica la existencia de "incentivos perversos que promueven la toma de decisiones err¨®neas".
Errores particulares y politizaci¨®n
Uno de los aspectos m¨¢s conflictivos ha sido determinar qui¨¦n es el culpable de la crisis de las cajas. Este punto ha provocado el voto en contra de Ciudadanos, que considera al PP y al PSOE culpable de la politizaci¨®n y la mala gesti¨®n de estas entidades. En el informe se asegura que "lo que hay detr¨¢s de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de cr¨¦dito, tanto bancos como cajas de ahorro, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares". Y concluye que la diferente titularidad de cajas respecto a los bancos no ha sido "un factor determinante en su diferente exposici¨®n a la crisis".
El documento defiende que "la profesionalidad de los altos directivos de las cajas de ahorros era similar a la que ten¨ªan los cuadros de direcci¨®n de los bancos". "La asunci¨®n de malas pr¨¢cticas y la toma de decisiones err¨®neas no depend¨ªa, as¨ª, del nivel de capacitaci¨®n, sino de otras motivaciones e inercias".
En este sentido, las conclusiones de la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la crisis econ¨®mica que azot¨® a Espa?a durante una d¨¦cada atribuyen las malas pr¨¢cticas en el sector a la b¨²squeda de mejoras en la cuenta de resultados "de manera creciente y continuada" y al "establecimiento de sistemas de remuneraci¨®n e incentivos ligados a la consecuci¨®n de objetivos". Una apuesta que, seg¨²n la comisi¨®n, "promueve una visi¨®n cortoplacista de la gesti¨®n y un abandono de la toma en consideraci¨®n de otros criterios relacionados con la asunci¨®n de riesgos, la ¨¦tica o la propia sostenibilidad del sistema".
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