Esclavos b¨²lgaros entre naranjos
Un hombre y sus tres hijos se enfrentan a penas de 1.164 a?os de c¨¢rcel por explotar a compatriotas como trabajadores del campo
En la sala 25 de la Ciudad de Justicia de Valencia cuatro hombres bajitos, con el pelo negro y la piel oscura escuchan cabizbajos al traductor b¨²lgaro que explica al tribunal el relato de una de sus 33 supuestas v¨ªctimas. Los acusados apenas se mueven y tampoco hablan entre s¨ª. Llevan en prisi¨®n provisional desde el 21 de octubre de 2016 y se enfrentan a una pena de 291 a?os de c¨¢rcel, pero no parecen tipos duros. Ramis Rahimov Shukriev, de 44 a?os, conocido como Ramad¨¢n, y sus tres hijos, de entre 20 y 30 a?os, est¨¢n acusados de tratar pr¨¢cticamente como esclavos y explotar en campos espa?oles de naranjos y patatas a compatriotas procedentes, como ellos, del noroeste de Bulgaria, la segunda regi¨®n m¨¢s pobre de la UE.
La Fiscal¨ªa los acusa de 33 delitos de trata de seres humanos y de 30 delitos contra los derechos de los trabajadores. Hay un quinto encausado, hermano de Rahimov, para quien el ministerio p¨²blico pide 18 a?os de c¨¢rcel. Est¨¢ previsto que el juicio concluya a final de mes.
Sus primeros abogados defensores tras ser detenidos, Jos¨¦ Mar¨ªa Vel¨¢zquez y Tsvetelina Petrova, aseguran que sus antiguos clientes, que carecen de antecedentes penales, no entend¨ªan qu¨¦ hac¨ªan en prisi¨®n provisional y pensaban que, como mucho, se jugaban dos a?os de c¨¢rcel. Los letrados tambi¨¦n dicen que los acusados no daban el perfil de mafiosos, sino m¨¢s bien de ¡°agricultores¡± ¡ªsu familia posee una gran granja en Bulgaria¡ª, por brutales que fueran sus formas.
La Guardia Civil, la Fiscal¨ªa y la magistrada del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Sueca (Valencia), Clara Espa?a, coinciden en que los trabajadores se sent¨ªan enga?ados. En Bulgaria les ofrecieron unos salarios que despu¨¦s no recibieron: les pagaron mucho menos si es que tuvieron la suerte de cobrar. Los acusados, sin embargo, recibieron presuntamente, al menos, 69.569 euros por esas faenas de los empresarios que los hab¨ªan contratado. Varios trabajadores relataron haber sido golpeados o amenazados por quejarse. Y todos afirmaron que los capataces ahora sentados en el banquillo se quedaron con sus documentos b¨²lgaros y espa?oles. Es decir, se cumplieron supuestamente los elementos que caracterizan el delito de trata de seres humanos.
Pero al mismo tiempo, las presuntas v¨ªctimas no ten¨ªan conciencia de haber sido sometidas a condiciones de vida terribles, afirman tanto la Guardia Civil como las fuentes judiciales consultadas. La raz¨®n, opinan, es que por truculentas que resulten las descripciones que figuran en el sumario, su situaci¨®n en Bulgaria no era muy diferente. Los braceros y sus presuntos explotadores son de etnia gitana.
Durante los 10 meses de 2016 que permanecieron en Espa?a, la jornada laboral de los trabajadores, primero en Tavernes de Valldigna (Valencia) y despu¨¦s en Cu¨¦llar (Segovia), se extendi¨® ¡°desde el amanecer hasta la tarde, a veces hasta 12 horas, parando 15 minutos para comer un bocadillo preparado el d¨ªa anterior, de lunes a domingo, descansando solo en caso de lluvia, percibiendo sumas insignificantes de dinero y soportando tales circunstancias por su situaci¨®n de necesidad y temor a represalia, ya que al que hab¨ªa manifestado su disconformidad se le hab¨ªa agredido y amenazado¡±, expone la juez en su auto de procesamiento.
Las supuestas v¨ªctimas viv¨ªan en viejos inmuebles en ¡°condiciones infrahumanas e insalubres, con hacinamiento en escasos metros cuadrados¡±, dorm¨ªan en colchones ra¨ªdos sobre el suelo, bajo techos con goteras, sin ropa de abrigo y a veces eran alimentados con comida cogida de la basura, se?ala el fiscal en su escrito de calificaci¨®n.
¡°Viv¨ªan amontonadas por lo menos 20 personas. Estuvimos a punto de ir a la Guardia Civil a denunciarlo. No a ellos, que no armaban jaleo, si no al due?o de la casa que la ten¨ªa alquilada, porque el estado en el que estaban era para que hubiera pasado algo¡±, recuerda Pepa Grau, de 78 a?os, que vive con su marido en el inmueble contiguo al de la calle Sant Roc de Tavernes de Valldigna en el que estuvieron alojados entre enero y abril de 2016.
El convenio colectivo de recolecci¨®n de c¨ªtricos establece que un collidor (recolector) debe cobrar entre 1,29 y 2,46 euros por caj¨®n de 20 kilos de fruta, como m¨ªnimo, dependiendo de las variedades. Si bien tanto Javier Galarza, responsable del sector agroalimentario en CC-OO-PV, como fuentes de la Inspecci¨®n de Trabajo en Valencia aseguran que en la pr¨¢ctica los pagos por debajo de esos l¨ªmites est¨¢n muy extendidos. A los trabajadores b¨²lgaros los acusados les prometieron antes de viajar a Espa?a que ganar¨ªan un euro por caj¨®n, pero en la pr¨¢ctica les abonaron cantidades ¨ªnfimas, como 0,06 euros por caj¨®n, y en algunos casos nada, mantiene la Fiscal¨ªa.
Despu¨¦s de la operaci¨®n de la Guardia Civil en la que Rahimov y sus hijos fueron detenidos, los trabajadores regresaron a la provincia de Pleven, en Bulgaria, con ayuda de varias ONG. Desde all¨ª est¨¢n declarando estos d¨ªas en el juicio a trav¨¦s de videoconferencia. La Comisi¨®n Europea public¨® en 2016 un ¨ªndice de Progreso Social Regional que situ¨® la zona en el pen¨²ltimo puesto de los 272 territorios de la Uni¨®n. La ficha de la regi¨®n indicaba que sus habitantes presentaban un nivel de alimentaci¨®n insuficiente, sufr¨ªan una alta tasa de homicidios, un elevado grado de corrupci¨®n, y ten¨ªan escasa confianza en la polic¨ªa, su sistema legal y pol¨ªtico.
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