Trump pone en jaque las inversiones espa?olas en Cuba

La amenaza de una oleada de reclamaciones ha puesto en guardia a las empresas espa?olas presentes en Cuba. El motivo es la decisi¨®n del gobierno de Donald Trump de desbloquear la ley que permite a los ciudadanos y las compa?¨ªas estadounidenses que poseyeran bienes o terrenos en la isla confiscados y nacionalizados tras la Revoluci¨®n castrista de 1959, demandar a sus actuales propietarios. Si nada cambia, la conocida como Ley Helms-Burton desplegar¨¢ sus efectos el pr¨®ximo 17 de abril y se abrir¨¢ la veda para centenares de litigios que pueden perjudicar seriamente a los intereses espa?oles en Cuba. La norma, promulgada en 1996, habilita a los norteamericanos, o cubanos que hayan adquirido la nacionalidad, a exigir ante los tribunales federales estadounidenses una indemnizaci¨®n por la utilizaci¨®n y el beneficio obtenido de las propiedades que les fueron expropiadas (pr¨¢ctica que la ley define como trafficking).

Hasta ahora, los sucesivos presidentes estadounidenses hab¨ªan mantenido suspendida la aplicaci¨®n de la norma. Sin embargo, la Administraci¨®n Trump, mucho m¨¢s beligerante con el r¨¦gimen cubano, anunci¨® recientemente que reduc¨ªa dicha suspensi¨®n a 45 d¨ªas (plazo que conclu¨ªa el 17 de marzo) y, hace unas semanas, otorg¨® una nueva pr¨®rroga de 30 d¨ªas. Por tanto, y si no se produce un nuevo vaiv¨¦n, la ley ser¨¢ plenamente aplicable a partir del pr¨®ximo 17 de abril.

No obstante, esta ¨²ltima ampliaci¨®n del plazo encierra una restricci¨®n: solo podr¨¢ interponerse demanda contra las empresas que figuren en una suerte de lista negra elaborada por el Gobierno estadounidense; la llamada Cuban Restricted List. En este ¨ªndice, que es p¨²blico y de actualizaci¨®n peri¨®dica, figuran m¨¢s de 200 entidades en Cuba, la mayor¨ªa del sector hotelero.

La normativa castrista impide a las compa?¨ªas extranjeras trabajar directamente en la isla, debiendo hacerlo a trav¨¦s de subentidades o filiales cubanas nacionalizadas (participadas por el gobierno). Esto es relevante a efectos procesales, porque la demanda estadounidense no se dirige directamente contra la multinacional, sino contra una entidad cubana. Ello, no obstante, no libra a la empresa de tener que responder si finalmente es condenada, tal y como explica Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal. ¡°El riesgo es mayor para las compa?¨ªas que tienen presencia en Estados Unidos¡±, se?ala, porque como las sociedades gubernamentales cubanas nunca acuden a los litigios ante tribunales estadounidenses, estos dictan sentencias en rebeld¨ªa ¡°que repercuten a la matriz extranjera con la que trabaja la compa?¨ªa isle?a objeto de denuncia¡±. Es decir, la justicia dirige el cobro de la deuda que no paga la filial contra la matriz y hacerle frente es el ¨²nico m¨¦todo que tiene la segunda para evitar problemas en el territorio norteamericano como el embargo de bienes o el bloqueo de cuentas.

?C¨®mo puede protegerse una entidad afectada por la ley Helms-Burton? El primer paso es realizar una investigaci¨®n para comprobar si est¨¢ entre las candidatas a ser objeto de litigio. Este tr¨¢mite debe hacerlo a trav¨¦s de la Oficina de Certificaciones de Reclamaciones Extranjeras, ¨®rgano estadounidense que se encarga de validar si una demanda cumple con los requisitos necesarios. Desde la publicaci¨®n de la norma, se han certificado un total de 6.000 reclamaciones. No obstante, se calcula que existen alrededor de 200.000 pendientes de validaci¨®n. ¡°Lo normal es que las posibles reclamaciones se encuentren ya dentro de las validadas¡±, explica Aparicio, que incide en la laboriosidad del proceso de comprobaci¨®n, porque tiene que hacerse revisando ¡°expediente por expediente¡±.

En caso de detectarse que un bien o terreno puede ser objeto de un pleito, el siguiente paso es evaluar el posible impacto y decidir si conviene asumirlo o no. Es decir, valorar qu¨¦ probabilidad hay de que se tramite con ¨¦xito la reclamaci¨®n, cu¨¢l ser¨ªa la indemnizaci¨®n y qu¨¦ medidas de protecci¨®n deber¨ªan asumirse.

Sin embargo, esto no elimina todo el riesgo, ya que puede ocurrir que un antiguo propietario o sus descendientes demanden en el futuro. Por ello, y cada vez con m¨¢s frecuencia, las grandes empresas con negocios en la isla (o que pretenden abrirlos) contactan con el antiguo titular y llegan a acuerdos extrajudiciales para evitar un posible pleito. Una estrategia que, en todo caso, ¡°debe estar autorizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros norteamericana¡± (OFAC, por sus siglas en ingl¨¦s), advierte el letrado.

No todo son malas noticias para las empresas espa?olas. La Uni¨®n Europea, distanciada de la pol¨ªtica estadounidense con Cuba, cuenta con una Directiva que impide reconocer en territorio comunitario la validez de las sentencias de los tribunales norteamericanos que apliquen la Ley Helms-Burton. Asimismo, habilita a los europeos a demandar a quien le haya denunciado en base a esa ley y a reclamarle una indemnizaci¨®n por los da?os ocasionados.

Por tanto, en el caso de recibir una notificaci¨®n, ¡°lo primero que debe hacer la compa?¨ªa es informar a la Secretar¨ªa de Estado de Comercio o la Comisi¨®n Europea¡±, apunta Hermenegildo Altozano, socio de Bird & Bird, que valorar¨¢n si la empresa deber¨¢ o no acatar la sentencia. De lo contrario, si paga la cantidad requerida en contra del criterio de estos organismos, puede vulnerar dicha normativa y ¡°enfrentarse a sanciones de hasta 600.000 euros¡±. El abogado, adem¨¢s, apuesta por incrementar la protecci¨®n de las compa?¨ªas europeas a trav¨¦s de m¨¢s medidas disuasorias anti Helms-Burton, como vetar la entrada en territorio comunitario a los estadounidenses que presenten una reclamaci¨®n contra propietarios europeos. ¡°De esta forma, los demandantes se lo pensar¨¢n dos veces antes de presentar una denuncia¡±.