Todos contra todos en la gran quiebra del Popular

Hace dos a?os, el 7 de junio de 2017, se produjo la defunci¨®n del Banco Popular, cuando pas¨® a manos del Santander por un solo euro, pero su muerte comenz¨® mucho antes. La entidad ¡ªcon 91 a?os de historia¡ª inici¨® el camino hacia el desastre cuando se entreg¨® al crecimiento forzado a trav¨¦s del ladrillo y, tras el hundimiento de la econom¨ªa, no pudo digerir todo lo adquirido cuando se convirti¨® en basura. Incluso antes de Lehman Brothers, en 2007, y en 2008, llegaron varios avisos a la c¨²pula de la entidad, alertando de que estaba entrando en un camino minado, pero no quiso o no pudo rectificarlo.

El Santander, como ¨²nico postor, se qued¨® con el banco por un euro y absorbi¨® 2.000 millones del capital del Popular, si bien inyect¨® 13.000 millones en liquidez para atender a los clientes y ampli¨® capital en 7.000 millones.

Ahora, en el segundo aniversario de su rescate, el proceso judicial est¨¢ en pleno apogeo de demandas y querellas cruzadas, pero sin avances en los grandes procesos. Algunos peque?os accionistas han acudido a los juzgados de primera instancia para reclamar su inversi¨®n en la ampliaci¨®n de capital de 2016 argumentando que se hizo con informaci¨®n falsa. Buena parte de ellos est¨¢n ganando y, en algunos casos, el Santander paga y no recurre.

Sin embargo, la gran batalla judicial es la de los grandes accionistas, los bonistas y los gestores, que son demandados y demandantes; se ha iniciado el juego de todos contra todos. Seg¨²n algunos juristas puede ser uno de los juicios m¨¢s complejos de Europa que pasar¨¢ por Madrid, Bruselas, Luxemburgo, Nueva York y M¨¦xico. Los accionistas van contra los gestores y los auditores (PwC); los gestores a por los reguladores por intervenir el banco; los bonistas (850 millones perdidos) contra los reguladores espa?oles (FROB) y los comunitarios (JUR), as¨ª como los exgestores y el Santander. Se han presentado 1.063 reclamaciones y 262 recursos contra el FROB.

Contra los accionistas y contra el Estado espa?ol

A su vez, el Santander reclama los sueldos que recibieron los antiguos gestores (del equipo de ?ngel Ron) tras su fallida gesti¨®n. Un despacho, Cremades&Calvo Sotelo, cercano al expresidente Ron, va contra un grupo de ex grandes accionistas del Popular, la familia mexicana Del Valle, que, a su vez, tambi¨¦n pleitea contra el Estado: han presentado dos solicitudes de arbitraje contra el Reino de Espa?a y reclaman los 470 millones. ¡°Dos a?os despu¨¦s de la resoluci¨®n del Popular, Espa?a, la UE y el Santander contin¨²an, de manera persistente, en sus esfuerzos por evitar cualquier tipo de transparencia¡± sobre este hecho, dice el abogado de Del Valle, Javier Rubinstein, del despacho Kirkland & Ellis.

El caso m¨¢s relevante se desarrollar¨¢ en la Audiencia Nacional. All¨ª se han repartido en diez grupos a los m¨¢s de 100 abogados presentes por la imposibilidad de encontrar una sala donde realizar el juicio. Esta decisi¨®n ha sido recurrida y fuentes judiciales comentaron que en septiembre podr¨ªan empezar el juicio oral.

El caso se ha dividido en las supuestas irregularidades contables con las que se hizo la ampliaci¨®n de capital del Popular en 2016 por 2.505 millones, as¨ª como la administraci¨®n desleal de los gestores. Por otro lado, se analiza una presunta manipulaci¨®n del mercado por parte del expresidente Emilio Saracho, seg¨²n el bufete Cremades. La CNMV realiz¨® un informe en el que concluy¨® que no hubo manipulaci¨®n de las acciones. Tambi¨¦n est¨¢ imputado el Popular y, por tanto, su nuevo due?o, el Santander, como responsable econ¨®mico. Por si este l¨ªo no fuera suficiente, la CNMV y el Banco de Espa?a han abierto sendos expedientes a los gestores por incluir datos inexactos o no veraces en las cuentas de resultados.

Las asociaciones de consumidores aportan el ej¨¦rcito de reclamaciones. Seg¨²n Manuel Pardos, presidente de Adicae, cuentan con unos 1.500 accionistas, con una inversi¨®n media de 25.000 euros. En su opini¨®n, es muy grave que el organismo que resolvi¨® el banco, la Junta ?nica de Resoluci¨®n (JUR), de Bruselas, todav¨ªa no haya aclarado todos los t¨¦rminos de la intervenci¨®n tras los dos a?os transcurridos. Por su parte, la OCU ha presentado la primera demanda civil de 300 socios que reclaman m¨¢s de 7,5 millones a los que hay que sumar intereses y costas. La organizaci¨®n de consumidores lamenta ¡°la lentitud del procedimiento¡±.

Entre los bufetes m¨¢s poderosos est¨¢ Quinn Emanuel, que representa a Pimco, el mayor tenedor de bonos del mundo, Anchorage y Algebris. Richard East, de este despacho, cree que ¡°la JUR hizo una valoraci¨®n incompleta y apresurada y la Comisi¨®n Europea no revis¨® y evalu¨® bien la propuesta de resoluci¨®n antes de decidir sobre la misma¡±.

Pudo ser un Bankia II

En estos dos a?os, las mayores novedades han llegado por el informe de los peritos del Banco de Espa?a, as¨ª como por los documentos del este organismo y del Banco Central Europeo (BCE) que se han aportado a la causa. ¡°Ahora todos sabemos m¨¢s que cuando se hundi¨® el banco y queda claro que el final del Popular no se debe resumir como un problema de liquidez. Las dos ampliaciones, de 2012 y 2016, fueron insuficientes para provisionar el ladrillo, solo sirvieron para ganar tiempo¡±, apunta un antiguo gestor que pide el anonimato.

Los peritos sostienen que el Popular era solvente cuando cay¨®, aunque Saracho lo iba a colocar, al final de junio, por debajo del nivel m¨ªnimo de capital por falta de provisiones. Tambi¨¦n dicen que ocult¨® p¨¦rdidas por las malas tasaciones. Y los peritos se?alan que las palabras de Saracho en la junta de accionistas de abril provocaron una fuga de dep¨®sitos que precipit¨® todo.

El fin del Popular no cost¨® un euro a los contribuyentes, pero si no estall¨® una nueva crisis, un Bankia II, fue porque funcion¨® la ¨²nica bala que hab¨ªa, el Santander. Las complejas reglas europeas no protegieron al sistema del desastre: se dej¨® caer por falta de liquidez un supuesto banco solvente. Ahora todo se resume en saber si solo hubo mala gesti¨®n o tambi¨¦n enga?os, y, otra vez, si funcion¨® bien el Banco de Espa?a y el auditor PwC.