Espa?a se enfrenta a multas por el recorte de renovables de m¨¢s de 7.500 millones

A principios de este mes, Espa?a recib¨ªa la octava sentencia en contra en los arbitrajes por los recortes de las primas de las renovables con una condena del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por valor de 41,76 millones de euros a favor de 9REN, sociedad del fondo de inversi¨®n estadounidense First Reserve con domicilio en Luxemburgo. En paralelo, se confirmaba que la indemnizaci¨®n a NexTera, tambi¨¦n estadounidense que ha invertido en dos plantas en Extremadura y que hab¨ªa ganado otra sentencia en marzo, se eleva a 291 millones.

El fondo 9REN, especializado en energ¨ªa fotovoltaica que adquiri¨® Gamesa Solar, present¨® la demanda en 2015 por ¡°los recortes de primas y limitaciones regulatorias a la energ¨ªa fotovoltaica¡±. La empresa consider¨® que los cambios regulatorios imped¨ªan una rentabilidad razonable y previsible. En el laudo, los ¨¢rbitros concluyen que Espa?a vulner¨® el Tratado Europeo de la Energ¨ªa al violar el principio de trato justo y equitativo cuando el Gobierno decidi¨® recortar las primas comprometidas con los inversores.

Dos varapalos m¨¢s para el Reino de Espa?a, que ya hab¨ªa recibido otras seis sentencias en contra y en las que, m¨¢s o menos, se repite el mismo tenor. Y, salvo que prosperen los recursos interpuestos por la Abogac¨ªa del Estado, Espa?a debe indemnizar a los demandantes de siete de ellas con 729,56 millones de euros. A ellos hay que a?adir la multa todav¨ªa sin cuantificar que debe satisfacer a RREEF, que reclama 441 millones, y los intereses que en algunos casos debe abonar la parte perdedora, o sea, Espa?a.

Goteo de condenas

?Anteriormente, Espa?a hab¨ªa ganado dos casos (Isolux Infraestructures y Charanne) y uno hab¨ªa desistido (Solarpark Management). Pintaban bien las cosas; pero despu¨¦s comenz¨® un goteo y Espa?a no ha ganado ninguna de las dictadas: Eiser (128 millones); Novenerg¨ªa (53,3); Masdar (fondo estatal de Abu Dabi, 64,5); Antin (112); la conjunta de Greentech (ahora Athena), GMW y Foresight (39 millones, 48 con costes e intereses) y las citadas de RREEF (dependiente de Deustche Bank), NexTera (una de las principales energ¨¦ticas de EE?UU que cerr¨® su filial espa?ola por el recorte) y 9Ren.

Pero el problema no acaba ah¨ª. En las cortes de arbitraje del Ciadi, la C¨¢mara de Comercio de Estocolmo y la Comisi¨®n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral) se acumulan todav¨ªa 34 demandas que esperan sentencia. La ¨²ltima fue la presentada en febrero de este a?o por Catena Green Energy. De siete de ellas no se conoce la reclamaci¨®n y de las 26 restantes, se eleva a 6.052,8 millones. La mayor demanda es la de The PV Investors por 1.900 millones.

La t¨®nica marca una tendencia muy peligrosa que puede llevar a una condena de miles de millones para Espa?a. Es decir, que entre las multas ya sentenciadas y los casos reclamados, el monto total al que se enfrenta Espa?a se sit¨²a entre 7.500 y 8.000 millones, cifra que adem¨¢s ha reconocido la ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera. Bien es verdad, sin embargo, que en las siete sentencias con multa dictada las empresas reclamaban algo menos del doble de lo que los tribunales han reconocido hasta ahora. Con ese precedente, se podr¨ªa estar hablando de una multa m¨ªnima de 4.000 millones.

Espa?a pide la nulidad

No obstante, Espa?a ha pedido la nulidad de todos los laudos y ha suspendido el pago alegando que los recortes deben dirimirse en el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea y no en los tribunales de arbitraje. Su posici¨®n se sustenta en que el citado Tribunal de Justicia anul¨® los arbitrajes intracomunitarios en una sentencia que fall¨® que la cl¨¢usula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Holanda sobre la protecci¨®n de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.

Este fallo abri¨® una v¨ªa favorable para Espa?a en el conflicto con los fondos de inversi¨®n extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes se han iniciado al amparo del Tratado Europeo de la Energ¨ªa. Se da la circunstancia de que los fondos de inversi¨®n tienen sede en Luxemburgo y Holanda en su mayor parte. Es decir, oficialmente, est¨¢n ubicados en la UE; pero el capital proviene de pa¨ªses no comunitarios. Ah¨ª radica el quid de la cuesti¨®n.

Espa?a ha alegado, adem¨¢s, que los fondos hicieron su inversi¨®n ¡°en un marco regulatorio din¨¢mico aplicable al r¨¦gimen especial de las renovables que estaba evolucionando constantemente¡± y que los recortes entre 2010 y 2014 (con gobiernos de PSOE y PP) buscaban reducir los beneficios excesivos y daban una rentabilidad razonable. Seg¨²n sus datos, solo en 2014, los consumidores pagaron 6.500 millones en primas a las renovables. Pero los tribunales est¨¢n dando la raz¨®n sistem¨¢ticamente a las empresas demandantes al considerar, sobre todo, que los recortes de primas vulneran el Tratado de la Energ¨ªa, el acuerdo internacional firmado en los a?os noventa para garantizar estas inversiones.

Entre las disposiciones que firm¨® Espa?a cuando suscribi¨® el citado Tratado en 1994 se recoge una protecci¨®n a los inversores mediante un mecanismo de soluci¨®n de controversias entre Estados (ISDS en sus siglas en ingl¨¦s). Por esa cl¨¢usula, las empresas pueden demandar a los estados en caso de que los Gobienros tomen decisiones que perjudiquen sus inversiones comprometidas y los beneficios previstos. Eso fue cuando el Gobierno de Zapatero decidi¨® recortar las subvenciones en 2010 y cuando el de Rajoy las elimin¨® en 2014. Las demandas se sucedieron y Espa?a acumula la tercera parte de las demandas que invocan el citado Tratado y la mayor parte de ellas procedentes de fondos de inversi¨®n, algunos soberanos.