As¨ª se combate el intrusismo profesional

La l¨ªder de Vox en Madrid, Roc¨ªo Monasterio, se ha visto salpicada en los ¨²ltimos meses por numerosos casos de irregularidades urban¨ªsticas en los que, entre otras cuestiones, se le acusa de haber firmado planos de obras antes de tener el t¨ªtulo de arquitecta. A finales de noviembre, no obstante, el Colegio de Arquitectos de Madrid archiv¨® la denuncia por intrusismo interpuesta por un concejal de M¨¢s Madrid, alegando que no ten¨ªa capacidad para investigar a la diputada regional porque, cuando cometi¨® las presuntas infracciones, a¨²n no estaba colegiada.

M¨¢s all¨¢ de los nuevos cap¨ªtulos que pueda tener el caso Monasterio, el intrusismo profesional es una conducta m¨¢s grave de lo que suele creerse; de hecho, el C¨®digo Penal la tipifica como delito. El mayor n¨²mero de asuntos judicializados por estos hechos tienen que ver con el sector de la salud (m¨¦dicos que no lo son, curanderos que recetan tratamientos), pero tambi¨¦n se producen en muchas otras disciplinas como la ingenier¨ªa, la abogac¨ªa o la arquitectura. Unos casos que, adem¨¢s de ser extensos y complejos, suelen conllevar condenas graves porque, a la correspondiente por intrusismo, se suman otras por il¨ªcitos como estafa o falsedad documental.

El delito de intrusismo laboral tiene su origen en el siglo XIII, en el Derecho de Las Partidas de Alfonso X. El texto castigaba con el destierro a una isla remota o a la pena de muerte a los curanderos, boticarios o f¨ªsicos que, aplicando m¨¦todos propios de m¨¦dicos, provocaban la muerte de los pacientes. Ocho siglos despu¨¦s, hacerse pasar por un trabajador que no se es tambi¨¦n pasa factura.

El art¨ªculo 403 del C¨®digo Penal sanciona a quien ejerza los "actos propios" de una profesi¨®n sin poseer el correspondiente t¨ªtulo acad¨¦mico u oficial. Los supuestos m¨¢s leves son sancionados con una multa. Pero si el infractor se atribuye p¨²blicamente la profesi¨®n que invade (haciendo publicidad o difundiendo tarjetas identificativas) o comete los actos en un establecimiento abierto al p¨²blico, se le impondr¨¢n penas de prisi¨®n. En estos casos, el legislador entiende que la voluntad de enga?o del autor es mayor y, por tanto, su infracci¨®n m¨¢s grave.

Sin embargo, especificar cu¨¢ndo se produce el delito no es sencillo. La mayor dificultad, precisamente, est¨¢ en definir qu¨¦ abarca el concepto "actos propios". Para los tribunales, este t¨¦rmino hace referencia a aquellas tareas que el ordenamiento jur¨ªdico atribuye exclusivamente a determinadas profesiones, quedando fuera las labores otorgadas legalmente a varios oficios. No obstante, al no existir una gu¨ªa que defina qu¨¦ actos concretos son espec¨ªficos de cada trabajo, esta distinci¨®n ha tenido que hacerse a golpe de sentencia.

As¨ª, recientemente, la Audiencia Provincial de Ourense absolvi¨® a un especialista en terapias naturales al considerar que las pr¨¢cticas de osteopat¨ªa y la quiropraxia "no son competencia exclusiva de los fisioterapeutas". Asimismo, el Tribunal Supremo estableci¨® en 2010 que asesorar en materia de extranjer¨ªa no usurpa las funciones de un abogado. Para los magistrados, renovar permisos, solicitar visados u otros tr¨¢mites similares "no son funciones ¨²nicamente reservadas a los letrados".

Ahora bien, ?qu¨¦ ocurre cuando los actos il¨ªcitos corresponden a una misma profesi¨®n (m¨¦dico) pero a distintas especialidades (dermatolog¨ªa y pediatr¨ªa, por ejemplo)? La t¨®nica general es rechazar que exista intrusismo si la titulaci¨®n m¨ªnima es la misma. De este modo, en 2018, el alto tribunal absolvi¨® a dos m¨¦dicos que, a pesar de dedicarse a la medicina general, realizaban tareas propias de cirug¨ªa pl¨¢stica. Los magistrados apuntaron que, si bien es cierto que ejercer en una cl¨ªnica u hospital sin licencia constituye una infracci¨®n, "no podemos llegar a la misma conclusi¨®n respecto del m¨¦dico que desempe?a una especialidad sin el t¨ªtulo correspondiente". Esta circunstancia, obstante, no exonera al infractor de ser sancionado por otras v¨ªas, como la disciplinaria o por imprudencia.

Combatir el intrusismo, no obstante, no es sencillo. Como se vio en el caso Monasterio, en muchas ocasiones los colegios profesionales solo tienen potestad para sancionar a sus miembros. Y los impostores, por definici¨®n, no forman parte de su masa de colegiados. Por eso, a menudo son estos organismos los que llevan el asunto ante un juez. En 2009, el Tribunal Supremo admiti¨® la demanda del Colegio de Abogados de Madrid contra un hombre que falsific¨® el t¨ªtulo de Derecho y adulter¨® su curr¨ªculo para optar al puesto de director de Relaciones Laborales en Citibank. El demandado estuvo al frente del departamento durante casi una d¨¦cada y lleg¨® a litigar ante tribunales. La sala le sancion¨® a cuatro a?os de c¨¢rcel por intrusismo y estafa, pero rechaz¨® que debiera devolver a la entidad bancaria los salarios percibidos porque "el trabajo desempe?ado por el acusado fue positivamente valorado".

Por otro lado, no importa que la conducta sea puntual para cometer el delito. A esa conclusi¨®n lleg¨® la Audiencia Provincial de C¨¢diz en 2013 cuando conden¨® a un hombre que se hizo pasar una ¨²nica vez por detective privado, vigilando a la hija del demandante (su cliente) e invent¨¢ndose argucias sobre los constantes peligros en los que se encontraba la familia para alargar la investigaci¨®n (y, por ende, elevar la factura).

Preservar la reputaci¨®n

Con la censura del intrusismo no solo se persigue proteger a los colectivos profesionales afectados y a sus posibles usuarios, tambi¨¦n se busca salvaguardar la confianza de la ciudadan¨ªa en la titulaci¨®n administrativa "frente a actuaciones falsarias de impostores". As¨ª lo afirm¨® el Tribunal Supremo en 1997, al sancionar a un t¨¦cnico sanitario que ejerci¨® varios a?os como ginec¨®logo sin tener el t¨ªtulo de medicina. El Colegio de M¨¦dicos no le denunci¨® hasta 20 a?os m¨¢s tarde, despu¨¦s de que el demandado hubiera atendido a m¨¢s de 8.000 mujeres, participado en congresos, recetando tratamientos y colocado dispositivos anticonceptivos.