Si entran en su casa tiene derecho a recuperarla de inmediato

M¨²ltiples anuncios de empresas de seguridad se suceden en los ¨²ltimos meses trasladando el mensaje de que una salida ocasional del domicilio basta para que este termine okupado, y con el propietario a merced de un proceso judicial irremediablemente tedioso que le permita recuperar su vivienda. Para evitarlo debe instalar una alarma que avise a la polic¨ªa antes de que transcurran las primeras 48 horas y ya no haya remedio.

En sinton¨ªa con esta problem¨¢tica, Ciudadanos registr¨® en julio una proposici¨®n de ley en el Congreso de los Diputados, para reforzar las normas que regulan las okupaciones y agilizar as¨ª los procesos de expulsi¨®n, del mismo modo que lo hicieron poco despu¨¦s el Partido Popular y Vox, para poner remedio a una situaci¨®n que, seg¨²n sus propios registros, afecta a 200.000 propietarios en Espa?a.

Seg¨²n datos del Ministerio de Interior, en 2019 se okuparon 14.621 inmuebles, mientras que en el primer semestre de 2020 se han contabilizado 357 casos m¨¢s que el mismo periodo del a?o pasado (7.450). Sin embargo, este crecimiento no resulta significativo para los magistrados y expertos en derecho penal consultados, que advierten una voluntad deliberada por situar un problema real en una curva ascendente ¡°artificial¡±, que se sustenta a partir de la tergiversaci¨®n del delito de okupaci¨®n, que nada tiene que ver con el de allanamiento de morada, y con el que se confunde habitualmente para amplificar su verdadera dimensi¨®n.

¡°Hay una gran confusi¨®n sobre qu¨¦ es la okupaci¨®n¡±, apunta Natalia Velilla, magistrada y miembro del Comit¨¦ Nacional de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria. ¡°Sucede cuando se produce una entrada a la fuerza en un inmueble deshabitado, y se resuelve bien por la v¨ªa civil o bien por la penal castig¨¢ndolo con multa¡±, detalla. ¡°Que alguien se meta en una primera o segunda vivienda supone un delito de allanamiento de morada, y en este caso, adem¨¢s de tener consecuencias penales para quienes lo ejecutan, la actuaci¨®n judicial resulta inmediata¡±, a?ade Velilla. ¡°No hay casos en los que las personas no recuperen su inmueble. Otra cosa es que no todos los casos de okupaci¨®n son iguales, y se resuelven en distintos momentos temporales¡±, sentencia.

En un art¨ªculo publicado en 2019, y titulado Qu¨¦ hacer contra el allanamiento de morada: defenderla, Norberto J. de la Mata, abogado, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, y miembro de la Asociaci¨®n Internacional de Derecho Penal, desnuda todas las argumentaciones que convierten al propietario de una vivienda en una v¨ªctima sin recursos judiciales que lo amparen. Y pone especial ¨¦nfasis en describir en qu¨¦ consiste una morada, algo determinante para identificar el escenario en el que transcurre la intromisi¨®n: ¡°Morada es todo aquel lugar separado del mundo exterior en que se desarrolla la vida privada. Es el lugar donde el sujeto est¨¢ protegido en su intimidad. Da igual si la abandona para ir a tomar un caf¨¦, para pasar el fin de semana en una casa rural, para irse a un lugar c¨¢lido a tomar el sol durante seis meses, o para estar de sab¨¢tico durante un a?o. Y da igual si vive en ella los meses de invierno o los de verano o los d¨ªas laborales o los festivos¡±.

Descoordinaci¨®n territorial

¡°No es cierto que el propietario se encuentre desfavorecido en una situaci¨®n de allanamiento¡±, refrenda De La Mata en conversaci¨®n telef¨®nica. ¡°Y cuando se trata de un delito de usurpaci¨®n pacifica de bienes e inmuebles ¨Cla traducci¨®n judicial del t¨¦rmino okupaci¨®n¨C tambi¨¦n existen instrumentos de protecci¨®n en el derecho civil¡±, abunda. Especialmente tras la reforma del C¨®digo Civil que tuvo lugar en 2018, y que en cinco d¨ªas permite desalojar el inmueble si el okupa ¡°no justifica su situaci¨®n posesoria¡±, seg¨²n recoge el apartado 1 bis del art¨ªculo 441.

Sin embargo, circulares como las dictadas en 2019 por Bartolom¨¦ Barcel¨®, Fiscal Superior de Baleares, y la de su hom¨®logo en Valencia, Jos¨¦ Francisco Ortiz Navarro, dada a conocer la semana pasada, en las que instan, por un lado a la polic¨ªa a desalojar inmediatamente a los okupas sin intervenci¨®n de un juez cuando los agentes vean clara la situaci¨®n; y por otro a los fiscales a solicitar en todos los casos el desalojo como medida cautelar, descubren la descoordinaci¨®n de los distintos territorios en cuanto a los protocolos de actuaci¨®n frente a este problema. ¡°Existe mucha disparidad de criterios. Las polic¨ªas no funcionan bien, incluso ante delitos de allanamiento de morada flagrantes hay cuerpos policiales, incluso fiscal¨ªas, que son m¨¢s timoratas a la hora de tomar alg¨²n tipo de decisi¨®n¡±, reconoce De La Mata. Fuentes de la polic¨ªa justifican esta circunstancia denunciando deficiencias en la formaci¨®n de los agentes. ¡°En las medidas cautelares penales hay jueces que son m¨¢s audaces, y otros m¨¢s garantistas¡±, a?ade Velilla. ¡°En el ¨¢mbito civil, adem¨¢s, hay que sumar que si la situaci¨®n cotidiana de un juzgado de primera instancia es de un 130% de trabajo, a lo mejor la resoluci¨®n de los casos no va todo lo r¨¢pido que el propietario querr¨ªa¡±, completa.

Seg¨²n un informe del Observatorio Sectorial DBK de Informa, el n¨²mero de contratos de gesti¨®n de alarmas vigentes alcanz¨® los 2,25 millones al cierre de 2019, un 10% m¨¢s que en 2018, y un 20% por encima de 2017. De todos ellos el 57% pertenece a clientes residenciales y el 43% a profesionales.